Por Mario López M.

El Estado tampoco escapa de responsabilidad. Una legislación pensada en beneficiar al menor y potenciar la familia, termina vulnerando gravemente sus derechos y desintegrando el núcleo parental. Inescrupulosos han visto además, ante la ausencia de instituciones gratuitas y estatales que coadyuven en peritajes, mediaciones, revinculaciones y terapias, la oportunidad de lucrar con el drama de niños y sus entornos.

Hoy un menor víctima de abuso sexual debe reiterar en decenas de oportunidades el maltrato de que ha sido objeto, frente a policías, fiscales, psicólogos, siquiatras, peritos, jueces etc., con detalles que un niño a veces ni siquiera está en condiciones de entender en toda su magnitud, siendo incluso cuestionado en su relato. Un niño puede mentir sobre lo que conoce, deformándolo, más nunca sobre lo que por su desarrollo no ha podido vivir.

Abandonados por el sistema

Rodrigo Soto Donoso, psicólogo, perteneciente a la ONG Proyecta Chile, Centro de Atención Psicológica “Casa Irma”, señaló a Cambio21 que el “peregrinaje” en tribunales no solo daña al menor sino que además al progenitor que haya hecho la denuncia, pues se cuestiona a ambos provocando una revictimización. “Lo que falla es que existe una falta de coordinación entre tribunales de familia y de garantía, pues cuando se presenta la situación de vulneración de derechos, lo primero que debiera suceder es cortar el vínculo de relación directa y regular (visitas) del niño con el presunto agresor”.

“Eso frente al tribunal de familia implica una inmediata medida de protección, informándose a fiscalía de esta situación, la que normalmente, por falta de pruebas o ser estas insuficientes en su criterio, no sigue la causa dictando la orden de no perseverar. Entonces el tribunal de familia, en vez de mantener la duda sobre el hecho, retrocede y concede nuevamente las llamadas visitas. El problema es que ni siquiera se suele evaluar sus habilidades parentales, es decir, si el presunto abusador es o no la persona idónea para ejercer visitas o el cuidado personal del niño”, indica el profesional.

Ello le sucedió a Luisa, que en su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recurrió por la falta de garantías y denegación de justicia por parte de los tribunales de nuestro país, agobiada por  “las graves situaciones de angustia y desprotección vividas” a manos de la “justicia chilena”. Su caso no se distancia del de cientos, miles de madres y niños desprotegidos hoy en nuestro país. Ella y Muriel, su hija de solo 10 años sufrió el flagelo de la violencia intrafamiliar a manos de su cónyuge y padre biológico de la niña. Tras la separación y posterior divorcio, se enteró y documentó los abusos sexuales a la menor.

La “descontrolada”

“Después de todo el miedo y peligro que viví decidí realizar una denuncia por Violencia Intrafamiliar (VIF) en Carabineros. Semanas después, recibí un llamado telefónico, de una Consejera Técnica, quien me dijo que mi denuncia ‘se resolvería telefónicamente, ya que tenían demasiadas denuncias, y que como yo había firmado un divorcio de común acuerdo, mi caso no iba a ser acogido’. Luego, me llegó, vía mail, la sentencia de mi acusación. Nunca fui citada al tribunal, nunca fui escuchada; negándome protección”, señala a Cambio21 Luisa.

Fue demandada por régimen de visitas parentales, oportunidad en que hizo presente al tribunal las denuncias por abusos sexuales en contra de su hija y por VIF. “El tribunal, sin escuchar a mi hija determina revincularla a su padre, en contra su voluntad. Soy enviada a revinculación exponiendo a mi hija a cuadros de stress importantes ya que se encontraba aterrada por la violencia (…). Al pedirle a la Consejera Técnica que reconsidere la medida, dijo que es un derecho del niño ver a su padre que no importa ‘cómo sea o como haya sido, o las cosas que haya realizado, que ni aunque sea delincuente o abusador se les restringen las visitas” y fui obligada a realizar el tratamiento en dos centros”, relata.

