El Gobierno acogió la propuesta del Partido por la Democracia (PPD) e introducirá una indicación para rebajar las tablas de mortalidad, en el marco de la tramitación de la reforma previsional que actualmente se encuentra en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja.

La indicación sería introducida por el Ejecutivo la próxima semana en la Sala de la Cámara.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, detalló que "hemos acogido la propuesta de reducir las tablas de mortalidad y quienes pasen de la edad que se determinen dichas tablas van a contar con un seguro de longevidad que estamos diseñando de conjunto con los parlamentarios y parlamentarias".

"Sabemos que mejorar las pensiones es indispensable y una medida como esta, con una propuesta que se ha hecho de manera sólida, que se ha hecho además de forma persistente y muy convincente, vamos a poder avanzar en esta reforma previsional, porque esto tiene un sentido muy importante en la ciudadanía", comentó la secretaria de Estado.

Además, Jara aseguró que "no me cabe duda que para todas aquellas personas que cuentan con un retiro programado y que han visto su pensión año a año disminuir y muchas veces acabarse, va a ser una muy buena herramienta para el momento de la jubilación".

"Las pensiones se calculan proyectando que viviremos 110 años", es una de las afirmaciones que en los últimos días ha tomado fuerza a través de redes sociales y que incluso algunos diputados y senadores han hecho eco. Se trata de una edad que efectivamente existe en el tope de las llamadas "tablas de mortalidad" del sistema de cotización individual en Chile, pero que, según los expertos en el tema, "su funcionalidad es muy diferente a la que se está diciendo", señalaron expertos en previsión.

Pese a lo anterior, aún no está definido el corte de las tablas de mortalidad, lo que podría ser 85 años o más. Esto vendrá de la mano con un trabajo técnico que se tendrá que afinar en los próximos días.

Esta jornada la ministra Jara confirmó que el Gobierno va a presentar indicaciones respecto a la Pensión Garantizada Universal (PGU), cuyo modelo de financiamiento ha generado críticas de la derecha al no garantizar el aumento del beneficio a 250 mil pesos; y las comisiones de intermediación, que tendrán un límite a ser fijado por el Comité Técnico de Inversiones y la Superintendencia de Pensiones.