Oh I'm just counting

Exclusivo: No todos perdieron en la derecha con el fallo del Tribunal Constitucional. Conozca al único que perdió defendiendo al Gobierno ante el TC, pero "ganó"

 

Por Mario López M.

En La Moneda y en la derecha, la dura derrota de Piñera y sus seguidores ante el Tribunal Constitucional, (TC) transformó en un funeral la casa de gobierno.

Las caras descompuestas del Presidente Piñera, ministros y subsecretarios daban cuenta de la magnitud de la torpeza de haber recurrido al TC.

Pero no todos estaban tristes, no todos perdieron en esta pasada en la derecha.

Hubo un gran ganador. Pero en dinero, en plata. Gastón Gómez Bernales, (ex RN) el abogado favorito de Piñera para litigar en el Tribunal Constitucional, dada su íntima cercanía de amistad e historia política con su actual presidenta, María Luisa Brahm (véase nota anterior de Cambio21) y el profesional que ha sido la supuesta llave usada por Piñera para frenar las críticas en los medios de comunicación (votó a favor por hacerle cargo al canal La Red por entrevistar al Comandante Ramiro) y el cuestionado y tristemente recordado “liquidador” del diario La Nación, donde fue presidente designado por Piñera y que terminó por cerrar y liquidar al icónico medio de comunicación que duró cerca de 100 años, hasta que llegó Piñera...y Gómez.

A costa de todos los chilenos

Sus servicios en los alegatos y en la construcción de la derrotada estrategia jurídica-política seguida por el gobierno para impugnar el tercer retiro, fueron sus multimillonarios honorarios pagados a costa de todos los chilenos, los mismos que resultarían perjudicados, en caso de haber ganado su postura y defensa ante el TC. Gómez fue mandatado para frenar el retiro que requieren los chilenos y chilenas. Y lo hizo sin escrúpulos ni menos ética.

Claro que esta no fue la única “pasada” en esta materia, pues ya había cobrado una jugosa suma frente al segundo de los retiros por sus alegatos ante el tribunal que dirige su amiga Brahm, con quién trabajó con el otrora senador Piñera, cuando el mandatario era parlamentario. Fueron 420 UF (12 millones 400 mil pesos) por defender al Gobierno en el segundo retiro como se ve arriba de esta crónica, donde se señalan los requerimientos para cobrar esa cifra de "Consultor" en la sebsecretaría de Hacienda, quién lo contrata y paga. 

O sea Gómez se embolsó tres retiros máximos en una sola boleta. 

No han sido los únicos honorarios cobrados por Gómez Bernales por sus servicios al gobierno. Dos boletas tenidas a la vista por Cambio21 dan cuenta de otras defensas jugosamente remuneradas, ambas en marzo, el mes pasado y que las puede ver en esta crónica. La primera, por 420 Unidades de Fomento (unos 12 millones 400 mil pesos), cobrados por la “Elaboración y presentación de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (“TC”) respecto al proyecto de Ley que modifica la Carta Fundamental para prorrogar por un año el pago de las patentes comerciales…”

Todo indica que como es de público conocimiento, Gómez va a cobrar por la redacción y defensa del libelo del derrotado tercer retiro este lunes.  

Sume a ello otra boleta, esta vez por la suma de 1.330 Unidades de Fomento (unos 40 millones de pesos) también del mes pasado, cobrados con cargo a todos los chilenos, para cubrir la “Elaboración y presentación de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (“TC”) respecto al proyecto de Ley que modifica la Carta Fundamental para establecer, por única vez, un impuesto al patrimonio de determinadas personas naturales, destinado al financiamiento básico de una renta universal de emergencia”. O sea redactó y alegó contra del proyecto de la diputada Camila Vallejo al que se han plegado casi todos los diputados y senadores: El impuesto a los súper ricos...

En sintesis es el abogado de los “súper ricos” que usted y todos los chilenos financiamos pues la boleta por 40 millones ya le fue pagada por el ministerio de Hacienda.

