La intervención más recordada del Papa Francisco durante su estadía en suelo chileno (del 15 al 18 de enero) no fue realizada en ningún templo o sitio emblemático de Santiago, Temuco e Iquique, sino que en un improvisado punto de prensa tras bajarse del automóvil en el que viajaba antes de su última actividad oficial en el norte del país: “el día que me traigan una prueba contra el obispo (Juan) Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra. Todo es calumnia, ¿está claro?”.

 

La declaración cayó mal en algunos sacerdotes, como también en las víctimas del “caso Karadima”, que acusan a Barros de encubridor de actos de abuso sexual del otrora párroco de El Bosque, y en un sector de la opinión pública nacional.

 

 

Si bien días después el mismo Jorge Bergoglio pidió disculpas tras sus dichos y a renglón seguido instó al clero a actuar frente a las denuncias y excesos que involucren a menores, lo que pasó horas después demostró que estamos en presencia de un tema en desarrollo.

 

En concreto, la Compañía de Jesús publicó -a través de un comunicado- la sanción que recibió el cura jesuita Jaime Guzmán en 2012 por parte de la Congregación de la Doctrina de la Fe del Vaticano, que lo castigó con la restricción permanente de tener contacto con niños y adolescentes, sumado a la prohibición de ejercer el ministerio sacerdotal por cinco años, condena que se cumplió en 2017 pero que se extendió por otros cinco años.

 

El exprofesor fue denunciado por exalumnos del colegio San Ignacio El Bosque que estudiaron entre 1984 y 1994, por conductas de connotación sexual, lo que motivó la indagación y la posterior sanción.

 

La medida adoptada por la orden religiosa fue el resultado del testimonio que entregó el animador José Miguel Viñuela en el matinal de Mega “Mucho Gusto”. Estando en séptimo básico -narró-, y durante un paseo en una casa de retiro con piscina en el Cajón del Maipo, “un sacerdote nos decía: ‘¿quieren bañarse en pelota?’. Y nosotros decíamos: ‘¡ya!’ Nos sacábamos la ropa, nos tirábamos en pelota a la piscina y el cura nos sacaba fotos”.

 

Lo señalado por el conductor de televisión fue avalado por otro exestudiante del mismo establecimiento, el escritor Pablo Torche, quien escribió una columna en El Mostrador contando los hechos.

 

Hoy Guzmán, de 80 años, trabaja como ayudante de enfermería en la residencia San Ignacio y debe pedir permiso a su superior provincial cada vez que desea salir y, además, por escrito debe indicar los motivos de la salida, el lugar adónde va y a qué hora volverá.

 

Y no es lo único. La Iglesia Católica designó al padre David Albornoz (55) como el “instructor para la investigación previa” de las denuncias que pesan contra los religiosos de la congregación de los Hermanos Maristas por abusos de al menos treinta exalumnos del Instituto Alonso de Ercilla y el Colegio Marcelino Champagnat, sucesos acaecidos entre 1970 y 2010.

 

Albornoz, de profesión teólogo, ya efectuó esta labor en otras causas emblemáticas: Roberto Salazar y Héctor Valdés, curas de la congregación de los Misioneros de San Francisco que fueron condenados a pena perpetua de renuncia al estado clerical; Cristián Precht, sacerdote sancionado en 2012 con la prohibición del ejercicio público ministerial por cinco años, de administrar confesiones y dirigir espiritualmente a jóvenes y menores de edad, y por último el clérigo Gerardo Joannon (adopciones irregulares).

 

Otra noticia positiva: el Papa Francisco ordenó que el arzobispo de Malta, Charles J. Scicluna, viaje a Chile para reunirse con las víctimas de Karadima, buena nueva que fue dada a conocer por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, que precisó que la decisión del Sumo Pontífice respondió a la "serie de información reciente recibida en relación con el caso de monseñor Juan de la Cruz Barros Madrid, obispo de Osorno".

Scicluna es conocido como el "promotor de justicia" de la Congregación para la Doctrina de la Fe y viene al país para "escuchar a aquellos que han expresado su disposición a enviar elementos en su posesión".

