Especial para Cambio21

En las últimas semanas, se ha ido creando un cierto clima en la opinión pública, respecto del alcance y resultado final de la Convención, alimentado-y difundido por distintos intereses-por variadas y discutibles proposiciones
todavía en fase de Comisiones, pero que generan interrogantes e incertidumbres respecto de si responden exactamente a las expectativas implícitas en el contundente resultado del plebiscito que sancionó este proceso constitucional.

Creo que nadie debería sorprenderse por cuanto la composición de ese órgano responde a una realidad social que refleja lo que es el Chile real, ajeno históricamente al espacio público que dio lugar a la conformación del estado y emanado de la voluntad de la soberanía popular.

Se equivocó si alguien esperaba una cosa distinta. Todo aquí nació como una hoja en blanco, partiendo por su instalación, como tuvimos la oportunidad de verlo en vivo y en directo. No es de extrañar, entonces, que todo se escriba en tiempo real y con ello surjan proposiciones que aparecen como políticamente incorrectas o derechamente extravagantes.

El problema es si los convencionales están conscientes de los límites y del sentido estratégico que tiene su tarea y por ende de la responsabilidad en el éxito del plebiscito de salida que debería coronar su trabajo.

Cuando hemos escuchado algunas voces que reclaman para sí -a la Convención me refiero- una autonomía sin límites, basada en la soberanía popular, admitamos que esto da para una pertinente y seria discusión académica ,pero la cruda realidad nos dice que más allá de esas disquisiciones existen limitaciones en ciertas materias específicas que emanan de la legislación que está en la base de su legitimación, y que se expresan en detalle en los artículos 135,136 , 137 y 138 de la actual Carta Fundamental que se presente sustituir.

Estos podríamos llamarlos límites jurídicos.

Sin embargo, creo que los límites más importantes, relevantes y determinantes son aquellos que podríamos denominar “políticos”; el primero de ellos sería la posibilidad de una nueva prórroga del plazo para cumplir su cometido (más allá de los 9 meses y de la auto prórroga por otros 3) que requeriría de una reforma constitucional , lo que implica la participación de otro actor institucional- como sería el Congreso- que sería el llamado a emitir un juicio de valor respecto del trabajo de la Convención en orden a si dicha petición de un nuevo plazo cumpliría con el mérito necesario como para
darle una nueva oportunidad para completar su cometido. Yo personalmente no me cierro a eso, si existen buenas razones sustantivas que privilegien el cumplir adecuadamente su cometido.

Sin embargo, a mi juicio, el nudo central del proceso dice relaciòn con el sentido estratégico que tiene la existencia de la Convención, en cuanto su razón de existir no es solo dictar un nuevo texto constitucional, sino que -la Constitución-pueda dar cuenta y respuesta no solo a los hechos fácticos que le dieron el impulso inicial, al respaldo contundente de la gente en el plebiscito de entrada, sino al “porqué” y “para qué” el país necesitaría nuevas reglas del juego en su organización y que ellas, al mismo tiempo, lainmensa mayoría las sienta como propias.

Está claro que el país se pronunció de la manera que conocemos en el plebiscito, para que dichas reglas fueran distintas a las contenidas en la Carta del 80, es decir para cambiar el tipo y modelo de sociedad que habíamos construido. Pero, además, la virtuosidad de estos cambios, para cerrar el círculo, es que la gente sienta que estas
nuevas reglas la interpretan adecuadamente y se muestre, entonces, con disposición de apoyar el plebiscito de salida.

Entonces, la pregunta política que surge es, ¿cuáles son los límites de estos cambios y que logren contar al mismo tiempo con el respaldo de la ciudadanía? ¿qué tan reales y efectivos deben ser estos cambios para no ser acusados de gatopardezcos? ¿pueden estos cambios ser tan en 180 grados que se vuelvan un bumerán y conciten el rechazo de la mayoría?

La sabiduría entonces de los convencionales es encontrar en punto de encuentro, en los 2/3 del quorum, que conjugue los cambios sustanciales y pertinentes demandados con la viabilidad del plebiscito de salida. Para ello es
fundamental dejar de lado los subjetivismos y los voluntarismos que no permiten objetivar el escenario en que se mueve hoy la sociedad chilena y, recurrir, como siempre lo ha sido, a la vieja, pero siempre presente arma de
la política que es el diálogo racional y el libre debate de las ideas. La peor retribución que pudiera recibir la Convención es que el fruto de su trabajo fuera rechazado por la ciudadanía. El país y la historia se los demandaría.

Para esto, es también muy importante que la derecha y el empresariado entiendan que cambiar el modelo neoliberal no es terminar con el capitalismo ni con la economía de mercado; existen, por supuesto, varios modelos de capitalismo. Y el gobierno del presidente electo Gabriel Boric y los partidos de su coalición ampliada, también entiendan que un rechazo en
el plebiscito sería un golpe a la línea de flotación del proyecto que él encarna y que nos llevaría a un complejo escenario.

Por lo tanto, tiene la obligación de hacerse cargo del tema y asumir la responsabilidad de que el destino de su gobierno está ligado indefectiblemente al éxito de la Convención y, en consecuencia, asumir esto como uno de sus objetivos estratégicos.

Por ello postulo, lo que han dicho distinguidos Profesores, en orden a que la tarea que tenemos como país es tener una Constitución que sea La Casa Común o La Casa de todas y todos.