Por María Cristina Prudant
El senador y presidente del Partido Socialista Alvaro Elizalde lamentó que “ciertos sectores de la oposición insistan en la lógica del perfilamiento identitario de su partido o de su bloque y no actúen con un sentido de país”, esto por la decisión del Frente Amplio de no hacer primarias con la oposición como señalaron en un comunicado.
En tanto, según explicó a Cambio21, sobre la votación en el Senado que no destituyó a la magistrada Donoso dijo que “no comparto en absoluto lo resuelto por la comisión de jueces presidida por la magistrada Donoso, pero en rigor, esa comisión aplicó una ley vigente el año 2016 promovida por el Presidente Piñera que tuvo que ser corregida posteriormente”.
¿El Partido Socialista apoya la idea deslizada por el ministro Briones de crear un Fogape 2.0. Reformular el primero, el cual no resultó del todo?
Ha habido poca voluntad por parte del Gobierno para escuchar las propuestas que hemos realizado para apoyar a las pymes en el contexto económico tan difícil que enfrentamos. Las iniciativas promovidas por Hacienda han beneficiado principalmente a las grandes empresas. No obstante aquellos que más lo necesitan han tenido serias dificultades para acceder al crédito y por eso presentamos hace meses un rediseño del FOGAPE para garantizar que cumpla su objetivo.
Lamentamos la falta de conciencia de parte de las autoridades respecto de la situación dramática que está afectando a las pymes.
¿Usted se mantiene optimista respecto a la realización del plebiscito. La derecha insiste en la campaña del temor y algunas veces del terror...?
El plebiscito debe realizarse sí o sí. Es un compromiso con la ciudadanía y es la propia ciudadanía la que demandó su realización para avanzar hacia una nueva Constitución nacida en democracia. Efectivamente, todos los días y todas las semanas, los sectores que se oponen al cambio constitucional inventan nuevas excusas para evitar el plebiscito no solo su realización sino el inicio del proceso constituyente. Es imprescindible seguir avanzando en el itinerario democrático establecido con todos los resguardos sanitarios para garantizar su realización.
El Senado rechazó la acusación contra la jueza Donoso por el caso de la libertad condicional al asesino de Ambar. ¿Cómo le explica usted a la ciudadanía esa decisión?
Después del incendio de la cárcel de San Miguel, el Presidente Piñera envió una serie de proyectos de ley al Congreso Nacional para disminuir la población carcelaria. Entre estas iniciativas se aprobó una modificación al Decreto Ley 321 sobre libertades condicionales, trasladando la decisión de su otorgamiento desde las Secretarías Ministeriales de Justicia a una comisión de jueces. En elmensaje de este proyecto se indica con toda claridad que la voluntad del Gobierno es ampliar el otorgamiento de estos beneficios y en los años posteriores a su aprobación se triplicó el número de libertades concedidas. Por ello, fue necesario una modificación, a la que se opuso gran parte de las bancadas del oficialismo, que el año 2018 elevó los requisitos para acceder a la libertad condicional. No comparto en absoluto lo resuelto por la comisión de jueces presidida por la magistrada Donoso, pero en rigor, esa comisión aplicó una ley vigente el año 2016 promovida por el Presidente Piñera que tuvo que ser corregida posteriormente. Hoy, la nueva regulación indica claramente que la libertad condicional es un beneficio y no un derecho.
Los diputados acusadores en el caso de la jueza Donoso, denunciaron presiones para que fuera rechazada la acusación. ¿Usted le atribuye cierta veracidad a esa acusación?
En mi caso nadie me llamó ni me presionó. Ningún otro senador ha corroborado esa acusación.
¿Le parece que la Contraloría está cumpliendo con sus funciones al formular cargos a siete generales de carabineros por la violencia que aplicaron durante el estallido social?
