El exministro de Hacienda Ignacio Briones en su columna titulada “¿Modernizar el Estado?, recientemente publicada, realiza una serie de afirmaciones que, como Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF, rechazamos categóricamente.
Su tesis parte de la premisa de que la principal dificultad del proceso de modernización del Estado chileno, es la supuesta rigidez de la legislación estatutaria que regula a las y los funcionarios públicos y que impide removerlos de su cargo en forma arbitraria sino después de demostrar su responsabilidad en infracciones administrativas de carácter grave o mediante un sistema reglado de evaluaciones funcionarias.
Es más, el columnista señala que la jurisprudencia de la Contraloría General de la República y la Excelentísima Corte Suprema “han extendido, de facto, a los trabajadores a contratas y honorarios” la inamovilidad funcionaria. Por supuesto que, lo que Briones no menciona, es que el criterio para instaurar el Principio de Confianza Legítima, por parte de la jurisprudencia, dice relación con la enorme precariedad laboral que las y los funcionarios a contrata y a honorarios sufren, al tener que renovar año a año su empleo, en el caso de los primeros, y pudiendo este empleo ser cesado sin expresión de causa en ambos casos, esto con independencia de los años de servicio en la función pública que tenga al momento de ser exonerados, quedando las trabajadoras y trabajadores despedidos en la más absoluta indefensión.
Fue por este motivo que la Contraloría y la Corte Suprema aumentaron el estándar de protección laboral, fijando el plazo de dos años de vínculo contractual para entender que dicha relación laboral se entendía indefinida, y que, de mediar una falta de renovación, el acto administrativo debía estar debidamente fundado.
Lo que pretende el exministro, es completar la misión que se le mandatara durante el gobierno anterior, acudiendo a un elemental principio del neoliberalismo: “la flexibilidad laboral”, que es un eufemismo para hablar de precariedad laboral, porque, además, esta flexibilidad laboral, contribuye a jibarizar aún más el Estado permitiendo despidos masivos de funcionarios/as públicos, lo cual, a su vez, habilita la eventual privatización de la función pública de los servicios desmantelados.
En consecuencia, no son extrañas estas proposiciones edulcoradas, que ocultan las verdaderas razones ideológicas que subyacen en esta violenta “reingeniería social”; flexibilidad laboral, menor gasto público y eventualmente privatización de servicios constituyen parte de los pilares fundamentales de un gobierno neoliberal.
Lo que no dice el columnista aludido, es que hoy en el mundo, los autores serios en el ámbito económico y sociopolítico, como los economistas Joseph Stiglitz, Paul Krugman y Guy Standing, y sociólogos como Richard Sennett, David Harvey y Anthony Giddens, entre otros, coinciden en que la flexibilidad laboral ahonda la desigualdad, problema endémico del neoliberalismo, pero, que además, tiene aparejada graves consecuencias para aquellos que sufren la precariedad de sus empleos, aspectos que Sennet resume muy bien: disminución de la identidad y el carácter, las y los trabajadores experimentan ansiedad, inseguridad y sensación de falta de control de sus vidas; disminución de la lealtad y el compromiso laboral; también causa efectos negativos en el bienestar, como son los efectos negativos sobre la salud mental, estrés y disminución de la calidad de vida; y, por supuesto, ahonda la desigualdad y la polarización social.
Reforzando lo antes dicho; la verdadera razón del surgimiento de una jurisprudencia administrativa y judicial, protectora de los derechos de las y los trabajadores públicos, se deben a la extrema precariedad en que se encuentra el 80% de las personas que desempeñan la función pública (Contratas y honorarios). Frente a esta realidad de profunda injusticia e inequidad, surge el desarrollo del criterio jurisprudencial de la CGR en materia de “confianza legítima”, a su vez, esta es también la razón para que la jurisprudencia judicial haya condenado a cientos de servicios a la reincorporación de funcionarios/as y al pago de indemnizaciones por años de servicio y sustitutiva del aviso previo, mediante la tramitación de acciones laborales a través del procedimiento ordinario del código del trabajo.
También, con el decidido compromiso político sindical de ANEF, frente a las precarias condiciones laborales aludidas, se propuso un proyecto de ley consistente en la aplicación al empleo público del Procedimiento de Tutela de Derechos Fundamentales, también regulado por el Código del Trabajo, finalmente este proyecto se aprobó de manera transversal, con apoyo de parlamentarios provenientes de distintas corrientes políticas, a pesar de contar en su contra con un veto presidencial.
Suponer que la Contraloría General de la República, los Tribunales de Justicia y el propio Congreso Nacional son cómplices en la tarea de crear una inamovilidad en el ejercicio de la función pública, es desconocer las profundas razones de justicia que dan origen a la jurisprudencia, por cuanto hasta ese momento, y con el éxodo forzado de miles de funcionarias y funcionarios públicos, la realidad social y el imperativo de la justicia debía encontrar un cauce de racionalidad y equidad, frente a un Estado que se había convertido en el peor de los empleadores.
Un verdadero proceso de modernización, efectivamente debe tener por objeto la gestión de un Estado más eficiente al servicio de sus ciudadanos. Sin embargo, dicho objetivo choca con la visión neoliberal del gobierno anterior, donde su compromiso con la modernización del Estado, consistió en ingresar subrepticiamente un proyecto de ley al congreso nacional, sin debate o diálogo social o político, el último día de su mandato, solo con titulares, basado en los principios que el exministro propone en su artículo, es decir flexibilidad laboral, aumentando la precariedad en el empleo, con todos los problemas que esto lleva aparejado, que han ya han sido descritos.
A esto, debe sumarse la falta de valoración de lo que la función pública significa para el desarrollo del país. Por tanto, la ANEF no “defiende una camisa de fuerza” como se pretende afirmar, sino que cumple su misión, esto es, defender los derechos fundamentales de las y los funcionarios del Estado reconocidos por los tratados internacionales y Convenios de la OIT que Chile ha ratificado.
Cuando la derecha comprenda que modernización no es sinónimo de precariedad laboral; que la acción de las organizaciones de las y los trabajadores contribuyen a acortar las brechas, disminuir la desigualdad y facilitar un diálogo participativo, que es el fundamento, en el mundo del derecho comparado, del fortalecimiento del Estado; que lo que motiva a las y los funcionarios públicos a construir servicios de calidad, es la consagración del trabajo decente, y no el desasosiego, la angustia y al desapego que provoca la precariedad laboral; cuando se comprenda que lo que impide el fortalecimiento de la función pública es la ausencia hoy de una verdadera carrera funcionaria al servicio de los ciudadanos, en ése momento, estaremos en condiciones de debatir una verdadera modernización del Estado.
Los desafíos por alcanzar las demandas de un Estado Moderno, pasan por fortalecer su rol social, que sea capaz de impulsar el desarrollo, asegurando a toda la comunidad nacional condiciones dignas, justas; que permitan velar por el acceso a una verdadera calidad de vida e igualdad de oportunidades.
La modernización del Estado debe contribuir al perfeccionamiento permanente de la función pública, lo que necesariamente pasa por mejorar las condiciones laborales de sus gestores, es decir, fortalecer el Trabajo Decente para las y los funcionarios públicos, lo que implica estabilidad laboral, con desarrollo, justa remuneración, retiros dignos, con plena negociación colectiva, derecho a la huelga, y plena vigencia de los Convenios Internacionales.
