La policía de Nicaragua detuvo al obispo Rolando Álvarez y otros sacerdotes, luego de que las autoridades del régimen de Daniel Ortega, en la foto, lo acusaran de una presunta "organización" de "grupos violentos".

Según Infobae, la diócesis Matagalpa denunció el arresto y el abogado del Comité Permanente de Derechos Humanos comentó que "ha ocurrido lo que evidentemente iba a ocurrir, la detención arbitraria y abusiva de Monseñor Álvarez".

Cabe señalar que, en el marco de las acusaciones, la policía nicaragüense había informado que no iban a permitir que los párrocos salieran de sus casas mientras se realizaban las indagaciones.

Carlos Chamorro, periodista nicaraguense, informó que "la policía asaltó la curia episcopal de Matagalpa está madrugada. Se llevaron secuestrado a Monseñor Rolando Álvarez en una camioneta, con rumbo desconocido. Los demás sacerdotes y laicos fueron llevados en vehículos separados. En la cura solamente quedó monseñor Oscar Escoto".

Nicaragua concede arresto domiciliario al expresidente de la cúpula patronal

En tanto, un tribunal concedió el régimen de arresto domiciliario por motivos de salud al economista José Adán Aguerri Chamorro, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal patronal de Nicaragua, condenado a 13 años de prisión por delitos considerados "traición a la patria".

Un tribunal de justicia ordenó que Aguerri cumpla en su casa la condena impuesta por el juez Félix Salmerón Moreno, informó la emisora La Primerísima, de perfil sandinista, que aseguró que el judicial aceptó la petición de los abogados del dirigente empresarial, porque Aguerri sufre problemas de salud que requieren un cuidado cercano y permanente.

Una fuente de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, a la que pertenece Aguerri, confirmó a Efe que el empresario, detenido desde el 8 de junio del año pasado, ha sido enviado a su cada a cumplir su pena bajo el régimen de convivencia familiar.

El 3 de marzo de 2021, el juez Quinto de Distrito Penal de Juicio de Managua, Félix Salmerón Moreno, a cargo del caso, impuso una pena de 13 años al dirigente empresarial por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad.