Por Mario López M.

No era suficiente entregar el mar a siete familias durante la primera administración Piñera. Tampoco lo fue beneficiar a la gran industria pesquera en contra de los intereses de los pescadores artesanales y del país. Ahora quieren entregar a privados, vía licitación, terrenos costeros de más de 6,5 millones de hectáreas.

Se trata de bienes nacionales de uso público, de todos los chilenos. La norma se encuentra en segundo trámite legislativo. Ya han sido sacados -hasta por la fuerza-, pescadores de zonas en que desarrollaban sus labores para instalar proyectos privados de carácter inmobiliario.

Resulta increíble que, en tiempos en que afloran los nacionalismos en la defensa de la integridad territorial y marítima de nuestro país ante una demanda boliviana por acceso soberano al mar, se siga haciendo vista gorda a la entrega -gratuita-, de nuestro mar a un grupo de empresarios que han depredado especies en perjuicio del país y, en particular, de la pesca artesanal.

La promesa de una “reforma profunda” que pusiera fin a la espuria Ley Longueira, como todas las promesas del Ejecutivo, sigue en la nebulosa y no ha llegado al Parlamento. Pero lo más grave está por venir, pues se ha estado tramitando un proyecto legislativo que intenta traspasar desde el ministerio de Defensa al de Bienes Nacionales la administración del borde costero del país.

País marítimo

Lo que aparenta ser una medida administrativa que busca una mejor gestión de esa franja territorial esconde un propósito no tan prístino: licitar buena parte de ese territorio a privados en desmedro de los intereses del país. La costa integra bienes nacionales de uso público y bienes fiscales, sujetos actualmente al control, fiscalización y supervigilancia del Ministerio de Defensa Nacional, subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

Se trata de aquella franja de 80 metros que es medida entre la línea más alta de la marea y tierra adentro. Su estatuto jurídico se regula a través de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

Chile, un país marítimo por excelencia, aunque no por la importancia que los gobiernos le asignan a este recurso económico, posee 83.400 kilómetros lineales de costa y contempla una superficie total de 6,5 millones de hectáreas. De ellas, unos seis millones corresponden a la zona sur-austral del país. Ello, tomado desde Arica a Tierra del Fuego, contemplando todos los islotes, islas y archipiélagos, canales y fiordos, así como una franja estática –también de 80 metros– en los lagos navegables, explica Hernán Espinoza, uno de los dirigentes del Comité de Defensa del Borde Costero de Puerto Montt, Patagonia Chilena.

No dan puntada sin hilo

En la primera administración de Sebastián Piñera, el año 2012 específicamente, el gobierno ingresó un proyecto de ley que no alcanzó a aprobarse y que hoy ha retomado importancia. Lo que busca es traspasar la jurisdicción del borde costero desde el ministerio de Defensa al de Bienes Nacionales. El detalle es que se encuentra en desarrollo un plan de licitación de terrenos fiscales que ya había sido presentado justamente por el ministerio de Bienes Nacionales el mismo año 2012 y que también adquiere hoy vigencia. Juntos son dinamita, pues podrían implicar la licitación de seis millones de hectáreas ubicadas en el territorio sur austral de nuestro país. 

“El proyecto de ley ingresado en la primera administración de Piñera no puede analizarse de manera aislada del plan de licitación de terrenos fiscales, ya que son complementarios e interdependientes entre sí. Tampoco puede ser analizado al margen del poder e influencia que ha ejercido la Cámara Chilena de la Construcción durante todo este proceso de privatización en curso”, sostiene Espinoza.

Cuando Piñera presentó la iniciativa, se apuntó de manera no tan velada a los negocios tras la privatización: “En las últimas décadas, nuestro país ha sido destacado como un caso exitoso de desarrollo económico y social debido, entre otras cosas, a la estabilidad que generan los marcos normativos y regulatorios que han permitido el desarrollo de iniciativas particulares, garantizado por normas claras y armónicas (…) El interés estratégico del Estado debe ser compatible con los intereses económicos que tanto el Estado como los particulares tienen en cuanto al aprovechamiento del borde costero en relación con los derechos y usos que pueda hacerse sobre los bienes nacionales y bienes fiscales, requiriéndose para ello una gestión ordenadora común e integral de esta área del territorio”.

