Por Alfredo Peña R.

Comienza una semana intensa en los diálogos políticos en el Senado y unos días de gran actividad legislativa como la aprobación en general de ley que perfecciona la instalación de los Servicios Locales de Educación y la petición de que Codelco informe a la Comisión de Minería del Senado sobre la situación de seguridad y salud de los trabajadores directos e indirectos del Codelco-El Salvador.

Y la senadora Yasna Provoste (DC) conversa con Cambio21 sobre estos temas y la situación económica y social del país.

La semana pasada la senadora Provoste -que también es vicepresidenta de la DC- planteó que la caída del PIB para 2023 del -1% justifica “tener una política fiscal expansiva para 2023 en materia de inversión pública y de protección de empleos” y llamó a todos los sectores del Congreso a concordar “un Plan de Reactivación Económica Sostenible”.

 ¿Cómo ve la situación social del país post plebiscito y con las magras proyecciones de crecimiento 2023 que hace el Banco Central?

 Hemos estado viviendo una situación económica compleja que está afectando a la mayoría del país con alta inflación, frenazo del consumo producto de las altas tasas de interés, lenta recuperación del empleo y ahora con una desaceleración económica que nos acompañará hasta 2023. Han caído 200 mil personas a la situación de pobreza producto de la alta inflación de los alimentos.  Esto ha acentuado el malestar social que de algún modo se expresó en el plebiscito del 4 de septiembre.

El país está en un mal momento producto de los altos niveles de inseguridad y violencia en los barrios, a lo que se agrega una economía estancada como la que se avecina.

Chile necesita una hoja de ruta -que represente a mayorías políticas y sociales- hacia una reactivación económica sostenible en el tiempo y eso requiere tomar medidas de corto plazo, pero también medidas de mediano plazo.

El desafío que tenemos como país es concordar un Plan de Reactivación Económica Sostenible que combine medidas de corto plazo en materia de inversión y medidas de mediano plazo que mejoren nuestra capacidad productiva y diversifiquen nuestra matriz productiva con más inversión en Innovación y Tecnologías.

¿Es posible ese diálogo sobre reactivación económica sostenible, en el actual clima político post plebiscito donde no hay claridad aún como continúa proceso constitucional?   

Para hacer posible el desarrollo futuro se requiere dialogar y concordar mínimos comunes. Eso lo pudimos hacer en 2021 para ayudar a miles de familias afectadas por la pandemia con un gobierno que carecía respaldo ciudadano; hoy con más razón los actores políticos debemos dialogar y encontrar esos puntos de acuerdo que permitan salir del estancamiento actual.
Hay un sentimiento social extendido de que la calidad de vida de las familias vulnerables y de ingresos medios no ha mejorado en los últimos años o lo que pudo mejorarse ya lo absorbió esta alta inflación del 14,1% de los últimos 12 meses.

Hemos debatido mucho sobre el futuro en el marco del proceso constitucional, pero no hemos debatido lo necesario para terminar en el corto plazo con las listas de espera, donde hay 2,3 millones de personas sin atención hace años; también hay miles de familias sin vivienda lo que ha generado un alto déficit habitacional, y el gobierno se ha puesto una meta de reducir ese déficit dando 250.000 soluciones habitacionales, pero hay que convenir cuales son las prioridades de ese plan, que política de suelos se implementará; también debe implementarse desde 2023 un plan que apunte a reducir las brechas educativas y de aprendizaje que dejo la pandemia, especialmente en la educación pública cuyo alumnado es el más afectado por este deterioro de la calidad educativa.

Nuestro llamado es poner foco en los problemas reales y actuales que estamos viviendo como sociedad, especialmente en lo económico y social e impulsar un Plan de Reactivación Sostenible en el tiempo y que ello empiece a reflejarse en el Presupuesto 2023.

¿Qué prioridades plantea para el Presupuesto 2023 ante una economía que el próximo año tendrá crecimiento negativo de -1%?  

Este 2022 el presupuesto tuvo un fuerte ajuste en relación al 2021, pero se ve una muy mala ejecución -no solo en la lenta ejecución de la inversión pública en el MOP, MINSAL y Gobiernos regionales- sino también en temas importantes para el futuro del país como el FIC (Fondo de Innovación y Competitividad) donde al mes de julio de los $133.000 millones asignados solo se han ejecutado $13.000 millones, apenas un 10% -y ahora en el proyecto de royalty minero gobierno propone incrementar este FIC, lo que no aparece como una buena idea producto de la mala ejecución de este Fondo-; en la CONADIS en el Fondo de Tierras y Aguas indígenas hay $65.000 millones en el presupuesto 2023 y solo se ha ejecutado $2.897 millones lo q equivale solo a 4,4% de los recursos.

Hay un déficit de gestión y de ejecución que vemos este año y que es muy preocupante para el futuro. Se requiere incrementar la inversión pública de manera importante para 2023, pero al mismo tiempo se requiere implementar medidas de gestión que aceleren la ejecución de esa inversión pública porque esto significa mayores empleos, encadenamiento productivo para muchas PYMES que prestan servicios a estos proyectos de inversión.

