Por Mario López M.

 “Esta vez no podemos caer en los mismos errores que en 2009”, dice Andrés Chadwick. Se refiere a la nómina que le entregaron este martes 2 de enero a las 15 horas al Presidente electo con miras a llenar las plazas de ministros, subsecretarios, intendencias, gobernaciones, seremias y los cargos que corresponde en jefaturas de servicios, que en total suman unas 188 designaciones.

La nómina llegó a tener hasta tres proposiciones por partido en cada uno de los puestos en disputa, por lo que sumando a las colectividades del conglomerado derechista, la silla giratoria reúne a al menos once cuerdas por trompo (el PRI presentó una humilde lista con siete propuestas)… En total, más de mil nombres entraron a la ruleta. Y todos ellos han debido pasar por varios filtros.

Colador en mano

El primer colador lo puso el mismo Piñera el 18 de diciembre a los presidentes de partidos de la futura coalición de gobierno, en que pidió al momento de conformar las listas que los postulantes fueran personas no solo idóneas y técnicamente capaces, sino que además se tratara de figuras que “estuvieran dispuestas a competir en el futuro en elecciones”.

Quieren evitar que se trate solamente de profesionales no insertos en el mundo político, que tras sus pasos por los cargos públicos vuelven a la vida privada y desperdician su eventual “capital político” que dé continuidad a la proyección en el poder al conglomerado. Además exigió lealtad.

El otro filtro está en los partidos, que revisaron a fondo hasta la salud de los postulantes y sus entornos familiares, incluyendo parámetros de idoneidad judicial y comercial (incluidos Dicom, Registro Nacional de Causas Judiciales y otras bases de datos).

El último está a cargo de la Fundación Avanza Chile del propio Piñera, donde Andrés Chadwick, Cecilia Pérez y Gonzalo Blumel, apoyados por un staff de profesionales, han desmenuzado y pesquisado la vida de los postulantes para evitar la peor pesadilla que atravesó la anterior administración entre 2009 y 2013: los conflictos de interés. 

  Y no solo reparan en este último punto porque varios de los ministros y demás autoridades –incluido el propio Piñera- los tuvieron en dicha administración y a un gran costo político, sino porque hoy la ley los prohíbe de manera expresa, sancionando las inhabilidades en que pudieran incurrir las autoridades como hechos contrarios a la transparencia y probidad.

Tu pasado te persigue

Aparte de los líos judiciales que terminaron con la mitad de los ministros y subsecretarios formalizados o imputados por delitos asociados a corrupción, el mayor mal que afectó a la anterior administración Piñera fueron los conflictos de interés. El entonces propio Presidente aparecía ligado a un canal de televisión (CHV) que más tarde generaría los líos de triangulaciones de platas políticas, y a una clínica privada (Las Condes) donde nombró a su director como ministro de Salud (Jaime Mañalich), quien además aparecía detrás de la “salvada” del hermano del Mandatario tras un accidente de tránsito y una tardía toma de muestras de alcoholemia, a pesar que la víctima y testigos denunciaron que huyó y estaba en evidente estado de ebriedad.   

No solo eso, también estaba ligado a la propiedad del club de fútbol Colo Colo, donde era socio suyo Gabriel Ruiz Tagle, imputado por las platas de los Juegos Odesur perdidas y más tarde por la colusión del confort, a quien designó subsecretario de Deportes y que más tarde sería el primer ministro del ramo. El hoy diputado electo y exministro de Cultura Luciano Cruz-Coke no escapó a los conflictos de intereses al adjudicar un Fondart de $12 millones al Teatro Lastarria 90, del cual era propietario.

Uno de los más impactantes conflictos vino a conocerse luego que terminara el mandato y correspondió al propio Piñera y a sus socios y asesores del segundo piso de La Moneda Carlos “choclo” Délano y José Cox: el Caso “Dominga”, el fallido proyecto minero-portuario. Piñera desafectó a una sola llamada telefónica a Barrancones, la empresa franco-belga GDF Suez, hoy Engie, para instalar allí a la empresa de la cual era socio a través de Andes Iron, controlada por Andes Iron Ltd., creada en paraísos fiscales y, sorpresa, cuya propiedad era del entonces Presidente.