Todo sea por el “desarrollo”

Poco tiempo después, el ministerio de Bienes Nacionales anunciaba un plan de licitaciones de bienes fiscales, el que fue presentado como un “aporte al desarrollo de Chile. Este plan consiste, ni más ni menos, en la venta del 27% del territorio fiscal continental. Aunque fue catalogado como un régimen de ‘concesiones’, el mismo plan lo desmiente, puesto que 96% de esas propiedades fiscales estará a la venta. En las regiones australes, la mayoría de las propiedades en licitación se inscriben bajo la modalidad de venta directa. Además, casi todas ellas tienen borde costero. Solo una de estas propiedades, precisamente la que no tiene borde costero, se licita bajo esta modalidad de ‘concesión’: el Ventisquero Yelcho”, denuncia el dirigente.

Y aquí entran los intereses privados con la Cámara Chilena de la Construcción a la cabeza, según Espinoza. “El proyecto de ley que traspasa el borde costero desde el ministerio de Defensa al de Bienes Nacionales no es más que la respuesta al interés del sector privado por esta franja costera para el desarrollo inmobiliario. Dos años antes de la iniciativa legal que impulsó en 2012 el presidente Piñera, la CChC elaboró y publicó un documento titulado: ‘Hacia un nuevo borde costero para Chile’”, recuerda.

La lógica tras el documento del gobierno es que las restricciones que existen respecto al borde costero en Chile -entre otras por causas indígenas y por impacto ambiental-, frenan el desarrollo.

Por definición legal, esos son bienes de todos los chilenos y esa es la visión histórica que ha predominado en nuestro país. “En este contexto, tanto las autoridades como la propia ciudadanía ven con desconfianza las intervenciones privadas en el borde costero. Esta visión, en la práctica, se ha traducido en una política del no desarrollo”, plantea el documento de la CCHC.

Bienes que de “común” no tienen nada

“La no propiedad del suelo inhibe inversiones de mayor monto (y por lo tanto de mayor calidad) y desincentiva el adecuado mantenimiento de las inversiones. Con ellos se incentiva la materialización de inversiones temporales. No se tiene propiedad sobre las inversiones, pues una vez terminada la concesión ellas pasan a propiedad fiscal, salvo aquellas cosas que puedan retirarse. Por lo anterior, no es posible que el inversionista acceda a garantía bancaria”, alega la Cámara. Los mismos argumentos que se encuentran en la iniciativa de Piñera, casi calcados.

En el proyecto de ley de Piñera, las coincidencias con la CCHC son al menos curiosas: “Resulta criticable el régimen de concesiones marítimas por la precariedad del derecho del concesionario en relación con el título que le otorga la concesión. El Estado puede poner término anticipado a cualquier concesión sin derecho a indemnización, bastándole invocar razones de interés público”.

No se puede dejar de recordar que las leyes, sobre todo las marítimas, durante la primera administración Piñera la hacían abogados privados, que respondían a los intereses de los empresarios marítimos (caso Longueira y pagos a parlamentarios, entre otros).

“Es precisamente en ese texto -el de la CCHC-, donde se refleja el verdadero sentido de lo que se pretende con esta ley: asegurar la desaparición de la concesión marítima tradicional, que mantenía el borde costero como bien nacional de uso público (es decir, de todos los chilenos), para transformarlo en propiedad privada, asegurándole a los empresarios un nuevo bien financiero para transar en el mercado”, concluye Espinoza.

Crónica de una demolición del patrimonio de todos

En 2012, el 9 de julio, el Presidente Piñera ingresó a trámite legislativo un proyecto de Ley para traspasar el Borde Costero desde la jurisdicción del ministerio de Defensa Nacional hacia el ministerio de Bienes Nacionales. El argumento: lograr “una mejor gestión” de este patrimonio natural.

En diciembre del mismo año el ministerio de Bienes Nacionales anunciaba la venta del 27% del territorio nacional a través del lanzamiento de un primer Plan de Licitaciones 2013, donde muchas propiedades tienen borde costero. Quedaba al descubierto que el traspaso desde Defensa no tenía por fin una mejor gestión, sino que derechamente se buscaba vender el territorio.