Ni se concedieron las medidas de protección para ella y su hija, ni se realizó un examen o peritaje sicológico al padre. Aunque finalmente acogen a trámite la demanda de VIF, quedaba más. Al ser citada la Consejera Técnica, fue llevada a una oficina, quedando sola con el acusado. Asegura que fue amenazada de muerte. Le sobrevino “un cuadro nervioso y la Consejera Técnica al llegar y verme así, informó al tribunal que estaba ‘descontrolada’”.

Insólito: “Solo fueron tocaciones”

Para el tribunal, el nivel de violencia fue “propio de un divorcio”. Aun así, los tribunales de familia se declararon incompetentes por el nivel de violencia y en los tribunales de garantía, al agresor,  “por tener irreprochable conducta anterior, se le ofreció una salida alternativa obligándole a un tratamiento sicológico para el manejo de la ira,  tratamiento que el tribunal no fiscalizó su cumplimiento sobreseyéndose el caso sin saber si se sometió o no”, denuncia Luisa. En materia penal al abusador se le concedió salida alternativa y prohibición de acercamiento por un año.

Quedaba pendiente la denuncia de abuso sexual. El perpetrador fue formalizado, llegándose a juicio oral por abuso sexual reiterado a menor de 14 años. Sí, ya habían pasado 4 años de trámites y desgracias. El fallo indicó que no había pruebas suficientes, aunque reconoce que la menor “solo recibió tocaciones” y que “los problemas y la sintomatología de mi hija eran consecuencia del maltrato sufrido”. Ni siquiera se aceptó como prueba la denuncia de la niña, pues “la persona que grabó el testimonio en las oficinas de la fiscalía, parte la filmación diciendo ‘comencemos de nuevo’, sin explicar que antes la cámara no estaba prendida, poniendo así, en duda el valor de la prueba”.

“Lo que esperan –los juzgados de garantía- es que lleguen los niños sangrando”, denuncia Rodrigo Soto, para quién más allá de aquello, el problema radica en los juzgados de familia, porque ellos debieran adoptar por sí medidas de protección y exigir evaluar las habilidades del agresor, no solo basarse o descansar en lo que diga otro juez”, subraya. “Es una cuestión de descriterio que mal entiende el concepto de familia, porque ella no se compone solo de papá y mamá, sino que de vínculos de amor y ese es el concepto que no se está aplicando en perjuicio de los niños”, indica a nuestro medio.

“Sacralizan ideas y creencias”

Andrea Machuca, Psicóloga del Centro de Estudios y Promoción del Buen Trato de la Universidad Católica, señaló a Cambio21 que uno de los problemas sustanciales consiste en “Cómo el abuso sexual en sí mismo es enfrentado en los procesos judiciales. Cuál es el valor que se le da al testimonio de los niños, quienes generalmente no son creídos y sean creídos por única vez y no sean sometidos a una serie de entrevistas, pericias, etc. Es un tema que tiene que ver directamente con la exposición de los niños. La llamada entrevista única, que es valiosa, requiere de la sensibilidad de los operadores judiciales para que entiendan porqué a este niño no hay que someterlo a una y otra exposición. Las madres también son victimizadas por el sistema que busca desacreditarlas”, señala.

“Otro tema es la ley e instructivos para su aplicación. Por otro está un problema de cultura general de la sociedad y en particular de esos operadores judiciales, que hasta hoy no existe una sensibilización en torno a la protección de los niños, de la madre y en entender las dinámicas del abuso. Por ejemplo si el abusador es el padre del niño, hay que pensar que esa mujer convivió con el agresor y que por lo mismo está envuelta en las dinámicas del abuso. Son mujeres que ya vienen con un daño. Los errores de los operadores obedecen en buena parte a una cuestión ideológica, por ejemplo que sí o sí las familias tienen que tener un papá y una mamá, que sí o sí los niños tienen que tener contacto con su padre y su madre, etc., una suerte de sacralización de esas ideas”, explica Andrea Machuca.

“Hay oportunidades en que hay que proteger a los niños de sus propios padres (padre o madre, aunque sea mayor la incidencia de varones), porque el contacto es pernicioso para el niño. Todas esas creencias de la familia, del derecho de los adultos de ver a los niños, etc., hace perder de vista que lo que los niños necesitan es protección, eso es lo que es necesario cautelar por sobre el derecho del adulto a tener contacto con ellos. Muchas de estas ideas están en los operadores judiciales, como la justificación de ‘aquella mamá que una vez mintió’, que es excepcional, el mayor porcentaje de mujeres no está inventando y un niño no miente acerca de lo que no conoce, como los comportamientos sexuales no propios de sus edad, pues no están en su desarrollo”, concluye la profesional.

