Entrevista que aparece publicada en el Semanario Cambio21

Por Alfredo Peña R.

Un agitado 2020 tuvo el senador Jorge Pizarro como presidente de la Comisión de Hacienda del Senado y la presidencia del Parlamento Latinoamericano.

Antes de iniciar una nueva ronda de reuniones parlamentarias del Parlatino, tuvimos la ocasión de evaluar lo ocurrido en el país en el 2020 centrado en los efectos económicos del Covid19 y las proyecciones sobre la reactivación de la economía para este 2021, que por un lado se ve impactada por el rebrote de la pandemia, pero también se ve alentada por el masivo proceso de vacunación.

Con esas complejidades sanitarias que rodean la situación del país tuvimos la conversación con el senador Jorge Pizarro sobre lo ocurrido en 2020 y las proyecciones para 2021.

¿Los datos de desempleo e IMACEC muestran un estancamiento de la recuperación en diciembre, cómo ve la reacción del Gobierno frente a este nuevo escenario?
La situación sanitaria marcará el año 2021, es claro que estamos viviendo un rebrote de casos positivos de covid19 y que impactaron la actividad en diciembre con una recuperación que se estanca y también ocurrirá en el primer trimestre 2021.

El Gobierno debiera ser más realista y no transmitir un optimismo que no se sustenta en los datos. La economía cayó -6% en 2020, los empleos perdidos en 12 meses llegan a 1.060.000 empleos según INE –para centro UC esa cifra llega a 1.760.000 empleos menos en 12 meses- y esa pérdida de empleos viene de sectores como comercio, hotelería, gastronomía, industria cultural, servicios, construcción. Estos sectores económicos requieren apoyos directos y subsidios y no tanto, créditos vía FOGAPE.

Es por eso que planteamos que ante una economía que anda lenta se requiere un fuerte impulso fiscal 2021 –recursos que están en ley de presupuesto 2021 y la evaluación de un mayor gasto fiscal de ser necesario como lo plantea OCDE para Chile-, pero vemos mucha lentitud y burocratización en el Gobierno para ejecutar esa mayor inversión pública.

AL respecto sobre la lentitud, usted denunció que aún no se implementaba la ley 21.299 que permite postergar créditos hipotecarios. ¿Qué otras áreas gubernamentales ve usted con lentitud?

Es incomprensible que una ley que se promulgó el 4 de enero que permitió postergar créditos hipotecarios con garantías estatales y ya estamos en segunda semana de febrero y recién se publicó el reglamento que hace operativa la ley. 

También es incomprensible la lentitud para ejecutar la inversión pública donde el 2020 sólo se ejecutó el 84,9% de los recursos. Con excepción del Ministerio de Vivienda, los ministerios inversores como MOP, Gobiernos Regionales, MINEDUC tuvieron una muy baja ejecución. La región de Coquimbo tuvo la peor ejecución de la inversión regional con apenas un 79% de ejecución 2020.

En materia de apoyos sociales nos preocupa que la implementación de IFE 2021 incorporó un proceso de postulación mensual vía Internet para las familias del 40% más vulnerable que significó una caída de 1,0 millón de familias que este enero no accedieron al IFE 2021, pero que en septiembre 2020 si tenían acceso al IFE.

Los apoyos sociales en 2021 no deberían sufrir recortes por esta vía de convertir la postulación mensual vía Internet en una barrera de acceso al IFE 2021. Esto es preocupante porque un estudio del Banco Central muestra que la mayoría de las familias chilenas –con excepción del 20% más vulnerable- sobrevivieron el 2020 con los 2 retiros del 10% de los ahorros previsionales y el aporte fiscal fue escaso.

El impulso fiscal 2021 que usted plantea está en ley de presupuesto 2021, ¿cuáles son los programas que Gobierno debería acelerar su ejecución?
Para este 2021 el presupuesto en inversión pública es cercano a US$ 11.800 millones que de ser ejecutado por Vivienda, MOP; Gobiernos Regionales en proyectos que mejoren la infraestructura competitiva, en obras para enfrentar la escasez hídrica y en iniciativas que ayuden a diversificar la matriz productiva del país sería un potente impulso para tener un desarrollo más sustentable y más empleos.

Pero preocupa la lentitud y burocracia de este gobierno que no ejecuta adecuadamente la inversión pública, especialmente en el MOP que tiene una preocupante lentitud en EJECUTAR la inversión ya que eso genera reactivación de la cadena productiva que está llena de PYMES y también de los empleos.

