Por Mario López M.

El parlamentario por Magallanes y vicepresidente del Senado conversa con Cambio21 y dispara con todo contra la corrupción, el estatuto laboral juvenil, el negacionismo, el sueldo mínimo, el “caradurismo” de las iglesias y defiende a brazo a partir a las regiones.

“Para estar en política estoy bien”, parte diciendo a Cambio21 el senador Carlos Bianchi Chelech, quien reconoce estar “de vuelta de muchas cicatrices, batallas y otras tonteras más, y ya estando más viejo, uno trata de ser más simple, más reposado, más cauto, más prudente, pero en política los amigos son de mentira y los enemigos son de verdad, entonces no es fácil vivir en esta parte de la vida”.

Y las batallas no han sido menores. Ha ganado dos de las tres querellas en su contra y hasta al gobierno de Piñera, que buscó “venganza” cuando con el voto del senador Bianchi se desaforó al exministro de Educación de la primera administración del mandatario de derecha, Harald Beyer: “eso me significó que cuando (Juan Ignacio) Piña asume en el Consejo de Defensa del Estado, a petición del propio Piñera, este fue a Magallanes a decir que la región se iba a quedar sin un senador. Eso fue muy brutal”, reconoce, sobre todo viniendo del presidente del CDE. “Pero zorrito correteado, aquí estamos”, se reconforta.

Senador independiente, regionalista de tomo y lomo, está preocupado por la Reforma Tributaria y su incidencia en Magallanes, donde prorroga la situación de excepción por 10 años más, pero no perfecciona el instrumento. También por la ausencia de una política portuaria que cree un fondo común nacional para generar tributos regionales, que aunque el ministro Felipe Larraín se comprometió, “del dicho al hecho hay un gran trecho”, reconoce.

-A propósito de díscolo, usted fue quien rechazó en todas sus partes la propuesta del gobierno de sueldo mínimo, a diferencia de la mayoría en el Senado que solo rechazó la plurianualidad. ¿Por qué ese voto?

-Porque hay un abuso permanente, histórico, en el no reconocimiento de la situación de precariedad y de pobreza en la que entra la persona que ha trabajado toda su vida por un salario mínimo. Encargué un estudio en que se acredita la “fábrica de pobreza” en la que se ha transformado Chile y puse un ejemplo: una persona de 40 años y que llevaba dos y algo años imponiendo, lo proyectamos 25 años más, en adelante y a partir de hoy, con los reajustes y todo y esa persona que hoy gana un promedio de $290 mil de sueldo, termina con una pensión futura en orden a los 148 mil a 158 mil pesos.

Entonces el estado chileno condena a una pobreza obligada a estas personas y lo afirmado por el gobierno que ‘esto estaba focalizado solo a la mini pyme’, demostré que eso es mentira. En un ejemplo en una automotora, a la persona que allí trabaja se le dan “bonos” por la venta y la producción, pero se le impone por el mínimo, por lo que su jubilación terminará siendo más desastrosa.

Esto no es populismo, es lo real y advertí que no me iba a prestar para esto y para la plurianualidad, que lo que pretende es, efectivamente, sacar de la discusión el salario y proyectarlo a dos, tres o cuatro años, para coincidir con las elecciones y ahí venir con todos los ofertones habidos y por haber. En ese manoseo, ese juego y ese abuso, no quise tener complicidad. El propio Estado chileno es el peor empleador y, por lo tanto, creo que había que dar una señal y no sumarse a estos acuerdos a que han llegado políticamente.

-Materias laborales que también afectan silenciosamente a sectores marginales en las negociaciones, como el caso de los inmigrantes, por ejemplo.

-Claro, recién el gobierno ahora está planteando para discutir el aumentar a un máximo de 15% a 30% de personas extranjeras en una planilla de sueldos en las empresas. Pero hay abusos laborales a inmigrantes en las condiciones laborales y esa situación no se puede compartir, hay que visualizarla, sancionarla y eso es lo que propuse en un proyecto de ley que modifica el Código Penal.

