Hoy es el terreno ubicado al lado del Hospital Militar, puesto en la venta contraviniendo las reglas que la propia institución dictó para el manejo de esa propiedad, según denunció la concejala Sara Campos. Pero no es el único caso en que ha obtenido cuestionables ganancias enajenando inmuebles. ¿Negocio redondo?

Justo al lado de las modernas instalaciones del Hospital Militar de Santiago existe un sitio de 6,8 hectáreas que alguna vez fue utilizado por los vecinos de la comuna de La Reina para jugar fútbol y hacer deportes. Puras canchas de tierra, porque, en los hechos, el lugar estaba abandonado, Hoy, está cerrado, no tiene ningún uso y el Ejército lo tiene a la venta.

 

El gran “pero” ante esta operación lo advierte la concejala por la comuna Sara Campos: habría un eventual fraude. Y, peor aún, no es primera vez que pasa.

En definitiva, la institución castrense estaría lucrando con terrenos que le fueron entregados en dictadura para fines específicos, vendiéndolos a privados. De concretarse el “negocio”, la institución castrense se embolsaría una enorme suma de dinero con sitios de los cuales se apropió en dictadura, denuncia Sara Campos.

 

 

 

 

Suena fuerte hablar de fraude, cuando además la institución involucrada ha estado en el ojo del huracán, justamente por una serie de hechos en materia de corrupción, que incluso han llegado a la justicia y en donde se han visto dilapidadas o apropiadas de manera ilegal cuantiosas sumas de dinero.

En el caso que denuncia la concejala, el Ejército puso a la venta la propiedad ubicada en Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N° 9282, entre el Hospital Militar y la Aldea del Encuentro.

Un aviso en El Mercurio del 12 de julio pasado dio cuenta de la licitación pública por el “módico” precio de 862.872 UF (Unidades de Fomento), algo así como $ 25 mil millones de pesos.

 

“Resulta completamente abusivo que hoy el Ejército pretenda lucrar con la venta a un privado de una propiedad que fue adquirida para el bienestar de los vecinos de la comuna y de la cual se apropió sin pagar un solo peso”, recalca Campos.El terreno, que perteneciera al ex Fundo La Reina, fue adquirido por la municipalidad y el fisco en 1965 a través de la Ley N°16.368 para destinarlo a diversos fines de interés público. La norma autorizó al Servicio de Seguro Social, propietario del predio agrícola, a vender 10 hectáreas al Instituto Forestal; 60 hectáreas al Fisco, para la Dirección de Deportes del Estado, y todo el resto del fundo a la Municipalidad de La Reina, para destinarlo a la construcción de viviendas sociales, hoy conocida como Villa La Reina, y otros destinos que fueran de interés de las entidades.

 

Pero después del golpe de Estado de 1973 el Ejército se apoderó, en los hechos, de muchos de estos lotes. Así, por ejemplo, el Instituto Forestal, que ya contaba con un hermoso edificio producto de un importante concurso de arquitectura, fue desalojado y en él se instaló lo que es, hasta hoy, la Academia de Guerra del Ejército.

Recién en 1989, poco antes del retorno a la democracia, fueron destinados formalmente a la Subsecretaría de Guerra, del Ministerio de Defensa Nacional. Luego, en 1994, se estableció que su finalidad sería la edificación de viviendas para el personal militar. En 1998 una parte de los terrenos fueron devueltos (cedidos, según el Ejército) a la municipalidad y ahí se construyó la Aldea del Encuentro.

 

Con el tiempo, también, se levantaron diversas instalaciones denominadas Campo Militar La Reina, y -en 2009- el nuevo Hospital Militar, manteniendo intacto y sin uso el paño de 6,8 hectáreas que hoy se pretende enajenar.

La alarma surge porque no es primera vez que la institución castrense venden parte de esos terrenos que legalmente tenían un destino determinado. Cuando se construyó el Hospital Militar se abrió una calle que antes no salía hasta la entonces Av. Larraín y quedó un terreno desagregado, que el Ejército vendió a un privado, que a su vez hizo especulación: lo compró y luego lo vendió, y terminamos con una instalación de una revisión técnica en una zona totalmente residencial”, recalca Sara Campos.

 

 

El Ejército recibió las propiedades bajo un fin específico. Según la norma del Ministerio de Bienes Nacionales, solo podía ser usado para la construcción de viviendas para el personal del Ejército”. También, para usos deportivos y recreacionales de la comunidad.

“Además de un abuso, esta venta debiera ser declarada ilegal, ya que la Resolución de destinación del año 1994 sostiene explícitamente que: ‘Si el beneficiario no utilizare el inmueble en los fines señalados, o si los cediere a cualquier título, se pondrá término de inmediato a la presente Resolución de destinación...’. Al parecer, el Ministerio de Bienes Nacionales no ha hecho su trabajo de fiscalización”, reclama Sara Campos.

 

“No queremos explicaciones razonables, queremos que el terreno vuelva al fisco y pueda ser usado para fines de interés público, de necesidades que tiene la comuna”, enfatiza, como proyectos integrados de vivienda para sectores vulnerables y medios, y equipamientos deportivos y de uso comunitario.

“El Ejército no puede, legalmente hablando, vender en el mercado un terreno que le fue donado gratuitamente por el Estado para que lo utilizara solo en sus actividades institucionales. Ni el Ejército ni ninguna institución armada puede lucrar con estos terrenos”, sostiene Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad a Cambio21.