Llama la atención que el Gobierno se oponga a que la Contraloría realice su trabajo de fiscalización de las instituciones públicas, en este caso de Carabineros de Chile, más aún cuando los hechos acontecidos con motivo del estallido social de octubre pasado son gravísimos. Todos debemos respetar la autonomía de la Contraloría para que lleve adelante sus labores fiscalizadoras en el marco de sus competencias, así como la investigación que está realizando el Ministerio Público para determinar las responsabilidades penales. En Chile nadie está sobre la ley.
¿Usted encuentra adecuado que el ejecutivo y la derecha intervenga criticando a la Contraloría por dicha decisión?
El Gobierno debe velar porque las instituciones realicen su trabajo en el ámbito de sus competencias sin ningún tipo de interferencia o intervención. Lamentablemente, ha optado por un camino distinto, que es una muestra clara de un doble estándar inaceptable en un Estado de derecho.
¿Cómo ha observado usted la gestión del ministro Briones en la creación de reales beneficios para la gente que no tiene recursos para enfrentar las consecuencias de la pandemia?
El Gobierno ha tenido una falta extrema de sensibilidad social para entender la dimensión de la crisis que estamos enfrentando. Tal como lo ha reconocido el ministro vocero Jaime Bellolio, el Gobierno ha reaccionado de manera tardía con propuestas insuficientes. Por ello, ha sido necesario estar permanentemente corrigiendo las iniciativas impulsadas por el Gobierno. Como el Gobierno escucha poco esas correcciones se han realizado siempre con tardanza. Esperamos que el Gobierno rectifique porque en caso contrario las consecuencias sociales van a ser cada vez más dramáticas.
¿Cree usted que la oposición logrará un acuerdo para las primarias legales en cuanto a la elección de gobernadores?
La unidad es imprescindible. En caso contrario los cambios que la ciudadanía demanda no podrán hacerse realidad. Lamentamos que ciertos sectores de la oposición insistan en la lógica del perfilamiento identitario de su partido o su bloque y no actúen con un sentido de país, promoviendo la necesaria convergencia de todas las fuerzas progresistas. Insistiremos en la realización de primarias legales de toda la oposición y esperamos que aquellos que hasta ahora han puesto obstáculos a su realización recapaciten y tomen conciencia de lo que está en juego. La división solo favorece a aquellos que quieren que nadie cambie en nuestro país.
¿Usted está de acuerdo en una reforma previsional estructural, es decir, que se terminen las AFP y qué sistema considera que es el mejor para Chile?
En dictadura se impuso por la fuerza un sistema de ahorro obligatorio que ha tenido impacto en el mercado de capitales pero que no constituye en los hechos un verdadero sistema de Seguridad Social. Por ello nos parece imprescindible reemplazar el sistema de AFP, estableciendo un sistema que garantice las pensiones dignas que merecen los adultos mayores. Todos sabemos bajo el sistema de AFP las pensiones no permiten que los jubilados lleguen a fin de mes. Es urgente, por tanto, sentar las bases para un nuevo sistema.
¿Usted está de acuerdo con la postura del gobierno de mantener reuniones secretas, dividir a los parlamentarios, para lograr apoyo para su proyecto de reforma previsional. La parece ético que los parlamentarios acudan a estas citas?
La oposición debe actuar unida porque es la única forma de proteger adecuadamente a las personas ante un Gobierno que promueve iniciativas profundamente insensibles respecto de los dramas que afectan a las familias chilenas. No es una buena señal que algunos parlamentarios que se dicen de oposición no resistan la tentación de establecer acuerdos con el gobierno de espalda a la ciudadanía. El diálogo es fundamental en la democracia, pero este diálogo debe ser público, formal y de cara a la gente.
¿Cómo se soluciona en lo inmediato el problema de las pensiones miserables que no le permiten sobrevivir dignamente a los jubilados y jubiladas. En julio las mujeres que se pensionaron recibirán pensiones de $34 mil y para postular al aporte del Estado y mejorarlas deben esperar hasta los 65 años?