-También la precarización de los jóvenes es un tema grave y que no soluciona el estatuto planteado por el gobierno. ¿Cuál será su posición?

-Rechazo absolutamente el proyecto de Estatuto Laboral Juvenil y al respecto propusimos un proyecto de ley en donde lo que buscamos fue darle un marco de protección al joven trabajador que estudia y trabaja, al contrario del proyecto del gobierno.

Lo del estatuto juvenil, por supuesto que atenta en contra del resguardo de las garantías laborales de los jóvenes. Ese proyecto es inaceptable. Lo que hace, y lo voy a rechazar tal cual está, es darles una desprotección total, dejarlos en el desamparo absoluto y de un grado de abuso de quienes oferten trabajo a los jóvenes infinito.

-Nos quedan fuera los adultos mayores, ¿qué pasa con ellos?

-Lo propio hice en el caso de los adultos mayores que, una vez jubilados, con las pensiones de hambre, se ven obligados a tener que trabajar. Planteamos dos líneas. Una para el mundo de la discapacidad, la persona que no tiene movilidad; a ese respecto propuse el proyecto de “teletrabajo” en 2008, que le llevé la vez pasada al ministro del Trabajo y él lo copió y ahora hace llegar al Parlamento un proyecto idéntico, por lo que le pedí que a lo menos tuviera la honradez de reconocer su autoría. Está orientado fundamentalmente a personas con la incapacidad de movilización o quienes temporalmente o por alguna enfermedad, se vean obligados a trabajar desde su hogar, teniendo todos los resguardos legales.

-Usted planteó la creación de una AFP estatal…

-Fui autor del primer proyecto que hay de la creación de una AFP estatal y ahí me equivoqué, porque puse el nombre AFP, pero se trata de una institución estatal que proteja la cotización previsional. Se la pasé al entonces ministro del Trabajo (Osvaldo) Andrade que después fue diputado y copió ese mismo proyecto; se la pasé a la Presidenta Bachelet, al Presidente Piñera y no prosperó y hubo una campaña de no a una AFP estatal, habiendo una necesidad de tener un sistema del Estado que compita con el privado. No estoy de acuerdo con las AFP privadas tal cual están.

También hicimos la propuesta de que al momento que nazca una niña o un niño en Chile el Estado le ponga un millón y medio de pesos y al cabo de 65 años, la capitalización de ese fondo más el fondo que la persona aporta, tenía promedio de pensiones del orden de los 448 mil pesos.

-Los jóvenes han sido afectados no solo en materia laboral o educacional, también en materia de abusos sexuales, como se ha conocido recientemente. Usted patrocinó un proyecto de sanción a la omisión de denuncia, ¿en qué va eso?

-Es un proyecto conjunto con los senadores (Francisco) Huenchumilla, Alejandro Guillier y las senadoras (Yasna) Provoste y (Ximena) Rincón. En él se obliga a los sacerdotes y a otras entidades religiosas a denunciar habiendo un abuso.

Este “caradurismo” que hemos visto al interior de las iglesias y el ocultamiento de esta verdad, buscando la prescripción para ocultar estos horrores que han tenido que vivir miles de miles de personas, nos motivó a llevar adelante este proyecto para obligar a denunciar los abusos contra un o una menor de edad. Debo reconocer que en paralelo un tiempo antes lo presentó el diputado Karim Bianchi.

-A propósito de prescripciones e impunidad, acaban de archivar el expediente de Penta y muchos otros casos de corrupción en platas políticas por falta de querella del SII. ¿Qué le parece?

