Por Mario López M.

En algunos lugares la instalación de industrias llevó consigo la creación de poblaciones aledañas en búsqueda de trabajo, como sucede con sectores mineros. En otras las industrias encontraron espacios que antes fueron agrícolas y tras cambiar su uso de suelo se instalaron allí, al lado de áreas ya pobladas.

En ambos casos un factor resultó común y grave: los índices de contaminación ambiental dañaron el agua, el aire, los sembradíos y afectaron gravemente a las personas. Por años se ha puesto el énfasis en el crecimiento de la economía a cualquier costo. Este lo pagan los más pobres y vulnerables.

Piñera sintió el rechazo de la gente a sus políticas depredadoras del medio ambiente en su primer gobierno. Barrancones, Pascua Lama o HidroAysén marcaron la fuerza social. No ha aprendido nada. El menosprecio a Quintero-Puchuncaví abre una nueva “arista”, que le está trayendo pérdidas. Y la gente, ¿cuándo? 

Si hay algo que caracteriza a la derecha económica es al menosprecio por el medioambiente. Todo vale al momento de generar riqueza. La naturaleza, por definición, es solo otro factor de la producción, como la mano de obra, ambos valores que se transan al más bajo costo, pues permiten aumentar las ganancias del capital.

A su vez, la derecha política tampoco tiene conciencia acerca de la importancia que adquiere la preservación del medio ambiente como un modo de defender no solo la subsistencia ecológica, sino que la calidad de vida de las personas. Nuestra legislación sobre protección del medioambiente tiene rango constitucional y los juristas la consideran un “supra derecho”, pero en la realidad no es más que otra norma muerta o de muy poco sustento.

Un problema estructural

Achacar solo a este gobierno los problemas medioambientales que sufren importantes sectores del país sería injusto. Esto se viene arrastrando desde hace al menos 50 años y quizás desde cuándo ya existía, pues antes ni siquiera se tenía conciencia del daño de la polución o los químicos usados en la industria, la agricultura, etcétera, y del peligro de los desechos tirados sin control a las aguas de ríos o el mar.

Para el senador Ricardo Lagos Weber, “en Quintero hay una falla del Estado, hay temas también que no se resolvieron en administraciones anteriores que yo he apoyado”. Y está en lo cierto. Las crisis han pasado a ser un problema estructural de cada región y de responsabilidad del Estado.

Sin embargo, las administraciones de derecha, inconscientes del valor y respeto del entorno, al cual subyugan en pos de sus intereses económicos, han ciertamente agravado los problemas o al menos los han maquillado para que las cosas cambien en apariencias, pero sigan igual. La dictadura no puso coto al crecimiento ilimitado de industrias contaminantes o al uso de medios combustibles que provocaban daños en las poblaciones, como la leña y el carbón. Piñera, en su afán de crecer a cualquier costo y de favorecer a sectores donde incluso él tiene conflictos de interés (Dominga, Oxiquim, etc.), ha tratado de invisibilizar estos problemas, llegando sus ministros hasta a negar que hayan ocurrido.   

Las “Zonas de sacrificio”

Tal como sostienela “Oceana”, se entiende por “Zonas de Sacrificio” el término acuñado para reflejar “aquellos lugares que concentran una gran cantidad de industrias contaminantes, afectando siempre a aquellas comunidades más pobres o vulnerables. Sus habitantes generalmente viven en situación de pobreza y carecen de redes políticas para defenderse de la instalación de nuevas empresas.

La carga de contaminación en estas zonas es muy superior a la de otras localidades costeras que gozan de una condición socioeconómica más acomodada y poseen la capacidad e influencia para evitar que estos polos industriales se construyan cerca”.

Y esta conceptualización no es solo obra intelectual de carácter académico para describir una situación o proceso, es la culpa grave que deben asumir no solo los empresarios, sino que los gobiernos que han permitido que ellas existan. Se trata de lugares que conscientemente se han destinado al sacrificio, “olvidadas por los sucesivos gobiernos que han seguido permitiendo la instalación de nuevas industrias contaminantes, aun cuando el impacto sobre la salud de las personas y el medio ambiente ha sido inmenso”, recalcan desde Oceana. 

