por Mario López M.

Antecedentes inéditos que consigna la acusación dictada por el juez Madrid en contra de seis de los responsables de la muerte, así como datos de las pericias y múltiples testimonios, dejan claro que quienes planificaron el magnicidio optaron por darle una muerte lenta y dolorosa.

Una nueva arista que entrega en exclusiva Cambio21 muestra que el asesinato no solo se habría ejecutado en la Clínica Santa María: da cuenta que el químico de la DINA y CNI Eugenio Berríos habría sido visto disfrazado de médico durante una hospitalización del exmandatario.

No escatimaron en recursos para llevar adelante el atentado. Decenas de agentes participaron en los seguimientos y escuchas, se confabularon para aislarlo en la clínica Santa María, para disfrazarse de enfermeras o paramédicos, para inocularlo con sustancias químicas mortales, para borrar las huellas de la fechoría y para encubrir a los otros culpables, los que decidieron, planificaron y ordenaron la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

Una nueva pieza del puzle

Cambio21 tuvo acceso exclusivo al testimonio de un  profesional de la salud que da cuenta que en el Hospital del Tórax, en la comuna de Providencia, donde en 1982 habrían trasladado por una emergencia puntual al Mandatario, habría reconocido a un particular personaje, Eugenio Berríos, ataviado con un delantal blanco de médico. ¿Qué hacía allí el químico de la dictadura quien años más tarde fuera asesinado por personal militar justamente para que no contara lo que sabía sobre la muerte del expresidente?

El profesional que relató haberlo visto recuerda que los hechos ocurrieron mientras él estaba temporalmente asignado a ese centro de salud. Allí se enteró que estaba internado Frei, quien habría sido llevado a ese lugar pues se había agravado tras la fallida operación de hernia al hiato. “Fue ahí que una mañana, al entrar por una puerta que comunicaba al (Hospital) Salvador con el Tórax, me encuentro a boca de jarro con Eugenio Berríos,  vestido de médico, con delantal y fonendoscopio”.

Conocía muy bien al químico y éste a él, por lo que decidió seguir de largo para evitar encontrárselo. El profesional, cuyo testimonio se encuentra en manos del Juez Madrid, prefirió no ser individualizado para “evitarse problemas y por recomendación expresa de su familia”. Su testimonio ha sido corroborado en el entorno del exmandatario y tiene “orilla” como para constituir una pieza más en este rompecabezas que la justicia trata de dilucidar. “Me pregunté qué hacía ahí el químico en esos días de gravedad de Frei”, sostiene. 

“Más tarde se supo que era el ‘ángel de la muerte’ y el preparador de toxinas y el gas Sarín que había sido el causante directo de todas las muertes de personeros de izquierda. Este recuerdo me viene ahora y su directa participación en el envenenamiento del Presidente Frei. Yo estuve muy asustado ese día y resolví ausentarme dos días del hospital pensando que (Berríos) me había reconocido y que me buscaría. Me dije: ‘este en algo anda y malo’”, recuerda.

Silencio culpable

Nadie duda que hay más involucrados que los seis acusados por el juez de ser responsables en distintos grados de la muerte de Frei. Faltan decenas de conspiradores. Desde luego, quienes impartieron las órdenes de asesinar a un  expresidente, hecho inédito en la historia patria. También quienes la planificaron e implementaron, financiando una costosa maquinaria de muerte y silencio. ¿Podría Pinochet haber desconocido lo que se fraguaba, cuando se vanagloriaba de que “no se movía una hoja en Chile sin que él lo supiera”? 

¿Cómo se financió el crimen, de dónde salieron los fondos, quién autorizó las partidas y asignaciones de agentes, quién distribuyó tareas? Son algunas de las interrogantes inconclusas. Otras son todavía más actuales: ¿Quién hasta hoy ha imposibilitado que se conozca la verdad, ocultando información vital, documentos de inteligencia que dan cuenta de nombres y hechos que aclararían la muerte del exmandatario?

¿Cómo es posible que médicos de la Universidad Católica hayan intervenido el cuerpo del exmandatario sin autorización alguna, extraído órganos, robarlo y llevados a la PUC para luego ocultarlos por años allí?

El Ejército hasta el cuello

Podrá ser una afirmación no muy académica, sin embargo es la adecuada para describir el grado de involucramiento de esa institución castrense en el asesinato del exmandatario y en su posterior encubrimiento. Varios excomandantes e incluso el actual han estado relacionados con el caso o se han referido a él tratando de justificar lo injustificable: ¿cómo es posible que se haya destruido “toda la información” de entre los años 1980 y 1982 que se mantenía archivada de las actuaciones de la CNI, justamente los años en que se materializó el magnicidio?

