Por Mario López M.

Sumido en una discusión que le incomoda -la de DDHH-, y en una serie de errores que le han costado incluso la buena “onda” de sectores de oposición, desde La Moneda apuestan a recuperar la agenda, lanzando ahora toda su batería de propuestas en salud, pensiones, tributos y materia laboral.

No se trata de mejorar derechos sociales ya adquiridos; por el contrario, aseguran expertos, se trata de desmontar la obra de Bachelet y fortalecer a las isapres, AFP y empresas, en desmedro de las personas, que verán incrementados sus impuestos, cotizaciones y sin tener mejores salarios o más empleos.

Los más perjudicados con estas propuestas son las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores, así como la clase media y los más desposeídos, que sustentarán con mayores cargas lo que se deja de percibir por el Estado al bajarle los impuestos al 1% más rico del país, entre los cuales se encuentra el propio Piñera y su ministro de Hacienda.

La crisis del gobierno no se detiene. Ha sido incapaz, hasta ahora, de retomar la agenda, sumido en un profundo debate interno entre quienes desean implantar el programa que intenta desarmar las reformas de Bachelet y los que conscientes de que no cuentan con mayorías legislativas, se allanan a negociar con la oposición, aunque “hasta por ahí no más”, reconocen.

Sebastián Piñera sabe que tiene pendientes un carnaval de ofertones a empresarios, familia militar, iglesias evangélicas y hasta la derecha más conservadora en materia valórica, pero entre tiras y aflojas, poco a poco ha ido dando señales que el pragmatismo se impondrá. Eso sí, para eso debe dejar de ser rehén de la UDI, y se está jugando por desbancar a Jacqueline van Rysselberghe y poner en su lugar a Javier Macaya, que es más moldeable, aseguran desde Palacio.

Una cosa es ser candidato y otra…

Para sentarse en La Moneda Sebastián Piñera debió hacer muchas concesiones que, como candidato, parecían fáciles de cumplir. La derecha estaba segura de llegar al gobierno y apostaba con obtener una mayoría simple en ambas cámaras del Congreso, lo que lo facultaría no solo para cumplir los ofertones electorales, sino que además para demoler lo avanzado por la Presidenta Bachelet, pues solo requería quorum especial en materia de reforma previsional; en lo demás, creían, bastaría ganar.

No fue así y, si bien la derecha obtuvo un claro triunfo en la presidencial (con una abstención del 51%), no sucedió lo mismo con la parlamentaria y “perdió” en ambas cámaras. Un perdió entre comillas, pues incluso tras cinco meses de asumido el gobierno, no se puede hablar de que exista “una sola” oposición o que ella esté unida para enfrentar la arremetida gubernamental que se aproxima.

Si bien en principio a Piñera le resultó la fábula de las Comisiones Prelegislativas y varios parlamentarios de oposición accedieron a integrarse a ellas, a poco andar los errores -y horrores- cometidos por el propio gobierno le costaron que esa “buena voluntad” se transformara en molestia o derechamente en rechazo, como bien lo grafica el senador José Miguel Insulza, quien de partidario de participar en las Comisiones pasó derechamente a estimar inoportuno hacerlo, “a menos que no mejoremos el clima político” del cual culpa al Mandatario por la poca prolijidad y los constantes errores que “han ido distanciando al gobierno de quienes siempre han estado abiertos a acuerdos”.

Los “tira y afloja” de Piñera

Sin embargo, Piñera se ha dado la maña de entregar “algunos dulces” que han entretenido a quienes esperaban mucho más de él o, al menos, esperaban que les cumpliera lo prometido. En materia de DDHH, si bien no ha cumplido nada o casi nada -hasta ahora-, como en indultos a los que cerró la puerta, sí lo ha hecho -de la mano con la Corte Suprema- con algunas concesiones menores. Tampoco ha entregado grandes beneficios de cumplimiento alternativo o cambio de procedimiento, porque tras el “affaire Rojas” y el gallito en el “affaire Castillo”, tiene claro que el horno no está para bollos.