Estos sectores abandonados de la mano del Estado, desde Arica a el extremo austral, existen y se conocen, pero nada se hace y, cuando llega el momento en que explotan situaciones como Quintero-Puchuncaví, Mejillones, Til Til y tantas otras, se les echa tierra encima, o gases lacrimógenos, que es peor, como acaba de pasar en la región de Valparaíso, reprimida por la policía por orden del gobierno. Qué contradicción si miramos que solo hace unos meses, el 21 de mayo de este año, él mismo Piñera dijo que “…las tragedias ambientales y sanitarias de Ventanas, Huasco, Coronel y Mejillones, hablan mejor que mil palabras. Chile no merece esto”.

No, no lo merece, pero el ministro de Salud dijo que era falso.

“La mano que mece la cuna”

Existe un sector que solo responde a sí mismo, escasamente regulado y muy amparado por fuertes redes que han llegado a permear al mismo poder, incluso vía sobornos a autoridades, como han sido los casos de corrupción que hemos conocido últimamente en el país y cuya data se desconoce. Los empresarios, acostumbrados en dictadura a tener manga ancha, en democracia pagaron por mantenerla y ello se nota en la escasa legislación que los controla en su depredación del medioambiente y consecuente daño en la salud de las personas.

En los últimos años han coexistido situaciones de saturación como Quintero o Mejillones -entre otros-, con sectores en que se ha logrado evitar la destrucción ambiental o de algún recurso hídrico, como HidroAysén.  El duro debate por la contaminación ha estado presente en casi todas las últimas gestiones ministeriales en las carteras de medioambiente y salud, en las administraciones desde la vuelta a la democracia.

Últimamente, una nueva connotación ha llegado para quedarse, ya no solo se trata de defender el entorno o el recurso natural, sino de sobreponer el valor de la vida y la salud de las personas, los derechos humanos que están siendo vulnerados a través de permitir estas llamadas “zonas de sacrificio”, que son una grave vulneración de derechos para quienes allí viven. Permitirlas o negarlas es avalar la “impunidad empresarial”.

“Impunidad empresarial”

Lo que sucede en Quintero y Puchuncaví no es nuevo y era ampliamente conocido por Sebastián Piñera. Las masivas intoxicaciones y los cruentos casos de enfermedades acreditadas que dejó Enami-Codelco a trabajadores y habitantes de la comuna de Quintero, dan cuenta de la realidad que deben enfrentar muchas familias mineras en diversas zonas del país y lo que sucede con las poblaciones que conviven junto a residuos industriales. Quizás el más dramático ejemplo sea el llamado “galpón de Antofagasta”, donde el embarque y desembarque de los minerales al galpón de la empresa Antofagasta Terminal Internacional (ATI) liberaron al menos 19 metales tóxicos en la ciudad.

Mejillones, al norte de Chile, amenaza transformarse en un nuevo Quintero: Y grupos ambientalistas unidos a los pescadores aseguran que no es algo nuevo: “Este problema viene de hace años y las autoridades comunales, regionales y nacionales hacen caso omiso a esta situación. Hay estudios que hemos hecho que indican que la bahía está muerta y eso no nos permite vivir”, dijo José Sánchez, del Sindicato de Pescadores de Mejillones.

En Coronel hay un fuerte deterioro de la calidad del aire producto directo de la excesiva concentración de industrias y centrales de energía, todas ellas emplazadas al interior de la ciudad. Sume a ello una descontrolada quema de leña para calefacción domiciliaria, por parte de la población. Ya en 2006 se sabía de 10 complejos industriales que concentraban más del 80% de las emisiones de material particulado y de gases precursores. El impacto llegaba hasta Talcahuano y Concepción, a más de 30 kilómetros al norte de la comuna. 

DDHH conculcados

Aparte de Tocopilla-Mejillones y Quintero-Puchuncaví, están Huasco (Atacama) y Coronel (Bío Bío), que se han destacado como “zonas de sacrificio” según los grados de contaminación por habitante. Otros lugares del país muestran con laxitud que estas zonas de conflictividad se han multiplicado, como lo demostraron las movilizaciones de Barrancones (2010), HidroAysén (2011), Freirina (2012), Chiloé (2016), Til Til (2017), Salmoneras (2017) y Dominga (2018).

Datos aportados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), dan cuenta que los casos de conflictos medioambientales a nivel nacional ascienden a 116, de los cuales 60 corresponden a exploración o explotación minera, 39 a residuos, emisiones e inmisiones, y 16 al uso y/o contaminación de recursos naturales. Los sectores productivos de energía (38%) y minería (28%) son los que mayor responsabilidad presentan a la hora de averiguar las causas de la contaminación.