Tal como lo indican todos los estudios, la administración con criterios de solidaridad, propios de un sistema de Seguridad Social, de la cotización extraordinaria de los empleadores que se discute actualmente en el Congreso, permite un aumento inmediato de las pensiones. Esto contrasta con la propuesta del Gobierno que al mantener incólume el sistema de AFP implica tener que esperar décadas para que el monto de las pensiones aumente. Los pensionados no pueden seguir esperando. Por eso nos parece imprescindible la modificación del sistema de AFP. Todo sistema de Seguridad Social debe ser evaluado por el marco de protección que otorga a las personas. Es evidente que el sistema de AFP está muy lejos de cumplir con estos estándares básicos de un verdadero sistema de Seguridad Social.
Salario Mínimo, 10%, Mañalich y Negacionismo
¿Cuál es su postura sobre el salario mínimo?
El debate respecto del salario mínimo demuestra una vez más la insensibilidad del Gobierno. En el pasado, cuando se han enfrentado crisis económicas, los gobiernos han tenido la disposición de establecer un marco de aumento del salario mínimo proyectado en el tiempo y concordado con los representantes de las trabajadoras y los trabajadores. Por el contrario, el Gobierno ha presentado un proyecto que establece un aumento muy reducido y que no satisface en absoluto lo planteado por las principales organizaciones sindicales. La situación económica dramática que se vive actualmente exige establecer un horizonte de mejora y aumento sostenido del salario mínimo, más aún cuando su cobertura es muy amplia en nuestro país.
¿Usted está disponible para apoyar un segundo retiro del 10%?
No se puede descartar ninguna iniciativa a priori. No obstante, casi 2 millones de afiliados retiraron la totalidad de sus fondos y más de 4 millones retiraron un monto igual o inferior al mínimo de 35 UF establecido en la reforma. Por tanto, de las más de 9 millones de personas que hicieron retiro de fondos la primera vez, al menos 6 millones no tendrán derecho a retiro o podrán retirar un monto muy inferior esta vez, en caso de aprobarse esta iniciativa. Por ello le hemos insistido al Gobierno que la crisis no la pueden seguir pagando las trabajadoras y los trabajadores.
Chile tiene ahorros y capacidad de endeudamiento. Por tanto, resulta inconcebible la negativa del Gobierno de impulsar medidas de protección a las familias con mayor cobertura y celeridad.
¿Usted cree que las autoridades del país, partiendo por el exministro Mañalich, subsecretarios y otros deben responder por los errores estratégicos que cometieron en el ataque contra el coronavirus y por no escuchar las recomendaciones de los expertos?
Sin lugar a duda que la estrategia sanitaria implementada por el Gobierno resultó un fracaso. Las cifras están a la vista. Chile está en los primeros lugares del mundo con mayor número de fallecidos por covid por habitantes. Tenemos tasas de fallecidos superiores a las de España e Italia. El Presidente Piñera y el ex ministro Mañalich pecaron de un optimismo irresponsable que los llevó a adoptar medidas erróneas, tales como el “retorno a la nueva normalidad” que fue un llamado a la “nueva irresponsabilidad”, que se tradujeron en que se dispararan las cifras de contagios, con las consecuencias lamentables para la salud y la vida de las personas. El Gobiernodebe con urgencia rectificar.
¿Cuál es su opinión respecto al proyecto que tipifica como delito el negacionismo y al cual el gobierno y la derecha se oponen?
Es imprescindible avanzar en una legislación que promueva el respeto irrestricto a la democracia y a los derechos humanos. Para ello es fundamental asumir nuestra propia historia con objeto de evitar que hechos atroces, como los acontecidos en la dictadura, vuelvan a repetirse. Por ello, al igual que otros países del mundo, nos parece importante avanzar en la tipificación del negacionismo y la incitación al odio para resguardar una forma de convivencia que se funde en el respeto irrestricto a la dignidad de todas las personas.