-Lo peor, lo más triste, lo más espantoso de esto, es que se sabía absolutamente cómo terminaría esta obra de teatro, esta telenovela o cómo se llame. Ha sido una de las peores que hemos tenido que presenciar; por un lado el dramatismo, la exposición mediática de distintos actores, con una fiscalía cuyo juicio me ahorro, que dejó de lado a los fiscales adjuntos, que hacen el verdadero trabajo -por ellos me saco el sombrero-, pero claramente a nivel de la Fiscalía y de quienes dirigen algunas instituciones uno constata que hay efectivamente intereses cruzados y con profunda desazón veo cómo existen estos arreglines, donde al final la gente lo que aprecia es que hay gente que es absolutamente intocable.

Disculpe que sea autorreferente, pero debo serlo. Consta en el Servel que de los 38 senadores que hubo en su momento, uno solo tuvo cero financiamientos de aportes reservados, que soy yo. Esto acredita que no “todos” los políticos son corruptos o han recibido plata de las empresas, eso no es así. Me revuelve el estómago ver esta descomposición de los poderes, de los abusos, de tapar y permitir que exista esto, a vista y paciencia de todo un país. Al final la memoria es corta y se olvidan estos procesos y terminan en la nada.

-La crisis que viven las instituciones, como usted dice, ha permitido un rebrote de populistas muy ligado al pinochetismo negacionista, lo que en otros países estaría penado legalmente. ¿Le preocupa esto?

-Sí, me preocupa extraordinariamente el descrédito de las instituciones en general, religiosas, judicial, fiscalías, políticos, empresariados, etc. Estamos asistiendo realmente a un movimiento de placa tectónica, donde tiene que haber un recuadro en el cuestionamiento, en cambiar la forma en que todo esto se vino haciendo históricamente y eso lo aplaudo y felicito, porque a veces es necesario tocar fondo para poder salir.

Pero por el otro lado qué hacemos frente a todas las instituciones que están desacreditadas. Aparecen algunos inventores del café con leche, donde vemos movimientos jóvenes que lo que hacen es enrarecer el ambiente. También vemos estos sectores de ultraderecha que son abiertamente provocadores y no puedo compartir a los extremos, del lado que sean. Lo mismo las dictaduras, del lado que sean.

Lo que no podemos aceptar, y lo estamos aceptando, es que aparezcan estos grupos pequeños que están contaminando el aire de convivencia social, llevando a enfrentamientos que en nada contribuyen a la armonía nacional. Aparecen exaltados líderes, como un exdiputado y excandidato presidencial que más allá de su mediatez y de su liviandad en tratar algunos temas y la forma en que es capaz de auto infringirse daño, es un tipo provocador. Por lo tanto, esas personas así que pueden liderar algunos grupos extremos, le hacen un profundo daño a la sociedad chilena, son intolerables, del lado que sean.

-El país vive además una crisis ética fuerte de negacionismo en materia de DDHH. Una de ellas es la situación del subsecretario Luis Castillo, ligado éticamente al ocultamiento de evidencias en el asesinato de un expresidente de la República. ¿Cuál es su posición al respecto?

- Me quedo con lo ético y lo moral. Esto no es un tema jurídico porque no tiene ninguna acusación, pero se conoce cómo fue el ocultamiento de la información. Este es un hecho moral, ético, en que el gobierno ha intentado proteger de alguna manera por el probable daño que pudiere ocasionarle en lo político, pero soy de la tesis que si algo le provoca daño es la protección que el propio gobierno le ha dado al subsecretario y donde debiera haber un juicio del propio subsecretario que debiera reflexionar sobre la responsabilidad moral que pudo o no tener, hacia adentro, hacia la persona para saber si en la mañana se pudo levantar negándose frente a un hecho real.

Aquí debiera haber un entendimiento final para no seguir profundizando estas heridas que en nada contribuyen a la convivencia por la protección a uno u otros actores. El Presidente, en un carácter de estadista, debiera entender que el Estado necesita paz y convivencia interior. Sacarlo o no, no es lo prioritario, lo importante es que pueda gobernar con la moral en alto en estos temas de DDHH y esta situación debiera también hacer entender al subsecretario si debiera seguir o no, más allá de las conveniencias políticas.