El enfrentamiento diplomático entre México y Perú escaló con la declaración del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador como persona non grata por parte del Congreso peruano. 65 votos a favor, 40 en contra y dos abstenciones sellaron la decisión.

La medida se tomó como respuesta a las constantes declaraciones de AMLO sobre el tema político interno en la nación sureña desde la salida del expresidente Pedro Castillo, al que AMLO considera que fue depuesto. También se tuvo en cuenta la negativa del gobierno de México de traspasar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Lima.

“El pueblo peruano no acepta actos de injerencia e intromisión en nuestra soberanía”, expresó María del Carmen Alva, parlamentaria conservadora que votó en favor de la moción. Más adelante enfatizó que el gesto era “político”. Sin embargo, aclaró ante el reclamo de los parlamentarios de izquierda que "las relaciones con México no han sido afectadas".

"Lo único que está sucediendo aquí es que el presidente mexicano no está reconociendo a nuestra presidente (...) no se va a afectar nunca las relaciones comerciales y bilaterales", arguyó Alva.

Como paso previo a la votación de este jueves, la Comisión de Relaciones Exteriores había rechazado las repetidas intromisiones del mandatario norteamericano, llamando también al Ministerio de Interior y de Exteriores para que se tomaran las medidas necesarias para que AMLO no pisara suelo peruano.

El documento resultado de la reunión enfatizó que el jefe de Estado mexicano realizó declaraciones públicas “cargadas de falsedades”, tildándolas de “injerencistas, irresponsables e ideologizadas”. También recalcó que “desconoce la sucesión legítima constitucional” por la que la actual mandataria llegó al poder.

López Obrador reaccionó a este cónclave agradeciendo la medida y arguyendo que la declaración de persona non grata era un orgullo para él.

Las relaciones exteriores mexicanas son consideradas como un modelo a seguir por distintas escuelas de la diplomacia mundial. La doctrina Estrada, es una de las joyas de la corona del proceder exterior mexicano, dando preponderancia a la libre determinación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos de otros países, más si estos provienen de procesos revolucionarios.

A pesar de esta política, el presidente mexicano no se ha medido en calificativos ni declaraciones contra el actual Gobierno de Perú. Días atrás, AMLO calificó a su homóloga como una “usurpadora”. El mandatario se basa, sin antes mencionar que no interviene en los asuntos internos, en que Dina Boluarte no fue electa por los peruanos y que debe devolver la presidencia “al que ganó una elección libre y democrática”.

Incluso niega la entrega de la dirección de la Alianza del Pacífico porque Boluarte no es la presidenta “legítima del Perú”.

Obrador ha dicho en más de una ocasión que Castillo fue depuesto por un ´poderoso sector del Congreso peruano. Incluso su país, uno de los pioneros en el otorgamiento del asilo político, resguarda a la esposa y a los hijos del expresidente.

Antecedentes del enfrentamiento diplomático

Ante el intento de cese del Congreso por parte del entonces presidente Pedro Castillo, instituciones y organismos nacionales declararon su rechazo al decreto y tacharon la medida como un presunto intento de golpe de Estado. Castillo fue detenido y presentado a las autoridades.

En su lugar asumió Dina Boluarte, quien se desempeñaba como su vicepresidenta. Acto seguido los seguidores del mandatario depuesto se lanzaron a las calles, protagonizando fuertes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Más de 60 personas perdieron la vida.

Esto generó la condena de parte de la comunidad internacional, entre ellos México y Colombia, naciones que, si bien Bogotá ha bajado el tono, no han parado de denunciar las condiciones en la que Pedro Castillo fue apartado de su cargo.