La defensa del exjugador del Fútbol Club Barcelona Dani Alves -acusado de haber violado presuntamente a una joven en una discoteca de la ciudad condal el pasado 30 de diciembre- niega que exista riesgo de fuga y reprocha a la Audiencia de Barcelona, que acaba de confirmar su prisión provisional (ratificando la decisión que adoptó la titular del Juzgado de Instrucción número 15), que haya hecho prevalecer los argumentos policiales y que demore hasta el juicio la valoración de los expuestos para sacarle de la cárcel.

En un comunicado, el despacho del abogado Cristóbal Martell -que ejerce la defensa de Alves- responde a los argumentos del tribunal, que esgrime el riesgo de fuga para mantenerle privado de libertad (con Brasil no hay acuerdo de extradición) y hace hincapié en que "su voluntad de abandonar España y eludir el proceso era y es inexistente".

Además, el equipo jurídico que defiende al exinternacional brasileño critica por "asimétrica" la resolución de la Audiencia de Barcelona que ha desestimado sus argumentos para poner en libertad a Alves (la posibilidad de un control telemático y la adopción de medidas cautelares menos graves como la retirada de pasaporte y la prohibición de salir de España para tener garantías de que no eludirá la acción de la Justicia española).

Según su letrado, el tribunal "utiliza como indicios las afirmaciones de cargo que ofrece el atestado policial" y, sin embargo, "los elementos de descargo que ofrece la defensa" los "difiere" para el momento en que se celebre el juicio.

Las propuestas de su abogado
En su recurso, ahora desestimado, el abogado del ex jugador blaugrana solicitó su libertad provisional con la obligación de comparecer periódicamente en los juzgados y de comunicar cualquier cambio de domicilio para facilitar su localización. Además, estaba dispuesto a entregar el pasaporte para conjurar el riesgo de fuga.

Asimismo, Martell propuso que se le impusiera la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la mujer que le denunció por agresión sexual, así como de su domicilio y lugar de trabajo. Igualmente, que se le prohibiera comunicarse con ella por cualquier medio. En ese empeño por eludir la prisión provisional, su defensa también ponía sobre la mesa la posibilidad de instalarle una pulsera telemática para geolocalizar su posición en todo momento y, de forma subsidiaria, reclamaba la imposición de una fianza para recuperar la libertad.