La operación de desembarcar a Barrancones fue en agosto de 2010 y a esa fecha y hasta diciembre de ese año él siguió siendo dueño, al igual que el choclo Délano. Cox fue el intermediario con los franco-belgas.

Los otros casos

No fue la única acusación de conflictos de intereses que salpicó a Piñera o a sus ministros. Los entonces diputados Carolina Goic, Patricio Vallespín (DC), Enrique Accorsi (PPD) y Alfonso De Urresti (PS), junto con representantes de organizaciones locales, lo acusaron de ejercer “presiones indebidas” y “serios conflictos de interés” en el proyecto minero en la Isla Riesco de la Región de Magallanes, cuando los estudios de impacto ambiental que examinaban el proyecto dejaron de ejecutarse, aprobándolo rápidamente.

Piñera, siendo Presidente, presentó el Plan Regional de Desarrollo, asegurando que la mina de carbón –en evaluación en ese entonces- iba a generar muchos empleos y que se iba a iniciar la industria del carbón en la zona, lo que incidió para la aprobación del proyecto.

Minera Isla Riesco S.A. tenía como accionista a Empresas Copec S.A.. Piñera, era uno de los mayores accionistas de Copec al 4 de abril de 2010, con US$ 9,7 millones. No solo eso, el diputado Accorsi dijo que algunos ministros también tenían intereses creados en el proyecto. “El titular de Hacienda, Felipe Larraín, ocupaba un asiento en el directorio de empresas Copec, mientras que en el de Quiñenco (perteneciente al Grupo Luksic) se sentaba el ahora ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine”.

De pasada se acusó que el ex ministro de Minería y Energía Laurence Golborne fue parte de AES Gener, también vinculada en esta materia.

Posteriormente la Contraloría descartó un eventual conflicto de interés de Piñera. El Contralor de la época era Ramiro Mendoza, miembro del comando de ahora presidente electo en estas pasadas elecciones y quien “suena” para ocupar la cartera de Justicia.

Otro ministro con serios conflictos de intereses fue Joaquín Lavín quien ocupó, entre otras, la cartera de Educación siendo dueño de la Universidad Del Desarrollo, cuyos demás socios eran todos de la UDI. Alfredo Moreno, de Relaciones Exteriores, era director de Falabella, empresa cuyos intereses le tocaba defender como ministro en sus relaciones comerciales con los demás países donde ella estaba asentada, como Perú, por ejemplo.

Casi ninguno se escapó

Otro que no escapó a los cuestionamientos fue el entonces ministro deHacienda, Felipe Larraín, que para muchos podría repetirse el plato y que era parte de directorios como la empresa eléctrica Guacolda, conocida por la contaminación, o Celulosa Arauco con el tema de los cisnes que murieron en Valdivia, o empresas que han sido sancionadas por prácticas antisindicales y que eventualmente le tocaba fiscalizar desde su cartera.

Al ministro de Agricultura, Luis Mayol, se le acusó de llamar a que se aprobara la polémica Ley de Obtentores Vegetales, más conocida como Ley Monsanto, siendo que él fue director por más de 20 años de Copeval S.A., empresa con intereses directos en la aprobación de la mentada ley y de la cual era socio a través de Mayol Bouchon Limitada. También era socio de esa empresa el entonces ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet (otro que se augura puede repetirse el plato en la mesa de Piñera).

Un caso simbólico a la falta de acuciosidad lo represento el ministro más corto de la historia, Fernando Echeverría, designado por Piñera en Energía. Tres días estuvo en el cargo y debió der reemplazado. Estaba relacionado con empresas que eran fiscalizadas por esa cartera y además algunas de ellas estaban siendo investigadas por posibles ilícitos, lo que a todas luces hizo inviable continuar a cargo de la cartera.

En Minería el ministro Hernán de Solminihac debió inhabilitarse pues su hermano era presidente de SQM, empresa con que esa repartición necesariamente se relacionaba y de qué manera, sino pregúntele al subsecretario de la época, Pablo Wagner, formalizado por cohecho y una serie de delitos, algunos relacionados con Soquimich o con la compañía del asesor de Piñera, Penta.