Humberto Oviedo, comandante en jefe, dijo públicamente que esos documentos ya no estaban en dependencias del Ejército, que habían sido incinerados. Una investigación administrativa a cargo del que será la máxima autoridad de la institución, general Ricardo Martínez Menanteau, por ese entonces jefe del Estado Mayor General, informó el 3 de junio de 2016 que se establecía que las autoridades de la Dirección de Inteligencia (DINE) de la época incumplieron “la reglamentación vigente sobre el tratamiento de la documentación”. O sea, la destruyeron sin avisarle a nadie. ¿Sanciones? No pues, se determinó que las acciones estaban prescritas, por lo que nadie respondió.

Sin embargo el juez Alejandro Madrid ha logrado recopilar una decena de confesiones de exagentes que dan cuenta que sí están esos testimonios grabados en miles de archivos microfilmados en bóvedas subterráneas de la DINE y que provenían de la CNI. Incluso un alto oficial, que perteneció a la DINA, lo confesó y su declaración consta en la causa. A pesar de ello, desde el Ejército lo niegan.

Digan la verdad

Carmen Frei, exsenadora e hija del asesinado Presidente, dijo a Cambio21 que el Ejército ciertamente ha ocultado información sustancial sobre los crímenes que se ejecutaron en la dictadura y que aún continúan con su pacto de silencio frente a los delitos de lesa humanidad: “tuvieron fichado y microfilmado cada paso que dio el Presidente Eduardo Frei Montalva, y de cientos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos”, asegura.

Ella sabe qué se siente frente a esta denegación de verdad sobre lo ocurrido a su padre: “Es inverosímil que hoy el Ejército diga que no tiene esa información. Todo eso fue microfilmado. Esos documentos, al menos hasta 2006, estaban ahí. Es necesaria la verdad y la justicia, pero se requiere voluntad”, sostiene.

 “Se puede demostrar con certeza y con antecedentes judiciales que se oculta información. Que solamente la conciencia de algunos ex conscriptos nos va a permitir llegar a la verdad, porque los altos mandos de ayer y hoy ocultan la información”, afirma Carmen Frei.

“Mientras quede una sola familia que siga sin saber qué pasó con sus con sus seres queridos, es nuestro deber seguir exigiendo justicia (…) Hay testimonios de cientos de familias que sufren y necesitan saber la verdad. Ellos no reflejan ni odio ni venganza, solo quieren verdad. Este dolor es muy grande, no se puede seguir aguantando”, recalca.

Otra vez la PUC

Otra institución que ha callado a pesar de aparecer involucrada en los hechos y con posterioridad a ellos en el ocultamiento de datos, es la Universidad Católica. “Todo el procedimiento después de su muerte, cuando llega este equipo de médicos de la UC que le inyectan seis litros de formalina -algunos dicen que más todavía-, y la formalina destruye todo y luego le sacan todas las vísceras y se las llevan… era tan evidente que algo trataban de ocultar; las hicieron desaparecer, fue algo macabro”, recuerda Carmen Frei.

Recuperar esos documentos se logró tras un allanamiento decretado por Madrid. “El juez, al allanar la clínica, al retirar todos los papeles, encuentra el libro de las autopsias. Fue todo irregular, pues se trataba de un libro foliado en que se nota que dejaron dos páginas que están superpuestas, escritas en computador, cuando todo lo demás está escrito a máquina de escribir, propio de ese tiempo. Eso ya empieza a ser raro”, relata la hija del exmandatario. Luego serían parte de las vísceras encontradas en ese lugar, ocultas por cerca de 30 años.

“Mi padre fue el primer Presidente que salió de la Universidad Católica, premiado como el mejor de su generación, hizo clases ahí, cuesta entender que hayan ocultado por tanto tiempo este crimen y de lo que nos enteramos por la investigación del juez y por una persona que nos avisó después del año 2000, que allí se encontraba la autopsia a mi padre que estaba desaparecida –robada por la CNI-“, agrega.

Han tratado de hablar con la gente de la UC, “pero nunca han dado ninguna respuesta. Cuando apareció la autopsia, ello dio inicio a un proceso judicial en 2010 porque la periodista Pilar Molina la dio a conocer públicamente en El Mercurio, además que entregó informes toxicológicos que eran secretos al doctor Fernando Orrego y al doctor Enrique París, que se encontraban en los expedientes del juez, que no eran conocidos por nadie y se los robaron. Hubo toda una investigación en tribunales acerca de quién se había robado ese documento que era privado del juez, bajo secreto de sumario”, remarca Carmen Frei.

