Foto: Una imagen áerea del proyecto minero rodeado de árboles en Penco

Por Alfredo Peña R.

Este jueves en Cambio21 dimos a conocer un millonario negocio minero en la región del Biobío que terminó siendo un "engaño" en el que están involucrados el conocido grupo económico chileno Larraín Vial por medio de distintos Fondos de Inversión y el también conocido grupo económico peruano Hochschild.

¿De qué se trató el millonario negocio?: La empresa "Aclara" decidió realizar un proyecto por 230 millones de dólares en la “extracción de elementos claves en la fabricación de imanes permanentes que se usan en la fabricación de autos eléctricos, turbinas eólicas y otras tecnologías”, en la zona de Lirquén y muy cerca de Penco en la región del Biobío.

El mayor ejecutivo de la empresa "Aclara" en su tiempo, Rodrigo Ceballos -fue despedido o renunció hace una semana- indicó que "contar con el suministro de "Tierras Raras" en un país como Chile va a ser fundamental. Tener este tipo de metales, junto con el litio y el cobre, le da mucho poder geopolítico al país”, enfatizó.

Hoy el millonario negocio está en una situación compleja y polémica con grandes grupos de vecinos, organizaciones comunitarias y medio ambientalistas oponiéndose a la operación del proyecto.

Violencia y polémica

En la edición de este jueves en Cambio21 consignamos que hasta la caleta Lirquén llegó un gran grupo de vecinos y vecinas de la comuna de Penco para participar hace unos días de la denominada casa abierta del proyecto minero Aclara, donde luego de un acalorado debate se interrumpió el desarrollo de la actividad publicitaria, “que busca ir en contra de la voluntad comunal que rechazó casi unánimemente la iniciativa minera”, señala la Consejera Regional, Camila Arriagada.

La CORE de Bio Bío, Camila Arriagada indicó que “en lo personal lamentar la situación propiciada por la empresa que divide a vecinos y vecinas de una misma comuna, donde hubo pérdidas de material de trabajo y agresiones físicas. En lo personal, fui agredida con un golpe de puño lo que me llevó hasta el Hospital de Lirquén para constatar lesiones y evalúo las acciones futuras frente a las múltiples amenazas que recibí del agresor que se encuentra individualizado”.

También señaló que “frente al avance descontrolado de esta empresa, con una inversión en publicidad nunca antes vista, con anuncios en medios de comunicación, programas televisivos especiales, todos estos con el objetivo de revertir el rechazo ciudadano, hago un llamado a las organizaciones vecinales, sociales y culturales de la comuna, a las autoridades de Penco Concejales y Alcalde, a mis Colegas COREs que son de la comuna, a activarnos en conjunto en la defensa del plebiscito a ser la contraparte social, política y técnica para un proyecto minero con innumerables amenazas”. 

Otros dirigentes y vecinos han señalado que el proyecto tiene un gran problema porque no tiene la tramitación ambiental: "Nos sentimos engañados por la empresa, porque han falseado la información", aseguran los dirigentes que se han opuesto a este proyecto llamado singularmente Tierras Raras... E indican que con la querella que se presentó, se suma un nuevo conflicto ahora para los nuevos dueños, el grupo económico peruano Hochschild.

En la actividad promocional del proyecto por parte de la transnacional, hubo variados enfrentamientos físicos y verbales entre los asistentes y los funcionarios de la empresa.

Autoridades regionales y dirigentes comunales acusan que la empresa minera no tiene los permisos correspondientes para realizar estas acciones. Esto, habría generado la molestia de varios asistentes.

El Consejero Regional, Rodrigo Vera, precisó que este proyecto, al cual se opone, fue rechazado por el 99 por ciento de las personas que participaron en una consulta ciudadana en febrero del 2022 en Penco.

Por lo anterior, señaló Vera, no se deberían realizar estas actividades, pues aún no se desarrolla la evaluación de impacto medioambiental.

A su vez, el dirigente y vocero de la mesa técnica de la Unión Comunal de Penco, Fernando Neira, destacó que lo ocurrido tiene directa relación con la estrategia comunicacional realizada por la empresa. Lo que ha molestado a la comunidad defensora del territorio, contrarios al plan minero.

Pero el proyecto mismo que inició su trabajo el 2016 ha pasado a otras manos. Lo inició el grupo económico Larraín Vial a través de distintos Fondos de Inversión y hace un año vendió todas sus acciones al conocido grupo económico peruano Hochschild en ¡56 millones de dólares!