 

 

El caso ya fue presentado ante la Contraloría General de la República por Sara Campos y el también concejal Álvaro Delgado, “porque en la investigación no solo descubrimos que es antiético lo que ha hecho el Ejército, sino que es ilegal, de acuerdo con sus propias resoluciones”, enfatiza la concejala.

Por su parte, el diputado Tomás Hirsch ofició a los ministerios de Bienes Nacionales, Defensa, a la municipalidad de La Reina y al Ejército de Chile para conocer tanto las razones “por la cual el Ejército de Chile ha puesto en venta el sitio eriazo denominado ‘Lote D-1’”, así como los motivos por los cuales la municipalidad de La Reina traspasó estos terrenos al Ejército y con qué finalidad se ejecutó esa acción.

 

También se solicitó la formación de una mesa de trabajo integrada por el Ejército de Chile, la Municipalidad de La Reina, el Ministerio de Bienes Nacionales, representantes de la sociedad civil, a través de las Juntas de Vecinos y Comités de Vivienda Comunal, y representantes del Poder Legislativo, a fin de estudiar el traspaso del terreno hacia la Municipalidad de La Reina para destinarla a viviendas sociales, obras municipales de beneficio comunitario u otras.

Por lo pronto se formó una mesa social -encabezada por la concejala Campos-, con dirigentes políticos, sociales y actores relevantes de la comuna para organizarnos para trabajar por la recuperación de este terreno.

El municipio, en tanto, está en conversaciones con el Ejército, según lo difundió por las redes sociales el alcalde José Manuel Palacios.

 

Estos extraños negocios con propiedades fiscales que al final terminan en manos privadas no son nuevos. En dictadura se llevaron a cabo varios casos denunciados como fraudes al fisco y que sirvieron para generar parte del cuantioso patrimonio del dictador Augusto Pinochet. Otros negocios fueron a las arcas del propio Ejército, como la cuestionada venta en más de 4 mil 200 millones de pesos del lote 18 de la Villa San Luis, el último paño no demolido del emblemático proyecto habitacional del gobierno del presidente Salvador Allende, en la comuna de Las Condes.

Como se recordará, esta Villa, que buscaba terminar con la segregación social urbana, comenzó a demolerse en 1997 para construir allí el proyecto financiero denominado Nueva Las Condes. El comprador fue el privado Marcelo Cox Vial, empresario vinculado al presidente Sebastián Piñera, y a los Grupos Penta, Cueto y Cruzat.

 

Es un decreto de Pinochet de 1975 lo que le ha permitido al Ejército, hasta hoy, vender o enajenar propiedades fiscales, realizando jugosos negocios inmobiliarios. Ya la Contraloría emitió un duro dictamen en contra de este decreto en 1998, que legalmente lo anuló. Sin embargo, la institución continúa con la práctica a pesar del cuestionamiento del órgano contralor.

 

 

Entre las cuestionadas enajenaciones están las propiedades de la llamada Villa Militar del Oeste, ubicada en la intersección de la Ruta 68 y Av. Pajaritos, y la Villa Militar Este, que se encuentra en el cruce de Américo Vespucio con Av. Presidente Riesco. Como se recordará, la venta de esos inmuebles fue denunciada, pues la propiedad de ellos no correspondería al Ejército, sino al fisco.

 

En 1998 el Contralor General de la República, en ese entonces Arturo Aylwin, dictaminó que “la facultad de asignar bienes raíces fiscales a los patrimonios de afectación de los servicios de bienestar de las Fuerzas Armadas, contenida en el artículo transitorio del DF. Nº 1, de 1971, del Ministerio de Defensa Nacional, se encuentra extinguida, por lo que se deja sin efecto toda jurisprudencia contraria al presente dictamen”. En los hechos, tal como ocurre hoy con el sitio de La Reina, esas operaciones se siguen efectuando.

 

Como denunciara a propósito de otros negocios inmobiliarios de la institución castrense el diputado de Revolución Democrática Jorge Brito, “el patrimonio del Ejército de Chile creció bastante a partir de los años ochenta; la institución habría estado enajenando, vendiendo aquello que creemos debe responder a un interés del Estado, que es parte de su patrimonio”. Según el parlamentario, desde el año 2005 la institución habría vendido más de un centenar de inmuebles cuyo destino corresponde a patrimonio de afectación fiscal.

 

 

“Un oficio emitido por el Ministerio de Defensa a la Cámara de Diputados, en el que se detalla una larga lista de propiedades bajo la categoría de Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF), administradas por el Comando de Bienestar del Ejército, han sido vendidas o arrendadas y sus ganancias no han ido al Fisco, sino a las cuentas institucionales. Así, el Ejército ganó millones de dólares por arriendo de propiedades fiscales”, sostiene Patricio Herman.

De acuerdo con información entregada por el Ejército, el Comando de Bienestar recibió alrededor de $10 millones de dólares en la última década por concepto de arriendo; solamente en el último año fueron casi $1.000 millones de pesos, según denunciara un reportaje de Meganoticias de 2019. Cerca de 5.630 inmuebles, con un avalúo fiscal que supera $400 mil millones, aún se encuentran bajo el régimen PAF.

 

“Esos dineros que no van al erario nacional sino directamente al Ejército, y que generan enormes ganancias económicas para la institución, son consecuencia de la desviación de los inmuebles del fin para el cual le fueron asignadas gratuitamente las propiedades, perdiendo claramente su rol social y transformándose en un negocio muy lucrativo”, denuncia Herman.