No es solo refuerzo de capacidades profesionales en las regiones para preparar proyectos, es urgente tener medidas que agilicen las burocracias en el Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección de Presupuesto para agilizar las autorizaciones de los proyectos y capacidades en regiones para hacer las licitaciones públicas. Por ejemplo, los montos de los proyectos de inversión debieran fijarse en UF y no en pesos para evitar sus desactualizaciones productos de la inflación.

Esperamos que el Ministerio de Hacienda recepcione nuestras propuestas para agilizar la ejecución del gasto y concordemos medidas para acelerar su ejecución especialmente en regiones y en el MOP.

También esperamos que en el presupuesto 2023 acordemos un plan para reducir las listas de espera en el conjunto de los servicios públicos de salud, esto significa ayudar a más de dos millones de personas, se requiere una señal de compromiso por la modernización del transporte público en regiones, mucho más cuando se acaba este año el subsidio espejo para las regiones y el Gobierno solo quiere renovarlo por 2 años, generando una fuerte incertidumbre a mediano plazo.
Es clave incrementar notablemente los recursos para los planes de seguridad comunal, ya sea para programas de iluminación de veredas, recuperación de espacios públicos, mayor tecnología para la vigilancia policial, fortalecimiento tecnológico de PDI para combatir crimen organizado entre otras iniciativas.

La población está viviendo con miedo a los portonazos, encerronas  y a los robos violentos y eso requiere una respuesta coordinada de los organismos policiales con las autoridades políticas locales y también mayores recursos fiscales para enfrentar el crimen organizado. Los recursos públicos al combate a la delincuencia deben crecer fuertemente para 2023.

¿Los datos del INE revelan un estancamiento en la recuperación de los empleos pre-pandemia? ¿qué sugiere en ese ámbito?
Políticas pro empleo que estén ligadas a políticas pro pyme. Por eso creemos que es clave para 2023 programas de recuperación sectorial. En esta etapa post pandemia debiera implementarse un plan de apoyo a la recuperación del turismo y la actividad cultural que aún está pendiente en el país; en la reforma tributaria debiera haber iniciativas que promuevan la formalización de miles de microempresas.

También debiera activarse un mecanismo que permita reprogramar las deudas tributarias y tener un nuevo período de créditos con garantía estatal ahora sí focalizado en las empresas de menor tamaño vía FOGAPE 2022.

Esta política requiere un sustantivo mejoramiento de las capacidades de ejecución de los programas del Ministerio de Economía que al mes de julio solo ha ejecutado un 33% de su presupuesto en transferencias al fomento productivo; como también cumplir el compromiso de modificar la ley de pago a 30 días para que efectivamente se cumpla.  Apoyar a las PYMES requiere un Ministerio de Economía más ágil ejecutando los programas de fomento productivo.

Usted habló de la Reforma Tributaria: ¿En este nuevo escenario usted considera pertinente seguir impulsando esta mayor recaudación fiscal?

La mayoría de las familias del país lo están pasando mal, hay un fuerte malestar social y eso debe ser enfrentado con mejores beneficios sociales. No podemos seguir postergando el mejoramiento de las miserables pensiones de las AFPs, se requiere garantizar salud de calidad y una educación pública de calidad. Esos nuevos bienes sociales requieren mayor recaudación fiscal que las financie de manera permanente, lo que supone seguir avanzando hacia un sistema tributario progresivo. Bloquear la reforma tributaria es postergar el mejoramiento de la calidad de vida para las mayorías, creo que eso no lo quiere la mayoría del país.

Una reforma tributaria progresiva, donde paguen más impuestos los que tienen más, fue una de las propuestas que planteamos al país el 2021 y sigo sosteniendo que se requiere esa reforma que permita más recaudación fiscal.

Lo que debemos hacer es cuidar para no impactar a la clase media y a las pymes. Además debieran haber incentivos tributarios para acelerar la inversión, por ejemplo en grandes proyectos mineros -en el marco del proyecto que crea el royalty a la gran minería de cobre-.

Además, debiéramos legislar ahora, pero la aplicación práctica de las medidas recaudatorias para lograr una mayor recaudación de 3% a 4% del PIB debieran implementarse gradualmente desde 2024, pasada la situación recesiva.

Se requiere un sistema tributario progresivo, porque eso asegura mayor equidad social y mayor inversión en innovación que son los caminos para que Chile salga del estancamiento actual y se re-encamine al desarrollo.

Siempre habrá una minoría empresarial y de altos ingresos que se oponen a pagar más impuestos, que genera más incertidumbre. Y eso lo hemos escuchado las últimas décadas y no hemos avanzado en equidad social y eso mantiene vigente el malestar social.
Es hora de no más bloqueos a los cambios y reiniciemos el camino hacia un Chile más inclusivo socialmente.