La justicia de Florida, Estados Unidos, emitió una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro, de 95 años, por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles ocurrido en 1996, un episodio que provocó la muerte de cuatro personas.

La medida fue anunciada este lunes 19 de octubre por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien confirmó la presentación de una acusación estatal por conspiración para cometer asesinato en primer grado.

La nueva acción judicial se suma a los cargos presentados en mayo por las autoridades federales estadounidenses, que también responsabilizan al exmandatario de haber participado en la planificación del ataque contra aeronaves de la organización Hermanos al Rescate.

¿Por qué Florida ordenó detener a Raúl Castro?
La acusación se relaciona con los hechos del 24 de febrero de 1996, cuando aviones militares cubanos derribaron dos aeronaves civiles que sobrevolaban aguas internacionales cerca de Cuba.

Según la investigación estadounidense, Raúl Castro ocupaba entonces el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y habría autorizado la operación militar que terminó con la destrucción de las avionetas.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal James Uthmeier anunció la decisión de avanzar con una acusación independiente de la investigación federal.

“Estamos anunciando cargos estatales contra Raúl Castro, junto con una orden de arresto por conspiración para cometer homicidio en primer grado”, señaló el fiscal, según consignó Deutsche Welle.

Uthmeier también responsabilizó directamente al exgobernante cubano por las muertes y aseguró que las autoridades de Florida continuarán buscando que responda ante la justicia.

La orden de arresto fue firmada por la jueza Ariana Fajardo Orshan, del Undécimo Circuito Judicial de Florida.

El ataque de 1996 que terminó con cuatro personas fallecidas
Las aeronaves pertenecían a Hermanos al Rescate, una organización de exiliados cubanos establecida en Miami que realizaba vuelos para localizar y auxiliar a personas que intentaban abandonar Cuba por mar.

El día del ataque, tres avionetas Cessna desarmadas despegaron desde Florida. Sin embargo, dos fueron alcanzadas por misiles disparados desde cazas MiG cubanos, mientras que una tercera aeronave logró escapar.

Los cuatro ocupantes de los aviones destruidos fallecieron. Las víctimas fueron identificadas como Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr.

De acuerdo con la Fiscalía de Florida, los aviones se encontraban fuera de las aguas territoriales cubanas cuando fueron atacados.

La investigación también sostiene que integrantes de una red de inteligencia cubana se infiltraron en la organización y entregaron información sobre sus planes de vuelo, lo que habría facilitado la operación militar.

Raúl Castro enfrenta acusaciones estatales y federales
La nueva orden judicial representa un avance adicional en un caso que lleva 30 años y que fue reactivado por las autoridades de Florida.

En mayo de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya había anunciado una acusación federal contra Castro y otros involucrados, que contempla cargos por asesinato, conspiración y destrucción de aeronaves.

Ahora, la justicia estatal de Florida busca establecer responsabilidades mediante un procedimiento independiente.

El fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, respaldó la decisión y explicó que ambos procesos pueden desarrollarse de manera paralela, debido a que corresponden a distintas jurisdicciones.

No obstante, todavía existe incertidumbre sobre la posibilidad de que Raúl Castro comparezca ante un tribunal estadounidense, considerando que permanece en Cuba y que su eventual detención dependería de las circunstancias en que pudiera ejecutarse la orden.

La decisión se produce en medio de un nuevo período de tensiones diplomáticas entre Washington y La Habana, marcado por el endurecimiento de las sanciones estadounidenses contra el Gobierno cubano.

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha rechazado las acusaciones federales relacionadas con este caso, calificándolas como una maniobra de carácter político.