Foto: Reconstitución de los 19 asesinatos por la espalda a personas indefensas

El ministro en visita Carlos Aldana condenó a nueve carabineros en retiro por su participación en 19 homicidios de trabajadores forestales y campesinos, hechos ocurridos en septiembre de 1973 en el denominado caso "Laja-San Rosendo".

 El 18 de septiembre de 1973 un microbús con los 19 detenidos más otros vehículos con todos los policías de la tenencia a excepción de tres que se quedaron haciendo la guardia, tomaron el camino a Los Ángeles por la ribera sur del Río Laja, cruzaron el Puente Perales y, guiados por el agricultor Peter Wilkens, llegaron a un claro del bosque de pinos a unos 300 metros del camino, dentro del Fundo San Juan, donde con las palas cavaron una fosa de un metro y medio de profundidad. En ese lugar hicieron descender a los detenidos y los llevaron hasta el borde de la fosa. Alterados y tras discusiones se dio la orden de disparar sobre los indefensos. Todos los uniformados dispararon.

Los cuerpos de las víctimas que no cayeron a la fosa fueron arrastrados y todos cubiertos con arena. Colocaron unas ramas sobre la tierra removida y volvieron a Laja en silencio y siguieron bebiendo y juraron una vez más no decir palabra sobre lo sucedido so pena de compartir la suerte de los detenidos.

En el fallo dado a conocer este martes, Aldana condenó a Alberto Fernández Michell -teniente en esa época- a la pena de presidio perpetuo en calidad de autor de los homicidios calificados de Fernando Grandón, Jorge Lamana, Rubén Campos, Juan Jara, Raúl Urra, Luis Ulloa, Óscar Sanhueza, Dagoberto Garfias, Luis Araneda, Juan Acuña, Juan Villarroel, Heraldo Muñoz, Federico Riquelme, Jorge Zorrilla, Manuel Becerra, Jack Gutiérrez, Mario Jara, Wilson Muñoz y Alfonso Macaya.

Los otros funcionarios de Carabineros, Gerson Saavedra, Pedro Parra, Víctor Campos y Nelson Casanova deberán cumplir una pena de cinco años y un día por su participación en los hechos.

Junto a ellos, Anselmo San Martín fue condenado a cinco años y un día en calidad de encubridor, y José Otárola, Mario Montoya y Manuel Cerda deberán cumplir la misma pena, aunque con el beneficio de libertad vigilada, en calidad de encubridores.

Mientras tanto, se decretó la absolución de los civiles Alejandro Aguilera y Rodolfo Román, además de Pedro Jarpa, ya que no se logró acreditar su responsabilidad en el hecho.

Finalmente, Aldana absolvió al ex funcionario policial René Urrutia por no acreditarse su participación en el delito de inhumación ilegal, cometido a fines de octubre de 1973 en una fosa común del Cementerio Parroquial de Yumbel.