Después de más de un año prófugo, el teniente en retiro de Carabineros Juan Alberto Fernández Michell, en la foto,  fue detenido en un Centro de Salud Familiar (Cesfam) en Iquique por personal de la Policía de Investigaciones (PDI). Fernández Michell fue condenado por la Corte Suprema en marzo de 2024 como autor del homicidio calificado de 19 trabajadores de la papelera CMPC de Laja y personal de Ferrocarriles, en uno de los episodios más cruentos de la dictadura militar.

CAPTURA
El ministro en visita de causas de derechos humanos, Waldemar Koch Salazar, ordenó el traslado inmediato del exuniformado al penal de Alto Hospicio, donde deberá cumplir su condena.

La matanza ocurrió entre el 13 y el 17 de septiembre de 1973, cuando Fernández Michell, entonces jefe de la Tenencia de Carabineros de Laja, ordenó la detención de los trabajadores, quienes fueron ejecutados y enterrados clandestinamente en el Fundo San Juan de Yumbel.

FUGA
Desde que se dictó la sentencia, Fernández Michell evadió la justicia, convirtiéndose en uno de los prófugos más buscados por crímenes de lesa humanidad. Según investigaciones previas, el exteniente impuso un pacto de silencio entre los carabineros involucrados, amenazando con represalias a quienes revelaran detalles de la masacre.

Con su captura, se cierra un capítulo de impunidad en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en Chile. 

LA MASACRE DEL LAJA

Se conoce como masacre de Laja a un evento que ocurrió en Chile el 18 de septiembre de 1973, a 7 días luego del Golpe de Estado, en que fueron asesinadas en a traición y sobre seguro diecinueve personas por un piquete de Carabineros de la tenencia de La Laja, quienes los habían detenido en las ciudades de Laja y San Rosendo y posteriormente los inhumaron clandestinamente cerca del Puente Perales, en el Fundo San Juan.

Para la comisión del crimen contaron con la colaboración de civiles y empresas de la región. Los restos humanos sólo pudieron ser devueltos a sus familiares 6 años más tarde. El escalofriante caso muestra una colusión entre policías, empresa privada, justicia y gobierno para la comisión y encubrimiento de un delito de lesa humanidad.

Las 19 víctimas, quienes era trabajadores de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y de Ferrocarriles del Estado (EFE), fueron detenidas ilegalmente entre el 13 y el 16 de septiembre en las localidades de Laja y San Rosendo. La madrugada del 18 los subieron a un bus que tomó camino a Los Ángeles y guiados por un agricultor llamado Peter Wilkens, llegaron al Fundo San Juan.

EL FEROZ CRIMEN: INDEFENSOS Y TODOS AMARRADOS A LA ESPALDA LES DISPARAN

Allí, en un bosque de pinos, con los detenidos amarrados e indefensos, los obligaron “a tenderse en el suelo, boca abajo, al borde de una depresión del terreno y mientras eran alumbrados por los focos de los vehículos de esta caravana, dispuso (Fernández Michell) que los funcionarios policiales se ubicaran frente a ellos y desenfundando su revólver, dio la orden de dispararles, la cual fue cumplida por los carabineros que estaban posicionados en la línea de tiro, disparando sus armas e impactando a las víctimas con múltiples impactos balísticos en sus cuerpos, causándole la muerte en el acto”, según reza el fallo.

Luego, fueron los mismos carabineros quienes cavaron una fosa de 60 centímetros de profundidad donde arrojaron los cuerpos, los que cubrieron con ramas y tierra.

Sin embargo, un mes después, un agricultor de la zona avisó a carabineros de Yumbel que sus perros habían desenterrado osamentas humanas. Y aunque la denuncia fue enviada al Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de Yumbel, la jueza Corina Mera ordenó esconder el parte oficial.

Debido a esto, el teniente Fernández se dirigió con un piquete al sitio del suceso y ordenó exhumar los cuerpos y volverlos a enterrar en una fosa clandestina del Cementerio de Yumbel, donde aparecieron seis años después.

La investigación del magistrado Koch Salazar logró acreditar la responsabilidad de Fernández Michell en todos estos hechos, en concomitancia con otros agentes del Estado y civiles, en el contexto de la represión sistemática que se llevó a cabo las semanas posteriores al Golpe de Estado comandado por Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973.

La captura de Fernández Michell trae tranquilidad a las familias de los 19 trabajadores asesinados.
Así, la denominada “Masacre de Laja-San Rosendo” pasó a convertirse en uno de las casos más emblemáticos e impactantes de esa oscura época, que con la captura de uno de sus principales responsables cierra un capítulo y trae tranquilidad a las familias de las víctimas, a saber:

Fernando Grandón Gálvez, Jorge Andrés Lamana Abarzúa, Rubén Antonio Campos López, Juan Carlos Jara Herrera, Raúl Urra Parada, Luis Armando Ulloa Valenzuela, Óscar Omar Sanhueza Contreras, Dagoberto Enrique Garfias Gatica, Luis Alberto del Carmen Araneda Reyes, Juan Antonio Acuña Concha, Juan de Dios Villarroel Espinoza, Heraldo del Carmen Muñoz Muñoz, Federico Riquelme Concha, Jorge Lautaro Zorrilla Rubio, Manuel Mario Becerra Avello, Jack Eduardo Gutiérrez Rodríguez, Mario Jara Jara, Wilson Gamadiel Muñoz Rodríguez y Alfonso Segundo Macaya Barrales.