En materia valórica se “intentó cumplir” con los sectores más ultras de las iglesias evangélicas y la derecha conservadora representada por José Antonio Kast y un sector de la UDI, como el frustrado reglamento del aborto en sus tres causales o el rechazo a la sola idea de legislar en aborto hasta las 14 semanas que promueven desde el feminismo y sectores más liberales, pero ni gobierno ni oposición se han enfrentado, hasta este minuto, en temas realmente “espinudos”, pues no han pasado de los “enfrentamientos  de las pañoletas”, que son más ruidos que nueces por partir.

A los empresarios sí que les está cumpliendo y con creces, aunque está en veremos si los proyectos logran pasar por el cedazo de la oposición, que en esto sí ha unido fuerzas o al menos esfuerzos. Se vienen los proyectos “duros”, aquellos que le dan “relato” a esta segunda administración de la derecha y que justifican el haber llegado al gobierno. (Contra)Reforma Tributaria, Reforma Previsional, Reforma a las Isapre, Modernización Laboral -estatuto laboral juvenil, reemplazo en huelgas y otros-, son parte de la segunda etapa que comenzó Piñera el 21 de agosto pasado.

Las reformas duras

Aquí es donde la muñeca del Mandatario hasta ahora le ha fallado. Todo el diálogo avanzado con la DC se fue al tacho de la basura al momento de rendirse a la intransigencia de la UDI y RN de remover al subsecretario Luis Castillo, acusado de ocultar la autopsia y restos de Frei Montalva a la familia y a la justicia. La consecuencia: no tendría los votos necesarios para implementar la retroretroexcavadora que demoliera lo hecho por la administración de Michelle Bachelet, que se ha transformado en una obsesión casi perturbadora.

Sectores minoritarios de la derecha -los “principistas”-, entre los cuales se encuentran Van Rysselberghe, los seguidores de José Antonio Kast y extrañamente Evopoli, se la han jugado, sobre todo en la reunión de la plana mayor del gobierno y de Chile Vamos -que se realizó en la casa del ministro del Interior, Andrés Chadwick-, donde se intentó unir criterios para enfrentar la nueva etapa, por llevar los proyectos del gobierno hasta el final, sin negociar con la oposición. “Más vale perder con nuestras ideas que ganar transando con las de la centroizquierda”, plantean. Creen viable obtener algunos votos necesarios en las reformas a las isapres y Fonasa, la Laboral y la Tributaria, que solo requieren de quórum simple.

Saben que no será lo mismo en la reforma de las pensiones, la que requiere de quórum calificado, es decir, mayoría absoluta de los parlamentarios en ejercicio. Están dispuestos a perder por ahora, apostando a que en tres años más obtendrán en el parlamento los votos necesarios para implementarla.

Piñera, RN y la UDI de Macaya y Melero, son más “pragmáticos” y se allanan a negociar el paquete completo con la oposición, porque si bien pueden obtener en la Cámara Baja algunos votos díscolos de la oposición para aprobar las reformas que requieren de mayoría simple, es decir de los parlamentarios en sala, tienen claro que en el Senado no pasan. El “caso Castillo” les aguó buena parte de las posibilidades de éxito. 

La contra reforma tributaria

Desde el otro lado de la vereda, la oposición -si bien no se puede asegurar que está en la misma parada frente al gobierno-, cada vez más se ha ido convenciendo de que las buenas intenciones no bastan y que las improvisaciones del gobierno, así como los fuertes errores no forzados y la letra chica de los proyectos, obligan a redoblar la atención acerca de qué se va a aprobar o no.

Si bien los “casos Rojas y Castillo” actuaron de bálsamo para (re)unir a sectores que van desde la DC hasta el Frente Amplio, los proyectos del gobierno han puesto en alerta a toda la oposición, que si en algo no está dispuesta es a desarmar la obra de derechos sociales obtenidas hasta ahora.