En ley de Presupuesto dejamos en la ley que Congreso recibirá información mensual de los proyectos de inversión, su localización, su nivel de avances, empleos que genera; esperamos que ministerios inversores estén a la altura del desafío de ejecutar esa inversión.

Nos preocupa la situación del subsidio al empleo SENCE que se le asignó un presupuesto de US$ 2.200 millones, pero no se están creando nuevos empleos formales –sólo 61% de los creados 2020 son formales según INE-, entonces la demanda por subsidios al empleo no ha sido la esperada por el Gobierno.

En último trimestre los subsidios al empleo significaron sólo un gasto fiscal de US$ 46 millones, en presupuesto 2021 hay US$ 2.200 millones y esperamos que MINTRAB –cumpla la glosa de ese programa- y convoque a la CUT y a CPC para que como Consejo Superior Laboral envíen un informe común con propuestas para mejorar la implementación de esta política pro empleo que empieza a tener dificultades de diseño.

¿En este desafío macro que rol le asigna al sector privado?
Ellos debieran adelantar inversión, confiar en el país, apostar al diálogo social e iniciar un ciclo de inversión en innovación y ciencias en coordinación con las Universidades en regiones que nos permita salir del estancamiento en productividad que arrastramos en la última década.

El futuro requiere un sector privado más innovador, con capacidad de diálogo al interior de las empresas, pero también con los actores sociales que están en los territorios, que se juegue por mayor equidad y más innovación.

El país y su futuro requieren una fuerte renovación de prácticas y estilos en mundo empresarial donde podamos coincidir por ejemplo en la urgencia de la diversificación de la matriz productiva como un desafío común que tenemos como país.


Hay una incapacidad de la derecha de reconocer y dialogar con los actores sociales

¿Cómo se ayudará a las pequeñas empresas de turismo y de cultura que han sido afectadas por la pandemia y no acceden al FOGAPE?
Las pequeñas empresas del turismo, la cultura, la gastronomía, la hotelería entre otras son las más afectadas por esta menor actividad económica. Las pocas que pudieron acceder al FOGAPE hoy no tienen ingresos para empezar a pagar el crédito, otros sobrevivieron con los retiros del 10% de las AFP’s y requieren apoyos directos vía subsidios u otros programas de fomento productivo.

En el presupuesto 2021 hay $96.000 millones para apoyar a las pequeñas empresas de estos rubros según quedó definido en la glosa y además en Ministerio de la Cultura hay otros $18.000 millones para reactivar las actividades culturales y lamentablemente vemos que los Ministerios de Economía y Cultura no han dialogado con los gremios respectivos para apurar la ejecución de estos recursos que ayudarán a miles de pequeñas empresas.

Se creó por ley una Mesa de diálogo de Economía y Hacienda con los gremios PYMES para dialogar sobre como ejecutar estos recursos y esa Mesa –según los dirigentes PYMES- no hay diálogo sino sólo monologo del Gobierno.

Salir de la crisis requiere acción coordinada como lo mostró el plan de vacunación donde se unieron MINSAL, Municipios y gremios de la salud pública para que este funcionará; pero para diseñar e implementar un programa de apoyo a las pequeñas empresas del turismo, la cultura, la gastronomía los Ministerios respectivos no dialogan y ningunean a los gremios.

Es lamentable la incapacidad de la derecha de reconocer y dialogar con los actores sociales para salir de esta crisis social y económica.

Hay una diversidad de pequeñas empresas. Unas pueden acceder al FOGAPE pero la mayoría no y ellas requieren este apoyo directo que no está ocurriendo, espero que esta lentitud no sea por motivos ideológicos.

¿Por qué –a su juicio- la derecha no comprende a cabalidad esta heterogeneidad productiva que se mostró fuerte en 2020?
En su momento el ex ministro Mañalich dijo que jamás pensó que era tanto el hacinamiento y desigualdad en que vivían las familias. En el sector productivo algunas autoridades creían que Chile era un país de puros ‘winners’ y emprendedores tecnológicos, pero el Chile real es más complejo y diverso. Por eso es incomprensible lo de la CORFO que les haya dado un portazo a los investigadores y expertos de las Universidades chilenas para desarrollar el Instituto de Tecnologías Limpias porque eso afecta la capacidad de innovación y desarrollo del país que pareciera no interesar a la CORFO.

Se lograron unir Universidades públicas como la U de Chile con la Católica, con la Universidad del Norte, con la SONAMI, con investigadores de punta para implementar este Instituto y el Gobierno opta por un Consorcio externo y desdeña de desarrollar capacidad nacional, eso es incomprensible. Espero que se rectifique esa mala decisión que afecta nuestro desarrollo potencial.