Sólo en las defensas del Gobierno, Gómez se embolsó cerca de 76 millones de pesos en los dos últimos meses. Y los pagamos entre todos...

Es decir, los chilenos le estamos pagando a Gómez por defender a los súper ricos, entre los cuales se encuentra su propio jefe, el Presidente Piñera, quien tendría que desembolsar cerca de 7,5 millones de dólares de aprobarse la ley. Desfachatada manera de pagarse el abogado a costa justamente de quienes necesitan los fondos que hasta ahora el gobierno ha negado o ha entregado con cuenta gotas y letra chica frente a la emergencia nacional, no solo sanitaria, sino que también social y de insospechados alcances políticos.

No puede percibir renta de otras entidades del Estado

Claro, alguien podría decir que si trabaja es justo que cobre y le paguen. Además como dice el dicho: "Es el chancho el que le da el afrecho". Por supuesto, pero hay un pero, un tremendo pero.

Gastón Gómez Bernales es un funcionario asimilado a la función pública, con estricta prohibición de percibir, a cualquier título del Estado o sus organismos, otros ingresos distintos de aquellos que le corresponden por su investidura de Consejero del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) designado ahí por el propio Piñera donde recibe una remuneración mensual  por realizar esa tarea.

Es más, en 2018, el propio Gómez fue designado por Piñera como presidente del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), cargo en el que duró sólo dos meses, sin dar explicaciones públicas por renunciar a un trabajo en el sector público en menos de 60 días. Debe haber sido el funcionario designado por Piñera, que renunció más rápido al inicio del Gobierno. Un diputado DC, señaló a Cambio21, que su renuncia fue porque "tenía que dedicarse a los trabajos sucios que le encomienda el presidente".

Pero Gómez sigue ahí, en el CNTV, como Consejero. Y fue el que ha defendido al Gobierno para que los chilenos no tengan sus dineros de las AFPs en el segundo y en este tercer retiro, que este lunes fue declarado inadmisible.

El artículo 8° de la norma que regula al CNTV, establece en su numeral cuarto, que: “Son inhábiles para desempeñar el cargo de Consejero (cargo que tiene Gómez), Secretario General y Secretario Ejecutivo del Consejo: 4.- Las personas que se encuentren en alguno de los casos contemplados en el artículo 7º del decreto con fuerza de ley Nº 29, del Ministerio de Hacienda, promulgado el año 2004 y publicado el año 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; las personas que se desempeñen en cargos directivos o profesionales, dentro de los primeros tres niveles jerárquicos de las respectivas plantas funcionarias en la Administración del Estado o en empresas en que éste tenga participación en su propiedad, y aquellas personas que, por las características de su función, tengan dependencia directa de ministros, subsecretarios u otros altos cargos directivos de la Administración del Estado”.

Ni la doctora Daza tiene respuesta

Pero no es lo único. Ha litigado en contra del Estado (actualmente sigue siendo patrocinante en algunos Recursos de Protección, como en la causa 58.158 de 2019, de sostenedores de Colegios Particulares y Subvencionados contra el Estado, a pesar de prohibición expresa legal a un funcionario público o asimilado a la función pública. En la señalada causa y otras, ha tenido como contraparte al Consejo de Defensa del Estado.

Causa que por lo demás, también llegó al Tribunal Constitucional (era que no).

Hay que tener en cuenta que existe expresa prohibición a los abogados del sector público para representar a un tercero “ejerciendo acciones civiles en contra de los intereses del Estado o de las instituciones que de él formen parte”. Se entiende que trabajar para el sector público exige inhibirse de actuar profesionalmente en contra de éste, como un deber de lealtad para con el empleador, como señala el Manual de Transparencia y Probidad de la Administración del Estado.
Entonces, ¿cómo un abogado que se supone experto en materia administrativa pasó por alto la inhabilidad que le coarta cobrar al Estado, léase todos los chilenos, por algo distinto de sus exclusivas funciones en el CNTV?

Ni la doctora Daza podría responderlo. Quizás sí la Contraloría General de la República.