La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este miércoles una actualización de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Pidió la libertad del diputado Juan Requesens, informó que su oficina logró visitar a más de 70 personas encarceladas por el régimen de Nicolás Maduro y estableció nueve áreas de cooperación técnica con instituciones del gobierno. También afirmó que su oficina ha seguido documentando presuntas ejecuciones extrajudiciales de las FAES.
La ex presidenta de Chile especificó que “tras su última actualización oral el 20 de septiembre", firmó una "Carta de Entendimiento junto con el Canciller del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que establece los términos de cooperación por un periodo renovable de un año. Esta carta formaliza la presencia de dos oficiales de derechos humanos en Venezuela, concediéndoles acceso a todo el territorio, incluyendo a centros de detención”, comienza su actualización Bachelet.
Y agrega: “Asimismo, la Carta de Entendimiento establece nueve áreas de cooperación técnica con instituciones del Estado, incluyendo la colaboración con el sistema de las Naciones Unidas en el país. Finalmente, contempla el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil en la promoción de los derechos humanos”.
La Alta Comisionada enfatizó en que su oficina y las autoridades venezolanas “han acordado un plan de trabajo conjunto para desarrollar las actividades de cooperación técnica. Para su implementación, se estableció un Comité de Coordinación inter-institucional que se reúne dos veces al mes, con gente de mi oficina. En este contexto, mi oficina organizó dos talleres de capacitación para funcionarios/as del Estado que guiarán, durante el segundo semestre de 2020, el proceso de creación de un mecanismo nacional de seguimiento de recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos y la adopción de una metodología participativa e inclusiva para la formulación del Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos”.
“También hemos recabado información de los organismos de justicia, seguridad y sistema penitenciario, así como de la Defensoría del Pueblo, con el fin de proporcionar, a partir del primer trimestre de 2020, asistencia técnica en materia de prevención de la tortura, investigaciones de ejecuciones extrajudiciales y la situación relativa a los centros de detención preventiva. Mi oficina agradece la apertura de las autoridades para revisar el nivel de avance en las investigaciones de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operativos de seguridad y de las muertes en protestas de 2017”, enfatiza Bachelet.
Luego sostuvo que tomó nota “de la nueva solicitud de las autoridades venezolanas al Relator Especial sobre la repercusión negativa de las medidas coercitivas unilaterales y al Relator Especial sobre el derecho al desarrollo para que realicen una visita al país en 2020” e instó a las autoridades a que extienda la solicitud a un tercer mandato, “con base a los compromisos acordados”.
“En los últimos tres meses mi oficina ha realizado nueve visitas a centros de detención gestionados por el Ministerio de Servicios Penitenciarios y el Ministerio de Defensa. El equipo logró entrevistar de manera confidencial a más de 70 personas privadas de libertad. Agradezco la cooperación de ambos ministerios y reitero la solicitud de visitar los centros de detención de los servicios de inteligencia civil y militar en el corto plazo”, señaló.
También dijo que su oficina “ha documentado 118 casos de personas privadas de libertad (109 hombres y nueve mujeres), que requieren de una respuesta urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, falta de ejecución de boletas judiciales de excarcelación, y/o falta de excarcelación por cumplimiento de pena. Estos casos se han puesto a consideración del Comité de Coordinación inter-institucional. Destaco la excarcelación en septiembre y octubre de 28 personas (24 hombres y cuatro mujeres) privadas de libertad por motivos políticos e insto a las autoridades a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos, incluyendo a militares. Reitero mi llamada para que se continúe dando cumplimiento a las opiniones del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria y, en consecuencia, se otorgue libertad plena al diputado Juan Requesens”.
Por último, recordó que este mes se inició el juicio por el intento de magnicidio contra el Presidente Maduro, “por el cual están siendo juzgados 14 hombres y tres mujeres. En las primeras sesiones solo se permitió el acceso de las partes y algunos familiares a la sala de la audiencia. Restricciones similares se presentaron en la primera audiencia de juicio en contra del que era director del despacho de la presidencia de la Asamblea Nacional, Roberto Marrero. Insto al poder judicial a garantizar el derecho a un juicio justo, incluyendo el derecho a la defensa y el principio de publicidad”.