Otro que bailó en la cuerda floja fue el ministro Jorge Bunster, de Energía, quien debió desprenderse de sus acciones en Copec y Enersis apenas fue confirmado como titular de la cartera. Ese conflicto fue genérico en las 107 sociedades a las que aparecieron ligados los entonces 22 ministros de Piñera. ¿Quién, sino que la propia palabra del ministro respectivo, podía asegurar que no existiría conflicto de interés cuando le tocara resolver en materias en las cuales él fue parte en la empresa relacionada o fiscalizada? Hacer fe en la cosa pública no es la receta.

Lo que dice la ley actual

La Ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública tiene por fin justamente la prevención en los conflictos de interés. La mencionada norma establece que estos existen en el ejercicio de la función pública “cuando concurren a la vez el interés general propio del ejercicio de las funciones con un interés particular, sea o no de carácter económico, de quien ejerce dichas funciones o de terceros vinculados a él determinados por la ley, o cuando concurren circunstancias que le restan imparcialidad en el ejercicio de sus competencias” (artículo 1° inciso 3 de la ley).

Lo que está en juego en esta materia es el principio de Probidad, también resuelto en las leyes, pues de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 de la ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado y el artículo 1° de la ley N° 20.880, el principio de probidad consiste en “observar una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”. La definición es una reminiscencia de la norma vigente a 1999, que no tuvo aplicación en los hechos durante la administración Piñera I.

Para prevenir los conflictos de interés de los funcionarios públicos dispone de tres herramientas: a) Declaración de patrimonio e intereses, b) Mandato especial de administración de cartera de valores, y c) Obligaciones de enajenar.

La primera, dispuesta desde 2010 en la propia Constitución en los incisos tercero y cuarto en el artículo 8° sostiene que: “el Presidente de la República, los ministros de Estado, los diputados y senadores y las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública”.

Como se sabe, el propio Piñera no declaró algunos de sus intereses ante la Contraloría, tales como sus inversiones en el exterior, las relacionadas con Minera Dominga (Andes Iron) o aquellas que lo vinculaban con el grupo Angelini a través de Corpesca, mediante la empresa AntarChile.

La misma norma plantea que en determinados casos las autoridades deben entregar a un tercero la administración de sus intereses, sin su conocimiento de la administración, durante el tiempo que dure la función pública, los llamados “fideicomisos ciegos”, que, en el caso Piñera, como se sabe, de ciegos, nada.

La última posibilidad que contempla la normativa vigente y que le quita el sueño a muchos es la de enajenar todo o parte de los bienes u acciones que pudieran resultar de interés contradictorio con el público.

La prueba de la blancura

Para el 20 de enero se estima la fecha en que Piñera, según propios dichos, daría a conocer la lista de sus ministros de cara al 11 de marzo. Entre el 2 de enero, fecha de la entrega de las nóminas por los partidos con más de 1.000 postulantes y el 20 del mismo mes, se deberán revisar Dicom, antecedentes penales y eventuales conflictos de interés.

“Mientras más chequeos, mejor” ha dicho Gonzalo Blumel, uno de los integrantes de la triada fiscalizadora dispuesta por Piñera, consciente que esta vez los estándares serán más altos.

Claro que al parecer el “escaner” ha ido aún más allá que esos tres aspectos de la probidad, alcanzando incluso al actuar de los candidatos en redes sociales. No vaya a ser cosa que se les haya arrancado algo impropio que posteriormente les pase la cuenta. Lo mismo en sus relaciones interpersonales o actuaciones públicas o privadas, como le pasó al frustrado gobernador del Bío Bío, José Miguel Stegmeier, quien alcanzó apenas a estar unas horas en su nuevo puesto hasta que estalló un escándalo por sus relaciones con la Colonia Dignidad dirigida por el extinto Paul Shafer, quien murió en la cárcel condenado por delitos de pedofilia, entre otros.

El gran drama será, en todo caso, no solo cuidar que antes de ejercer su cargo el nuevo ministro, subsecretario, seremi, intendente, gobernador u autoridad haya tenido un pasado inmaculado, sino que Piñera deberá determinar eficientes sistemas de control del actuar de sus asesores para evitar que en el desempeño de sus cargos aparezcan relacionados con casos de corrupción, como le sucedió, entre otros, al entonces ministro de Economía, Pablo Longueira.