Así, en materia tributaria la “letra chica” ha desnudado que de reforma pro pymes no existe nada y que lo que realmente se esconde detrás de ese proyecto es una rebaja sustancial de los impuestos a los más ricos, que no solo dejarán de pagar lo que se les subió en la administración pasada, sino que pagarán menos aún.  De “un sistema tributario más simple y único, más equitativo y plenamente integrado” y “un régimen más favorable y especial para las Pymes”, lo que realmente se persigue es retrotraer la redistribución tributaria de la reforma de Bachelet, para rebajar la tributación de los más ricos y aumentar la recaudación fiscal con impuestos indirectos, que pagan la clase media y los más pobres.

Por ejemplo, el llamado “sistema integrado”, al que se vuelve, permite que luego que una empresa paga el impuesto de primera categoría por el total de las utilidades de un año, las ganancias restantes sólo son gravadas en caso que sean retiradas (antiguo FUT). Pero si son destinadas a reinversión o ahorro en la empresa, postergan sus impuestos. Esto, a diferencia de los trabajadores dependientes que tributan por el total de sus rentas. A eso se suma que otra vez los grandes empresarios puedan rebajar sus impuestos incluidos en el global complementario, a través de lo cancelado por sus sociedades.

La letra chica

El diputado Giorgio Jackson (RD), asegura que “lo que anuncia el gobierno es que esto no será una modernización tributaria, sino una respuesta a lo que han venido pidiendo los empresarios: que sus empresas no paguen realmente impuestos, sino que el 100% lo puedan contar cómo crédito cuando a ellos les toque pagar impuestos. De eso hablamos cuando decimos reintegración tributaria: de retroceder en justicia tributaria, porque sólo va a beneficiar a las empresas con mayores ganancias del país”, aseguró.

Para el presidente de la Asociación de Exportadores y Manufacturas, Roberto Fantuzzi, la Reforma Tributaria solo “beneficia a menos del 2% de las Pymes”, pero bajo ningún punto ayudará a las pequeñas y medianas empresas, sino que más bien, sólo beneficiará a las grandes.

En el mismo sentido el economista y ex director del Banco Mundial Andrés Solimano sostiene que “la idea tildada como modernización tributaria obedece a una presión de los mayores gremios corporativos del país, como son la Sociedad Nacional de Agricultura, la Confederación de la Producción y el Comercio, la Asociación de Bancos, la Cámara Chilena de la Construcción, entre otras, con el fin de rebajar sus impuestos y terminar con el régimen vigente impulsado en la administración de Michelle Bachelet”.

“Esta reforma tributaria no se presenta en ningún momento como orientada a reducir la desigualdad; al contrario, la modificación apunta a una mayor concentración de fortunas en Chile, por lo que la distancia de ingresos de los más ricos puede aumentar. No existe un impuesto a la riqueza, a las utilidades excesivas de los bancos, del sistema financiero, quienes son los principales sectores que contribuyen al aumento de la desigualdad”, afirma.

Menos impuestos, menos derechos sociales

El ex diputado (ind) Sergio Aguiló, resumió así lo que deja de percibir el fisco con la reforma tributaria de Piñera: “Aproximadamente 850 millones de dólares dejaría de tener el fisco con la contra reforma. 850 millones que ingresan directo al bolsillo de los grandes empresarios. El que apruebe esto es un inmoral”, dijo.

Y en esto parecieran no existir dos versiones en la oposición, donde lamentan que lo que se dejará de recaudar desde el 1% más rico del país (entre los cuales se encuentran el propio Sebastián Piñera y el ministro de Hacienda, Hernán Larraín), lo pagarán los independientes y las Pymes; en definitiva, la clase media y los más pobres.

Para el investigador de Fundación Sol Recaredo Gálvez, es difícil reducir el endeudamiento fiscal si los ricos pagan menos impuestos, como pretende hacer el Gobierno. La reforma tributaria anunciada por Sebastián Piñera va en la línea de los intereses empresariales, impidiendo variar de forma positiva la mala distribución de los ingresos en el corto plazo.

