Por Alfredo Peña R.

El lunes recien pasado 3 de julio, luego que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la región del Biobío resolviera poner término anticipado el proceso de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Módulo Penco, conocido como proyecto y faena minera de "tierras raras", ha habido diversas reacciones por la tajante decisión de la entidad que se preocupa de los temas medioambientales en el país y en este caso en la región del Biobío. 

De acuerdo a la evaluación del SEA, en vista a los nuevos antecedentes recopilados por CONAF, existen áreas de bosque nativo con presencia de citronella mucronata, árboles de naranjillo, catalogada como vulnerable y que serán intervenidas por partes y obras no identificadas en el proyecto.

El informe señala además que ante la información faltante de bosque de preservación y razonables dudas al micro-ruteos realizados por el titular, no es posible evaluar si este impacto se genera o no, ya que no se cuenta con los elementos para analizar su magnitud y duración.

Por lo anterior se pone término anticipado al proceso.

El proyecto fue ingresado anteriormente como Biolantánidos, sin embargo, en marzo de 2022 fue retirado de la evaluación por el titular, la empresa transnacional Aclara con la promesa de reingresarlo con las modificaciones que manifestó la ciudadanía tras una consulta ciudadana, donde el 99% de los habitantes de Penco consultados rechazó el proyecto. 

Esta faena minera está entre bosques y el Gobierno Regional está estudiando construir en las cercanías de la faena minera el futuro Hospital de la región. 

Personeros y autoridades de la zona señalan que no pueden realizarse los dos proyectos: O el gran Hospital regional o la minera para extraer tierras raras.

Este martes, la compañía aseguró que insistirá con un nuevo estudio de impacto ambiental: La empresa Aclara asegura y contempla una inversión de 130 millones de dólares y que busca producir estos minerales que sirven como imanes y también para los motores eléctricos 

Los cores también rechazaron el proyecto minero

El viernes pasado, el Consejo Regional (Core) rechazó por 16 votos a favor, 11 abstenciones y una inasistencia y para así poder dar una señal política de rechazo al Proyecto Módulo Penco, pronunciamiento que fue solicitado por la consejera regional, Camila Arriagada.

Para Arriagada, quien representa a la Provincia de Concepción Norte (Tomé, Penco, Hualpén y Talcahuano), la ciudadanía “espera que quienes representan los intereses de las comunidades hagan este pronunciamiento”

Explicó que este mensaje político acompaña y complementa al pronunciamiento que hace el Gobierno Regional que es de carácter más técnico y que se incorpora dentro de la Evaluación Ambiental del SEA.

De esa forma, la consejera, en conjunto con su bancada, presentaron un informe con más de 50 observaciones referidas a la Estrategia Nacional de Desarrollo, al Plan Regulador Metropolitano del Biobío y en conjunto a otros señalamientos de afectaciones ambientales y de calidad de vida.

“Para todas estas observaciones, era importante también dar una señal, un gesto a la ciudadanía, a la comunidad de Penco-Lirquén que está atenta a todo lo que puedan hacer los organismos del Estado con competencias ambientales, pero que son con representatividad”, dijo.

De esa misma forma, la consejera regional Tania Concha, manifestó que el rechazo, al menos por su cuenta y el de su bancada, se debió a la validación profunda de la respuesta de los habitantes de Penco en 2022 al proyecto, cuando tras una consulta ciudadana se manifestó que un 99,02% estaba en contra y un 0,8% a favor de la minera.

En ese entonces, el proyecto había sido formulado de forma distinta y presentado por la empresa BioLantánidos. Por eso, Concha señaló que “hasta la fecha, no nos convence en absoluto que esto va a hacer otro proyecto, la comunidad tampoco está convencida de eso, y, por lo tanto, nosotros lo rechazamos (…) Fundamentamos nuestro voto porque no vamos a dejar de no respetar una definición que legítimamente tomó la comunidad de Penco”.

A esto se suma la declaración de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Penco, que agrupa a 72 juntas de vecinos, que mediante una carta manifestó que “reiteramos nuestro rechazo al proyecto minero de tierras raras (…) Reiteramos nuestra visión crítica de dicha iniciativa minera, dado la incompatibilidad con el medio ambiente y la biodiversidad. Pero sobre todo por el impacto negativo que genera en la calidad de vida de los vecinos de la comuna”.

Otras causas penales

Pero el tema ambiental no es la única complicación que tiene la transnacional Aclara que desarrolla el proyecto y faena minera ya indicada,  pues la empresa local Madesal sostiene en el ejercicio de su accionar ante la justicia penal que fueron engañados por los ejecutivos de REE Uno SpA (de propiedad accionaria de Aclara), quienes el año 2016 la excluyeron del proyecto minero, decisión que se la ocultaron hasta el año 2020.
En la actualidad también tiene abierta una causa arbitral en la Corte de Apelaciones de Santiago. 

En esta causa arbitral, la empresa propietaria de los terrenos donde se quiso en un principio desarrollar el proyecto, empresas Madesal, que está en conflicto con la transnacional Aclara, planteó un Recurso de Queja contra el juez-árbitro abogado Roberto Guerrero del Río, en la foto de abajo.

En la presentación del Recurso de Queja, se señala que Guerrero del Río, incurrió en faltas o abusos graves que implicarían una impugnación disciplinaria.

En el Recurso de Queja contra de Guerrero del Río se señala que "que en consecuencia el juez árbitro se ha excedido en sus facultades de tal, cometiendo falta o abuso grave, al determinar un precio en base a parámetros no considerados por las partes, no solicitados ni sometidos a su conocimiento, que debe ser corregido por esta Corte, lo que sólo puede cumplirse por la vía de dejar sin efecto lo actuado en la parte reclamada.”

En la queja contra Guerrero del Río se señala que "el recurrido incurrió en grave falta o abuso porque su sentencia no examinó en absoluto los medios de prueba producidos por la parte demandante, omitiendo leer y examinar los documentos aportados, así como soslayó completamente el examen del problema con la especificidad y detalle que se exige a un juez que resuelve en Derecho".

El abogado Guerrero del Río ha estado ligado estrechamente a causas de financiamiento irregular de la política a través de SQM. Fue socio del fallecido "coronel" de la UDI, senador Jovino Novoa.

En 2015, la fiscalía encargó un informe tributario sobre la sociedad Guerrero y Compañía. Entre 2009 y 2013 esta sociedad emitió facturas a SQM por 600 millones de pesos. Y ya había aparecido en la contabilidad de Inversiones y Mandatos S.A. del mismo exsenador Novoa con 11 facturas por más de 81 millones de pesos. El abogado de la Empresa Aclara, Cristian Quinzio, también estuvo vinculado a la causa de SQM, al igual que Guerrero del Río, relativa al financiamiento ilegal de la política. 

En la parte final del recurso de queja se indica que Guerrero del Río "ha incurrido en grave falta o abuso al concluir -con falsa apreciación de los antecedentes- que no se estaría en un supuesto de incumplimiento contractual, en circunstancias que es patente que sí se está ante él; violándose con ello las reglas que confieren las acciones de cumplimiento contractual por equivalencia (acción principal), y de resolución de contrato en razón de incumplimiento con indemnización de perjuicios"