Lamentablemente, el poder omnímodo de los grandes grupos empresariales ha llegado también a tener fuerte influencia sobre los tribunales ambientales, e incluso decisiva, como se acreditó en el caso de Dominga, donde verdaderos operadores políticos y no jueces fueron los que resolvieron revivir un proyecto nocivo al medioambiente, pero donde el lobby e intereses económicos pudieron más.   

Arica ¿ejemplo de mitigación?

Entre 1984 y 1989 en Chile desembarcaron cerca de 20.000 toneladas de desechos mineros (barros metálicos con mercurio, arsénico y plomo), procedentes de la planta Ronnskar en Skellefteå, en Suecia, propiedad de la empresa de la misma nacionalidad, Boliden, la que pretendía evitar la prohibición que llegaría con el Convenio de Basilea. En nuestro país, fue la Procesadora Metalúrgica (Promel), la encargada de “importar” los residuos con el objetivo de extraer el oro y plata restantes. Sin embargo, al no tener la tecnología ni las condiciones para su manejo, estos fueron depositados a la intemperie en la ciudad de Arica. Los daños fueron incalculables. Cerca de 90 muertes y cientos de enfermos.

En 2009, primer gobierno de Bachelet, se aplicaron y proyectaron una serie de medidas que buscaron al menos mitigar los daños ocasionados. Así, por ejemplo, en el área de Chapiquiña, donde escurrieron desechos líquidos, se proyectó pavimentar los ex relaves, paralizando las construcciones habitacionales en el sector. También se dispuso de un plan agresivo de pavimentación en caminos y calles de sectores contaminados, lo que la administración que le reemplazó -el primer gobierno de Piñera- no cumplió o al menos no en la intensidad debida. También se dio subsidios habitacionales para despejar las zonas contaminadas y trasladar a los habitantes, donde además se acotaron los sitios de acopio de residuos.

Igualmente se dispuso una reubicación del Puerto y la remediación del suelo en el Sector de la Maestranza. En el intertanto, se buscó asegurar la hermeticidad en todo el ciclo de ingreso, tránsito, almacenamiento, manipulación, carga y descarga de minerales con presencia de contaminantes. También se comenzó un plan de evaluación permanente de los niveles de plomo y arsénico en suelos de patios y en polvo sedimentable del interior de las escuelas.

Arica necesita mucho más que esto, pero al menos se buscó mitigar.

Medioambiente: El flanco abierto de Piñera y la derecha

Los dos gobiernos de Piñera han mantenido -hasta ahora-, un similar tratamiento a los problemas de medioambiente: un evidente menosprecio, amparo a empresas relacionadas y la mantención de un sistema de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) totalmente permisivo -y hasta abusivo-, a los niveles de contaminación y a la depredación de los recursos naturales. De hecho, el mismo Mandatario lo advirtió en su campaña, que se “destrabarían” todos los proyectos detenidos por no cumplir normas medioambientales o de impacto, evitando rechazar proyectos por estas causas.

Basta recordar que ya dictó, justo al terminar su primer gobierno, el Decreto 20 del Ministerio Secretaría General de Gobierno, de fecha 1 de enero de 2014, que permitió el aumento de hasta 300% de la contaminación, suspendió las mediciones diarias y que duró un año en ejecución hasta que fue derogado por Bachelet.

La fiscalización de ambos gobiernos de Piñera raya en la impunidad, con gestos como en Quintero y Puchuncaví en que se ha protegido a empresas relacionadas culpando a priori a Enap, lo que huele para muchos a una previa a la privatización de la misma, -como han dicho sus trabajadores- o en un encubrimiento, como lo dijo el mismo exvicepresidente de la empresa, designado por el propio Piñera, Gonzalo de la Carrera, quien acusó que se culpaba a Enap para encubrir a la ministra del sector, Carolina Schmidt, y sus relaciones con el sector.  

Para los empresarios, siempre es más económico pagar la multa que dejar de contaminar.

El Mandatario ya sufrió en las calles con movilizaciones multitudinarias. Su conducta hoy pareciera que no entendió el costo a pagar. Más cuando él mismo aparece tras de lazos muy concretos vinculados a estos casos o donde lo están personeros de gobierno, como la misma Schmidt o el actual superintendente de Medioambiente, Cristian Franz, que era lobbysta de empresas que tenían que enfrentar análisis de impacto ambiental. O Fernando Barros, presidente del directorio de Oxiquim, abogado de Sebastián Piñera y su asesor principal en materia de compra de empresas zombies o inversiones en paraísos fiscales.