En octubre de 2013, la Cámara de Diputados dio el visto bueno, sin cuestionarse mayormente, al inicio del proceso de privatización del borde costero. No hace mucho, el 29 de mayo de este año, Piñera volvió a la carga al ingresar el proyecto a segundo trámite, esta vez en el Senado, para así concluir con el proceso que él mismo iniciara seis años antes.

El gobierno hace patente el discurso abierto de que el crecimiento de la economía es el centro del desarrollo, más allá de la depredación de los recursos naturales, sea vía extraccionista o vía licitación de los bienes primarios.

Comenzó el “desalojo”

Una denuncia de los Comité de Defensa del Borde Costero Puerto Montt y de “Calbuco Emergente”, dan cuenta que “aunque la Ley de privatización del borde costero no ha culminado su tramitación en el Congreso Nacional, la pesca artesanal ha comenzado a ser desalojada desde sus caletas tradicionales y las ‘playas privadas’ y proyectos inmobiliarios construidos ilegalmente sobre el borde costero se multiplican a lo largo del país”.

De acuerdo con los antecedentes aportados por estos organismos, “Caleta Cifuncho, en Tal-Tal (II Región), aparecía en el Plan de Licitaciones del ministerio de Bienes Nacionales como una playa ‘ideal para un nuevo balneario’. En Julio de 2013, los pescadores artesanales fueron desalojados para ‘despejar’ la playa adquirida por una cadena hotelera. En la región de Los Lagos están a la venta la Isla Guafo, la Península de Ralún (Estuario del Reloncaví) y predios con borde costero en Chaitén”, denuncian.

No solo esos lugares están siendo enajenados. “En Aysén y Magallanes, islas completas, sectores con glaciares y lagos integran el plan de privatización del borde costero, otro despojo en nombre del ‘Desarrollo’, concluyen.

Una competencia desleal

El proyecto gubernamental busca acortar de 50 a 30 años el plazo máximo de las concesiones marítimas y donde se permite su arriendo. Igualmente, Bienes Nacionales podrá realizar licitaciones públicas para adjudicar concesiones cuando lo estime conveniente a los intereses fiscales, o cuando dos o más interesados soliciten la concesión en todo o parte de un mismo sector.

Lo que pareciera pasarse por alto, nuevamente y en pos de un crecimiento a cualquier costo, es que las caletas de los bordes costeros de Chile son verdaderos asentamientos litorales que están centrados en la pesca artesanal a pequeña escala y que vienen desde tiempos inmemoriales. Ellos deben convivir con grandes infraestructuras, puertos, ciudades y ahora grandes desarrollos inmobiliarios y turísticos privados. También con sectores industriales instalados muchos ilegalmente y con desechos tóxicos evacuados de manera ilícita por industrias de distinta índole.

No solo eso deben soportar los miles de pescadores de pequeña escala asentados en las cerca de 280 caletas reconocidas como tales por el Estado a nivel de todo el país. También compiten -de manera desleal- con una industria pesquera depredadora del recurso natural mediante la pesca de arrastre.

Siete familias o grupos económicos administran un recurso natural básico para la supervivencia no solo de pescadores artesanales, sino de todo el país, si se mira a la importancia que han pasado a tener los mares más allá de la pesca, pues cada vez se descubren yacimientos de minerales, petróleo y otras riquezas aún inexplotadas. Con 55.000 kilómetros de borde efectivo, Chile es uno de los países más privilegiados del mundo.

Para muestras…

Un buen ejemplo del uso ilegal de los bordes costeros lo representan las catástrofes ambientales que viven Quintero y Puchuncaví o las del norte, específicamente Antofagasta, donde se ha producido una de las mayores contaminaciones del país productos de la evacuación al mar de desechos tóxicos provenientes de la minería y la pesca industrial entre la desembocadura del río Loa, por el norte, y el Parque Pan de Azúcar, por el sur, a lo que se suman las descargas de aguas servidas de las ciudades.

Al sur de nuestro país, las salmoneras representan un claro ejemplo de manejo irresponsable de una industria que ha contaminado las costas con toneladas de desechos depositados en el fondo marino. A ello hay que agregar el uso de toneladas de antibióticos, con riesgo de transmisión al ser humano y la vida silvestre autóctona.

No existe una política razonada y sostenida por parte del Estado que abarque estudios y medidas serias para atender de manera metódica estos males. Privatizar y entregar al mercado el manejo, lejos no es la solución.