Los acusados

La muerte de Frei Montalva “fue ocasionada por la deficiente y tardía atención médica proporcionada al momento de su reingreso a la Clínica Santa María y por la factibilidad de la introducción paulatina de sustancias tóxicas no convencionales, (....) y por la ocurrencia de diversas situaciones anómalas, que pudieron ser disimuladas como inadvertencias o negligencias que paulatinamente deterioraron su sistema inmunológico y facilitaron la aparición de bacterias oportunistas, (...) que resultaron ser la causa final de su muerte y dieron la apariencia que su deceso ocurrió por complicaciones derivadas de las intervenciones quirúrgicas a que fue sometido, haciendo imperceptible la intervención de terceros en su fallecimiento”, reza la acusación.

La resolución dictada por el ministro Madrid en la causa rol 7.981- B Tomo L 50, alcanza a Raúl Lillo Gutiérrez, Patricio Silva Garín y Luis Becerra Arancibia, como autores del homicidio, y a Pedro Valdivia Soto como cómplice. También se acusa a Helmar Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardiere, los médicos de la Universidad Católica que de manera ilegal embalsamaron el cuerpo para ocultar las huellas del magnicidio, en calidad de encubridores.

Raúl Lillo es el ex agente de la DINA que se desempeñó como contacto de los servicios de seguridad con el ex chofer de la familia Frei que entregaba informes acerca de los movimientos del exmandatario. Era quien recababa la información sobre el estado de salud de Frei y la entregaba a sus superiores. Estaba a cargo de quienes le seguían y escuchaban sus conversaciones privadas que eran interceptadas. “Formó parte de una brigada encargada del seguimiento, control y análisis de las actividades opositoras que se realizaban por el Partido Demócrata Cristiano”, sostiene la acusación, sindicándolo como el segundo jefe de la unidad delictual.

“Durante el período de la internación del ex mandatario en el establecimiento asistencial se realizaban reuniones periódicas con el objeto de mantener permanentemente informado al mando superior de la CNI acerca de la evolución del estado de salud del paciente y en ellas Lillo Gutiérrez demostraba poseer un conocimiento más profundo acerca de dicha circunstancias, superior al que era conocido por la opinión pública (…) También este agente, permanentemente, mantenía vinculación incluso encargándose de pagos en dinero por la información que le era proporcionada por informantes”, afirma el Ministro Madrid.

Traición de baja estofa

Patricio Silva, otros de los acusados como autor del magnicidio, es el médico militar que se desempeñó como subsecretario de Salud durante el gobierno de Frei Montalva. Era “cercano” al exmandatario y fue integrante de la junta médica que aconsejó la operación. Se le acusa por “la deficiente y tardía realización de procedimientos quirúrgicos y tratamientos posteriores proporcionados al paciente”. Además, por no haber “advertido ni al paciente ni a su familia acerca de los riesgos que podría sufrir si se sometía a una operación en Chile, dado el conocimiento previo que tenía respecto de la actuación de los servicios de seguridad del régimen”. Era el encargado de mantener informado a Pinochet.

Silva Garín, estuvo ligado al servicio de sanidad del Ejército desde 1955, fue llamado a retiro en 1985 con el grado de coronel de Sanidad. También tuvo un oscuro paso por Capredena y se le imputa responsabilidad en las muertes del exministro José Tohá y del general Augusto Lutz, además de ser quien evaluaba a los prisioneros en el Estadio Nacional y determinaba quienes podían resistir para  seguirlos  interrogando. Tuvo a su cargo la segunda operación de Frei Montalva, la que generó el agravamiento de su estado de salud.

El CNI Alberto Becerra era el infiltrado chofer de los Frei Montalva, que pasaba los datos acerca de sus movimientos, “manteniendo informado a este servicio de todas las actividades realizadas por el ex mandatario”. Se le acusa como autor.

Pedro Valdivia, médico residente de la Clínica Santa María, era agente de la CNI y quien reunía información acerca de Frei en esa clínica “sin que haya proporcionado al Tribunal una explicación satisfactoria al respecto”. Está acusado como cómplice.

Helmar Rosenberg y Sergio González son los médicos acusados de encubrimiento del crimen por su rol en el embalsamiento subrepticio de Frei en desconocimiento de la familia y la sustracción de parte de sus restos mortales. “De ninguna manera resultan justificadas las versiones entregadas por ellos respecto al ‘embalsamamiento’ que se habría practicado al cadáver”, concluye la acusación.