 

 

Con los datos sobre la mesa, tanto desde dentro como fuera de la jerarquía eclesiástica la exigencia de justicia se torna manifiesta y expresa, más allá de que recién en abril se realice la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal.

 

No hay tensión ni mucho menos, pero después de los coletazos que provocó la intervención del Papa en torno a la situación del obispo Barros, que entre otras cosas retomó su actividad pastoral en Osorno, la instrucción es esperar declaraciones oficiales antes de volver a opinar.

 

“Yo no tengo ningún problema en hablar, pero siempre y cuando desde la calle Compañía (domicilio de la CE) nos autoricen a hablar. Es muy clara la orden”, contestó un conocido sacerdote ante el llamado de este medio, quien luego remarcó que “no tengo información clara, por lo que toda consulta debe hacerse al Arzobispado de Santiago. De momento no me han dicho nada”.

 

Por su parte, los curas jesuitas Felipe Berríos y Mariano Puga, críticos de la defensa de Francisco a Barros, hicieron noticia por los encuentros sostenidos con militantes de la Democracia Cristiana en medio de la crisis política que vive esa colectividad.

 

Las reuniones, realizadas por separado, fueron definidas por el analista Bernardo Navarrete como de “búsqueda de base ideológica” en medio de la “enorme dependencia en la Doctrina Social de la Iglesia” que sufre la DC.

 

Para Marta Lagos, socióloga, directora del centro de estudios Mori y exmilitante de la falange, el asunto no admite medias tintas: “la Iglesia debe enfrentar la realidad tal cual es. Hasta ahora no ha terminado de reconocer lo peor, que es lo que tiene que hacer antes de actuar y comenzar de nuevo”.

 

“Si no lo hacen, seguirá perdiendo fieles como expresan todas las encuestas de opinión y terminará siendo condenada a la extinción”, advirtió.

 

Suena exagerado el juicio, pero si se observan las cifras publicadas en el Anuario Estadístico de la Iglesia, en su edición de 2017, bastante de razón tiene la profesional.

 

Anote: de 10 matrimonios mensuales que se celebraran hace cinco años hoy solo se efectúan 2 o 3; los bautizos por mes bajaron de 30 o 40 a 7 u 8 y las primeras comuniones descendieron de 20 a 30 anuales a 10.

 

Peor aún, las vocaciones sacerdotales también han caído bruscamente. De 38 que se inscribían en 2001 se pasó a 18 o 19 en 2015, números que buscan ser desdramatizados por el Seminario Pontificio Mayor, dado que el total de religiosos sigue siendo considerable, 2.283 (había 2.344 en 2001), y paulatinamente está aumentando el deseo de los jóvenes de llegar al sacerdocio.

 

 

 

Dentro del debate que pone a la fe católica en contraposición con los abusos sexuales a menores que provienen de unos pocos pastores, están las condenas que sufren los culpables, quienes son juzgados de forma distinta aun cuando cometan delitos que pueden ser tratados en la justicia ordinaria, lo que supone aplicar penas de cárcel.

 

“Es un tema bien complejo”, sostiene el profesor de religión Humberto Meza. Primero nos explica que “la Iglesia Católica tiene su propio Derecho Canónico, que trata de regular todo en cuanto a la vida de los fieles y que diga relación directa con la Iglesia. Es decir, los actos humanos y su vinculación con la doctrina católica. Por otra parte, en Chile, como en otros países, la Iglesia Católica es una institución de Derecho Público y se le reconoce autonomía en su desarrollo y actividades, siempre que no atenten contra lo normado en cada país que la reconozca de ese modo”.

 

“Y, como tal -añade-, la ‘justicia canónica’ no establece penas de reclusión, privación de libertad, ni otras que conocemos en la ‘justicia ordinaria’, sea en lo civil o en lo penal, pues no es de su competencia. Las penas canónicas apuntan más bien a la mayor o menor pertenencia a la comunidad eclesial (pertenencia a la Iglesia y los derechos que conlleva esa pertenencia). Tal es el caso de la excomunión o de la imposibilidad de comulgar (son las penas más conocidas)”.