No podemos seguir invirtiendo 0,34% del PIB en Innovación y Ciencias, que todos los años es recortado y luchamos para que se reponga y al final estamos donde mismo con el 0,34% de inversión en Innovación y así nadie es desarrollado en el mundo moderno. Espero que a la brevedad se informe al Congreso los programas de Innovación y Ciencias en que se ejecutarán los $67.000 millones repuestos al Ministerio de Ciencias repuesto en ley de presupuesto 2021.

En enero la Comisión de Hacienda del Senado se abocó a despachar la Comisión Mixta del proyecto de ley de Agentes de Mercado. ¿Cuáles fueron los avances para los consumidores?
Tuvimos una larga discusión en la Comisión Mixta, como Oposición propusimos diversas fórmulas para proteger a los consumidores y creo que tuvimos importantes avances, incluso en algunos casos coincidiendo con parte del oficialismo. En materia de seguros asociados a las operaciones de crédito se aprobó una indicación del senador Lagos y el diputado Ortiz que estableció como regla general que en el otorgamiento, renegociación o repactación de operaciones de crédito de dinero, no se podrá contratar en el mismo acto o de manera conjunta seguros distintos de aquellos que tengan por objeto asegurar el pago de la deuda al acreedor o la protección de los bienes dado en garantía. Todo esto lo establecerá la CMF en una norma.La única posibilidad de que puedan ofrecerse seguros no relacionados o que no tengan por fin pagar el crédito que se contrate en conjunto con el seguro, es mediante la ratificación escrita y personal del deudor. Así, todo seguro que se contrate con una operación de crédito deberá ser ratificado en el plazo de 30 días, si no lo ratifica entonces se entiende por no contratado. 

También aprobamos una indicación del diputado Jackson que crea un sistema de consulta de seguros, digital, interconectado en tiempo real y automático, de acceso remoto y gratuito, que será administrado por la Comisión para el Mercado Financiero.  Esto dará transparencia a un sistema de seguros que ha abusado con tanta asimetría.
Además, este proyecto estableció que la CMF deberá regular las comisiones fantasmas y que los cobros estén acotados por la tasa máxima convencional, así evitaremos cobros abusivos que perjudican siempre a las familias más vulnerables.

Estos avances puede que sean cuestionados por la industria, que anuncia catástrofes, desbancarización, efecto en tasas de interés, pero aquí se da un paso en limitar abusos, en resguardar los derechos de los consumidores y generar una mejor normativa.

Otro avance fue introducir el incentivo económico para “los denunciantes anónimos” de los delitos económicos, que es una importante herramienta para combatir la corrupción y los delitos económicos que están afectando la legitimidad de nuestra democracia y no es pone en línea con los países OCDE.

Espero que la Cámara de Diputados apruebe este informe de la Comisión Mixta y sea ley a la brevedad porque favorecerá a miles de consumidores.

Somos una opción real de gobernabilidad para el país, como alternativa a la derecha

En el terreno político. ¿Qué espera para este 2021 en materia de unidad opositora para enfrentar la elección presidencial de noviembre?

Aquí en el Senado, los senadores de oposición hemos actuado unidos para cuestionar las malas políticas de la administración Piñera. Pero este 2021 tenemos la responsabilidad de generar una alternativa opositora con el máximo de unidad posible y por eso, trabajaremos para que en las primarias presidenciales del 4 de julio tengamos un debate programático de alturas –mostrando que podemos hacer un mejor gobierno que la derecha- y una candidatura presidencial común y movilizadora como Oposición.

Aquí estos 3 años hemos mostrado capacidad de gobernabilidad, capacidad de propuesta como oposición en temas complejos como la reforma de las pensiones, una política fiscal más activa ante la crisis , la necesidad de avanzar hacia un sistema tributario más progresivo, en priorizar la inversión pública en Innovación, Ciencias, Cultura y una Educación Pública de Calidad, en una real reforma a Carabineros; por eso, creo que el 4 de julio tendremos unas Primarias presidenciales abiertas y ciudadanas donde la centroizquierda debe mostrarle al país que es el camino de la colaboración y la unidad la que puede generar un gobierno distinto y mejor a las alternativas de derecha que ofrecerán “más de lo mismo”.

Estoy convencido que tendremos unas masivas primarias el 4 de julio y mostraremos que somos una opción real de gobernabilidad para el país, como alternativa a la derecha