Por Antonia Paz

Jacqueline van Rysselberghe, exsenadora y expresidenta de la UDI que fue contratada en abril pasado como médico psiquiatra por el Servicio Médico Legal (SML) de Concepción, llevó a cabo un peritaje al condenado en el caso de la matanza o masacre de San Rosendo-Laja, en la región del Biobío, oficial de carabineros José Jacinto Otárola Sanhueza, por crimen de lesa humanidad durante la dictadura.

José Jacinto Otárola Sanhueza, fue condenado por la Corte Suprema junto a otros carabineros a una pena de 15 años y un día de presidio como autores de los 19 homicidios calificados.

La situación ha generado polémica, ya que en un comienzo se había señalado que la exsenadora no intervenía en causas de DDHH y el informe podría permitir que Otárola saliera de la cárcel para cumplir en la casa el resto de su condena.

Ahora, el SML ordenó hacer un sumario administrativo para esclarecer por qué se le encargó la tarea a van Rysselberghe.

La Dirección Nacional del SML declaró este miércoles a través de un comunicado que “tal y como fue informado en su oportunidad, la profesional fue contratada con el fin de realizar solamente peritajes considerados como “brechas” de entre 2018 y 2022 para casos criminales. Los peritajes vinculados a violaciones de DD.HH. en dictadura no corresponden a dicho Plan de Brechas”.  

“Por tal motivo, esta Dirección Nacional ha instruido la realización de un sumario administrativo para esclarecer las razones por la que fue asignado este peritaje a la mencionada profesional, y para determinar las posibles responsabilidades en esta situación”, añade el escrito. 

Finalmente, el organismo anunció que “a contar de esta fecha la Dirección del Servicio ha determinado que todas las causas de violaciones a los Derechos Humanos, y los peritajes solicitados, sean coordinados desde el nivel central de la institución, a través de la Subdirección Médica”. 

Matanza de San Rosendo-Laja

Se conoce como masacre de Laja a un evento que ocurrió en Chile el 18 de septiembre de 1973, a 7 días luego del Golpe de Estado, en que fueron asesinados a inocentes y sobre seguro a diecinueve personas por un piquete de Carabineros de la tenencia de La Laja, quienes los habían detenido en las ciudades de Laja y San Rosendo. La mayoria eran trabajadores de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, la denominada Papelera.

Luego de asesinarlos por la espalda, muchos de ellos que se fueron a entregar a la tenencia porque eran dirigentes sindicales y de las juntas de vecinos de la zona, los mataron y enterrados en un fundo de la cercanía.

Con el tiempo y por orden de altos jefes uniformados, y en la acción denominada "retiro de televisores" los cuerpos fueron inhumados clandestinamente cerca del Puente Perales, en el Fundo San Juan.

Para la comisión del crimen contaron con la colaboración de civiles y empresas de la región.

Los restos humanos sólo pudieron ser devueltos a sus familiares 6 años más tarde. El escalofriante caso muestra una colusión entre policías, empresa privada, justicia y la dictadura para la comisión y encubrimiento de un delito de lesa humanidad de 19 inocentes.