 

De acuerdo al docente, “en el caso de los abusos sexuales, como en otros delitos graves, la Iglesia y el Estado debieran llegar a acuerdos más claros, de tal manera que al producirse el delito la Iglesia denunciara inmediatamente al supuesto culpable ante la autoridad civil y se iniciara la investigación correspondiente. Si no es así, quizá el Estado pudiese quitarle ciertos derechos a la Iglesia (por ejemplo, asuntos de impuestos). Eso creo que le daría mayor transparencia y tranquilidad a la ciudadanía”.

 

 

Gran pregunta gran: ¿el fin del celibato en el sacerdocio ayudaría a que se terminen los abusos sexuales a menores? “Creo que sí, ayudaría muchísimo”, respondió para esta crónica Paola Aránguiz, licenciada en Psicología Infanto-Juvenil-Adulto.

 

“Es un error dejar el cuerpo y la sexualidad en la puerta de la Iglesia. Esto genera un estado sexual represivo y de culpa sin razón. La sexualidad bien encaminada y educada no tiene por qué ser un motivo de disminución en la Fe”, remarcó.

 

Humberto Meza tiene una visión distinta: “todo indica que a partir de los datos de la psicología y otras ciencias sociales la pedofilia y los abusos sexuales nada tienen que ver con el celibato. De hecho, estos crímenes también son cometidos por personas casadas, no célibes”.

 

“No hay duda que muchas veces hay personas con algunas dificultades de personalidad, sobre todo en el ámbito de la sexualidad y la afectividad, que ven en la vida religiosa consagrada un lugar de desarrollo o de esconder esas dificultades, taras o enfermedades psíquicas. El celibato es una opción y por lo tanto un acto libre y voluntario. Hay muchas personas, tanto sacerdotes como religiosos y laicos, que han optado por el celibato y llevan vidas sanas y normales”, ahondó.

 

Acá Paola Aránguiz pone el acento en aquellas “taras” que terminan dañando a personas inocentes. “Etimológicamente pedofilia significa ‘amor por los niños’, amor que se considera como anomalía grave en el comportamiento en su aspecto erótico. Y a partir de ello, desde la psiquiatría, se considera una perversión y una desviación anormal en la manifestación de la sexualidad, en tanto que para los pedófilos es más bien una de las múltiples formas de la sexualidad, otra ‘orientación’”, manifestó.

 

“La pedofilia proviene desde la predisposición genética a nivel cerebral hasta factores vinculares y de experiencias y traumas en las primeras etapas de la infancia”, lo que deriva en “ciertos rasgos de personalidad inmadura y problemas de relación y sentimientos de inferioridad que los incapacitan en una relación amorosa normal, que los hace buscar la satisfacción sexual con niños. Ellos esconden una personalidad narcisista, evitativa, temerosa, ansiosa y de baja autoestima”, enfatizó.

 

 

“Es por eso que buscan compensar carencias afectivas y deficiencias experimentadas en relaciones de apego confuso o ambivalente con un vínculos materno-filial, abusos sexuales, niños espectadores de violencia sexual y crianza basada en la extrema represión en la esfera corporal y sexual en etapas tempranas. En el caso de los sacerdotes con estas tendencias, el contexto es muy perturbador para la víctima. Se supone que son individuos consagrados en el amor hacia Dios, factor que permite que sus víctimas sean mayormente manipuladas psicológica y espiritualmente. Se muestran como guías de máxima confianza, lo que lo hace tener un tinte de abuso distinto al de un pedófilo civil, donde la carga social y el enjuiciamiento es mayor”, remató.

 

Mientras las denuncias suman y siguen y las investigaciones avanzan, el profesor Meza propone que la Iglesia “mejore los métodos de selección de los postulantes al sacerdocio y a la vida religiosa”.

 

En tanto, Aránguiz concluye que por encima del “amor y paciencia” que implica reparar este tipo de abusos, la Iglesia tiene que “replantearse, actualizarse y crear algún organismo responsable de la reparación psicológica de las víctimas, para que así los abusadores puedan ser juzgados como cualquier civil y no en monasterios recluidos con sistemas y leyes especiales”.

 

He aquí el primer mandamiento.