¿Revincular, revictimizar o negocio?

La revinculación familiar implica la búsqueda de restablecer aquellas relaciones significativas en una familia que se han quebrado por la separación u otros conflictos. Ella opera por imposición de los tribunales de familia, cuando no ha sido posible establecer regímenes de visita para padres o madres, los que no ven a sus hijos desde algún tiempo, e incluso en casos en que los hijos que se niegan a mantener vínculos con su padre o madre. O cuando este régimen no se está cumpliendo y se dificulta ponerlo en práctica. Es lo que se suele aplicar cuando han existido abusos sexuales.

Quienes son obligados a “revincularse”, no lo hacen voluntariamente, están “cautivos” por disposición judicial. En estos procesos se obliga al cónyuge víctima de VIF y al hijo abusado sexualmente a restablecer contacto con el abusador. Buena parte de la doctrina y de los especialistas consideran una aberración esta figura en casos de abusos sexuales. Estiman contraindicado, pues se requiere de un cambio de parte del agresor y, desgraciadamente, la mayoría de los casos donde se dan estos abusos, generalmente están asociados a patologías psiquiátricas, cuyo cambio no solo depende de la voluntad.

Sume a ello que algunos psicólogos intervinientes –en oportunidades coincidentemente ligados a quienes ellos recomiendan, denuncian las víctimas- a falta de una oferta estatal, entregan por una módica suma estos servicios de revinculación, que pueden llegar a costar más de $1 millón por la terapia. Nadie controla además la capacidad profesional o académica de estos peritos, sin perjuicio de lo cual su “sugerencia” al tribunal, llega a ser determinante, incidiendo el con quién quedarán los hijos, incluido muchas veces el propio cónyuge imputado de agresor.

“El sistema en general es tremendamente vulnerador”, señala a Cambio21 Denisse Araya, directora de la ONG Raíces. “El abuso comienza desde cuestionar la credibilidad acerca de lo que diga un niño o niña, y ello pasa por que nosotros en este país tomamos a los chicos como objetos, sin capacidad de pensar, no se les escucha, no se les pone atención, lo que agudiza la situación. El niño no es considerado dentro del proceso que va a vivir. Pueden ser los jueces de garantía, la fiscalía o el tribunal de familia, pero al final es el sistema el que los cuestiona. El niño no miente, es imposible que invente una situación de violencia sexual si él o ella no lo han vivenciado”, indica la profesional.

“Pasar por estos casos a los niños los deja cada vez más angustiados. Tengo casos en que niños han debido repetir hasta más de 25 veces su historia, con detalles. Cada vez que debe relatar lo que le pasó a alguien a quien no conoce y ni siquiera la ha visto, es una nueva violación o abuso en cada entrevista. No está centrada la visión en el niño, pues si fuese así, si existiera la menor duda, no se daría régimen de visita o al menos sin control. La violencia del sistema en este sentido, es atroz, el niño o se disocia o termina angustiándose. Pónganse 5 minutos en los zapatitos de esos niños o niñas”, concluye Denisse Araya.

La esperanza llega al Congreso

Tras las publicaciones de Cambio21 y gracias al tesón de un grupo de madres afectadas por esta “falla del sistema” y profesionales que las apoyan, parlamentarios de todas las bancadas de manera transversal, se hicieron cargo del tema e invitaron a denunciantes, profesionales y a este medio, a exponer en la Comisión de Familia y Adulto Mayor de la Cámara de Diputados.

Profesionales del entorno judicial, abogados, psicólogos, fiscales, miembros de ONG atinentes al tema, incluso jueces y policías relacionados, y decenas de mails y mensajes internos en redes sociales,   han allegado testimonios que ratifican la urgencia de asumir una solución a los serios vacíos legales y contiendas, más aparentes que reales, entre jueces de familia y garantía, pero que hoy causan o agravan el daño a menores.