Querella por estafa...y una suma de engaños

El 22 de marzo recién pasado el abogado Matías Hiriart del Estudio jurídico de Alfredo Etcheberry presentó una querella en representación de Madesal, una antigua y prestigiosa empresa de la zona del Biobío, por el delito de estafa en contra de los ingenieros y ejecutivos chilenos de una sociedad relacionada y controlada por el grupo económico Larraín Vial, Felix Susaeta Margulis y de Ignacio del Río Valdivia y de la abogada peruana Sandra Fernández, y en contra de todos aquellos que resulten responsables de estos hechos ya sea en calidad de autor, cómplice o encubridores.

Madesal es propietaria de una gran extensión de terrenos ubicados en la comuna de Penco, denominado “El Cabrito”, el que tiene una extensión de 220 hectáreas, las cuales se encuentran plantadas con eucaliptos.

La acción judicial indica que "a partir del año 2015 los querellados fingieron ante el querellante la futura explotación del mineral de Tierras Raras que se encuentra en el fundo El Cabrito con el objeto de poder ocupar engañosamente, mediante servidumbres mineras u otros medios, dicho inmueble de forma gratuita. Así, gracias a este engaño, no solo ocuparon el inmueble en cuestión, sino que, además se instaló una Planta Piloto que les permitió desarrollar una tecnología para la extracción de dicho mineral de manera ambientalmente sustentable, invención que se patentó en Chile y en el exterior. El segundo gran beneficio económico percibido gracias a este engaño consistió en determinar la existencia de este mencionado mineral en la zona, con el objeto de vender, en definitiva, el proyecto a un tercero".

Sabían que no se podía realizar el proyecto desde 2016

En 2016, ambos querellados recibieron dos oficios emitidos por la autoridad respectiva, uno dictado por el SEREMI del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y otro emitido por el Director Regional de Vialidad, ambos de la Región del Bío Bío y emitidos en el mes de julio de 2016, y aparentaron ante la víctima la futura explotación del fundo El Cabrito para poder ocupar gratuitamente el mismo, por años, en perjuicio de la víctima y con el objeto de obtener los beneficios económicos antes descritos (patentar invención y vender proyecto a terceros).

La querella señala que "dichos oficios jamás fueron alertados a la víctima por parte de los querellados, los cuales en definitiva impedían según ellos cualquier tipo de explotación minera del fundo El Cabrito desde el año 2016 no obstante que la ocupación engañosa se mantuvo hasta el año 2020".

La acción judicial indica además que "los querellados Del Río y Susaeta mantuvieron en todo momento viva ante la
querellante “la futura explotación”, pidiendo y obteniendo, después de esa data, que ésta gravara su predio con una servidumbre para una futura explotación. Todo lo anterior, permitió a los querellados vender las acciones al grupo económico peruano Hocschild lo que incorporaba el proyecto en cuestión los inmuebles aledaños al predio El Cabrito, uno de propiedad de Arauco y el otro de la familia Recart, en la suma de 56 millones de dólares".

La querella señala que "debemos destacar que este no era el único Fondo de Inversión Privado administrado por por el grupo económico Larraín Vial vinculado a proyectos mineros, sino que, también, se encuentran otros, como: Esperanza, Minería Activa Tres, Co Minería Activa Tres, Pampa Camarones, Pampa Camarones Dos, Pampa Master, entre otros".
El expresidente Piñera también ha participado con alguna de sus sociedades en negocios con el grupo Larraín Vial y sus fondos de inversión.

En 2014, Madesal y los representantes del grupo Larraín Vial constituyeron una servidumbre a favor de los segundos, una vez constituidas las respectivas concesiones mineras de exploración.

La servidumbre consistió en obras o actividades tales como, transitar por los caminos existentes en el predio, construir nuevos caminos, ocupar toda la extensión del inmueble, instalar canchas de acopio, establecer canchas de acopio, y establecer todo tipo de instalaciones, tales como, faenas, laboratorios, plantas de tratamiento de minerales, habitaciones para trabajadores, campamentos, construcciones, plataforma de sondaje, entre otros.

El precio por la explotación del inmueble, se fijó en tres opciones: la primera, un precio de 50 mil dólares por
cada hectárea efectivamente explotada; la segunda, una participación del 10% de la utilidad neta de la venta durante la explotación del proyecto y; la tercera, una regalía de un 3% de los ingresos percibidos durante la fase de explotación.