El profesional asegura que es difícil pensar cómo el gobierno va a conciliar su reforma tributaria con el déficit fiscal y las políticas públicas contempladas en los gastos del Estado, sosteniendo que se va a cargar la mano a la recaudación del IVA para compensar, lo que implica más carga a las personas.

El diputado Daniel Núñez (PC) calificó de “regresiva” la reforma tributaria: “Los costos que se dejarían de percibir son cuantiosos. Se calcula que son entre 700 a mil millones de dólares y se nos ha dicho que no hay problemas, porque eso se va a cubrir con los impuestos a las plataformas digitales, como Netflix o Uber. Pero eso es absurdo. No hay relación entre lo que otorgan las plataformas digitales. ¿Quién paga el uso de Uber o Netflix? Cada uno de los chilenos y chilenas. Es regresivo”.

El parlamentario afirma que “lo más brutal de esto es que, aparte de que los ricos van a ser más ricos al bajarle los impuestos, más encima vamos a reducir los ingresos del Estado. Por lo tanto, el déficit público va a crecer significativamente. ¿Qué significa esto? Que en la Ley de Presupuesto vendrían menos construcción de hospitales, consultorios, escuelas y jóvenes beneficiados por la gratuidad en la educación. Y así vamos sumando demandas sociales que van a quedar postergadas. Por lo tanto, es un crimen social lo que se está haciendo: bajar los impuestos a las grandes empresas, reducir el gasto público y dejar de invertir en gasto social”.

“Precarización laboral”

La Fundación Sol dio a conocer un estudio que dejaría al descubierto “Los verdaderos sueldos de Chile”. Para el organismo, el 50,6% de los trabajadores de Chile ganan $380.000 o menos, y apenas el 15,3% tiene un salario superior a $850.000. La investigación afirma, asimismo, que la mitad de los trabajadores que tienen jornada completa ganan menos de $410.000, por lo que no podrían sacar a su grupo familiar de la pobreza.

Recaredo Gálvez, investigador de la Fundación, dice que en Chile se observa un evidente atraso salarial, no acorde con el Producto Interno Bruto per cápita de alrededor de 24 mil dólares proyectados por el Banco Mundial.

En esa línea iría el proyecto del gobierno de “plurianualidad” en las negociaciones salariales y el estatuto laboral juvenil.

Al respecto el investigador sostiene que este atraso salarial responde a políticas públicas orientadas a generar restricciones a los sindicatos para negociar, incluyendo la idea de reflotar los grupos negociadores. Para él, los bajos ingresos promedio se sostienen sobre el endeudamiento de las familias, el cual afecta a más de 11 millones de personas.

La Fundación Sol incluye en el estudio un análisis bastante dramático de la situación laboral y salarial de los jóvenes entre 18 y 28 años.

En la actualidad, existen 1,3 millones de jóvenes entre 18 y 28 años que se encuentran ocupados, lo que representa el 16,7% del total de ocupados en Chile. Según la investigación, el 50% de ellos ganan menos de $316.000 y solo el 20%, más de $500.000 líquidos por su ocupación principal. En el caso de las mujeres, el 50% recibe menos de $300.000 y solo el 30% obtiene más de $400.000.

Reforma a la salud, más segregación

Para el Doctor Óscar Arteaga, académico y ex director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, “el fondo inter-isapres (...) adquiere su verdadero valor solo sí la reforma del seguro de salud se plantea para el conjunto del sistema (isapres y Fonasa)”. Ello, a propósito de la “cirugía mayor” que, según el ministro de Salud, el gobierno va a implementar a la salud en Chile. Emilio Santelices anunció que se crearía un fondo de compensación de riesgos inter-isapres para permitir a los afiliados cambiarse de una Isapre a otra, terminando con la cautividad de quienes tienen preexistencias, generando así “solidaridad” dentro de este subsistema.