Negociación engañosa e imaginaria

Los querellados con posterioridad a la ocupación fraudulenta del fundo El Cabrito han revelado que después de conocer el contenido del Oficio de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región del Bío Bío y el Oficio dictado por el Director Regional de Vialidad de la Región del Bío Bío, sabían que no iban a explotar el fundo El Cabrito, no obstante sostener,
frente a la víctima, la viabilidad del proyecto y que éste continuaría su curso normal. "Lo anterior permitió, bajo engaño, la constitución de las servidumbres en los predios de Madesal".

La querella señala que la ocupación engañosa del inmueble El Cabrito, fue extendida hasta el año 2020 gracias a "diversos ardides y actos de disposición, que fue lo que permitió desarrollar su técnica de extracción de minerales que luego patentaría en su favor (en Chile y en el extranjero), y hacer crecer en valor su compañía -demostrando la factibilidad de la técnica en terreno en El Cabrito a través de pruebas masivas-, para posteriormente vender su proyecto explorado, bajo engaño, en el fundo El Cabrito a la transnacional peruana Hocschild por la suma de USD$56.000.000.- (cincuenta y seis millones de dólares).

Ambos querellados chilenos declararon en juicio arbitral con fecha de 24 de noviembre de 2022, reconociendo la falsedad
del negocio de explotación minera en los siguientes términos. Felix Susaeta dijo: “O sea, las comunicaciones al mercado, como es normal en cualquier empresa que está haciendo un desarrollo, son permanentes, ósea, yo fui a China dos veces, a Las Vegas, y cada vez que iba vendía la ilusión que el proyecto estaba funcionando
para tener una …, un seguimiento de noticias y que pudiera llegar alguien a comprarnos interesado en el proyecto, sí”.

Luego, ante la siguiente pregunta: “Ahora, ¿cuándo se enteraron ustedes de los problemas que inviabilizaban según ustedes la explotación de …, en el fundo El Cabrito” contestando Susaeta: “Por ahí por septiembre del 2018”.
A su vez el querellado Del Río atestiguó acerca del lucro ilícito logrado por medio de la ocupación de El Cabrito: “La planta…, al operar la planta piloto fue un beneficio, porque te dio conocimiento, lo que es distinto decir que
si ellos …, si en principio Madesal no nos hubiera dejado entrar gratis habríamos hecho los sondajes en otro lado y la planta piloto en otro lado, yo creo que esto habría sido igual de exitoso como lo fue”

El abogado Matías Hiriart del Estudio de Alfredo Etcheberry señala que en su querella que en este negocio hubo engaño: "Consistió en que los querellados aparentaron que iban a explotar el fundo El Cabrito no obstante de que ya en el mes de julio de 2016 tenían pleno conocimiento de que no lo iban a explotar por conocer el contenido de los oficios según lo que ellos mismos declararon en el proceso arbitral. Tan clara era la intención de los querellados de no explotar el proyecto minero en El Cabrito que, en entidades del Estado, se excluyó presentar el fundo El Cabrito, hecho que el propio imputado Susaeta reconoció".

El perjuicio económico de los dueños del terreno de 220 hectáreas

En la querella, se señala que "Hemos encargado un informe mediante el cual determinaremos con mayor precisión el perjuicio efectivo causado a mi representada, no obstante, podemosadelantar que supera con creces las cuatrocientas  unidades tributarias mensuales exigidas en el inciso último del artículo 467 del Código Penal". 

Además se señala la denominada "participación criminal de los querellados Del Río y Susaeta en calidad de autores del
artículo 15 número 1 del Código Penal, por haber fingido un negocio o empresa consistente en la explotación de un proyecto minero de Tierras Raras en el fundo El Cabrito, cuando ya en julio de 2016 tenían conocimiento de que no iban a ejecutar dicho proyecto por los oficios citados del MINVU y Vialidad, hecho que claramente es concordante con el EIA
presentado en 2018 excluyendo al fundo El Cabrito y con el reconocimiento de ello por los querellados en el juicio arbitral citado".
Respecto de la abogada peruana Sandra Fernández la querella indica que "debe esclarecerse su participación, en especial con la nueva autorización de ocupación del predio El Cabrito en beneficio del grupo económico Hoschchild mediante nuevo engaño en el año 2020, fingiendo una futura explotación del inmueble".