Para Arteaga, “el argumento de la solidaridad para justificar el fondo inter-Isapres es correcto en su orientación, no así su alcance acotado a solo uno de los subsistemas de seguro: las isapres. En un sistema de seguridad social, entidades privadas pueden administrar la cotización obligatoria de salud. Sin embargo, lo que en el contexto internacional ubica a Chile como un caso anómalo que vulnera los principios de la seguridad social, es que las aseguradoras pueden discriminar por riesgo individual de los afiliados. Esto último es propio de un seguro privado, pero no de la seguridad social”.

“En Chile, en Fonasa se encuentra la población más pobre y con peor estado de salud y, por lo mismo, con mayor necesidad de atención médica, mientras que los beneficiarios de isapre corresponde a población con más capacidad de contribuir financieramente al sistema y mejor estado de salud (…) Acotar el arreglo solo a las isapres sería institucionalizar definitivamente un sistema dual, con un seguro de salud para ricos y otro para pobres. Eso no es solidaridad, sino que segregación social y, ciertamente, sería un retroceso en la integración social que nos demanda el camino hacia el desarrollo”, afirma el profesor Arteaga.

Pensiones, la madre de todas las batallas

Entre los anuncios del 1 de junio y lo planteado el reciente 14 de agosto a propósito de la muerte de una decena de ancianas en un hogar, Sebastián Piñera aseguró que se trabajará para que “todos los chilenos tengan una jubilación digna, a través del incremento de las cotizaciones, reconociendo el esfuerzo individual y respetando los derechos de los trabajadores sobre su ahorro previsional”.

Si bien no se conocen todos los aspectos de la reforma que busca implementar y para la cual necesitará obligatoriamente el acuerdo de buena parte de la oposición, ya han aparecido voces que advierten los peligros de la propuesta.

Quien está a cargo de la elaboración de la futura reforma previsional es nada menos que el ex subsecretario de Previsión Social Augusto Iglesias, quien tiene un “pequeño” conflicto de interés, ya que es socio en una consultora de temas previsionales privadas, PrimAmérica, que podría resultar beneficiada, directamente, de la reforma.

Dicho lo anterior, las sospechas de que lo que se buscará es fortalecer aún más a las AFP asignándole el libre uso del 5% adicional que iría a los fondos individuales -con lo que ellas tendrían su administración- y con la cotización obligatoria de los independientes, que igualmente iría a aumentar los fondos disponibles que estas empresas, que durante años las han usado para sus negocios, en desmedro de los intereses de los cotizantes. Todo esto, en una sociedad que envejece rápidamente y donde las pensiones son paupérrimas.

Las banderas de lucha del movimiento No + AFP, que ha sido uno de los que ha liderado los reclamos por poner fin al actual sistema, tienen en el tapete dos grandes líneas: la exigencia de mejores pensiones y el fin al sistema de jubilación tal como ha sido concebido hasta hoy.

Por ello preocupa al movimiento que la reforma de Piñera plantee solo incentivos para las pensiones más precarias, para aquellos/as que deseen aplazar su jubilación y aumentar el porcentaje de cotización de 10% a 14%, pero sin tocar las ganancias de los grupos económicos detrás de las AFP. Qué decir de un sistema, como se llame, solidario.

Se ha hablado de incentivos a quienes posterguen su jubilación, pero nada se dice -y menos parece alcanzable-, una mejora de ingresos aparejada a la mayor cotización. El bono que se ofrece a quienes cuiden de los adultos mayores no garantiza de modo alguno que estos tengan un acceso a atención de salud pública de calidad o a medicamentos sin costo -ya lo dijo el ministro, no les les ocurra pedir bajarles el IVA o suprimirlo-, etcétera.

La propuesta de Piñera de aumentar la jubilación vía un bono a aquellos ancianos que ya no puedan valerse por sí mismos y estén al cuidado de terceros, parte del supuesto de que un familiar, generalmente una mujer, quede al cuidado del anciano o anciana y eso sea un límite para trabajar por su propia cuenta, lo que significa en realidad un sub trabajo mal remunerado.