Foto: Rafael Correa

La Corte Nacional de Ecuador tiene elementos de convicción suficientes para acusar al expresidente Rafael Correa del secuestro de un exasambleísta de oposición, en donde arriesga de cinco a siete años de cárcel. 

Según el diario El País de España, la jueza Daniella Camacho decidió este miércoles hacer el llamado oficial a juicio contra el exmandatario y contra los policías que ejecutaron la orden de secuestrar en 2012 al político de oposición Fernando Balda.

Desde un inicio, el caso fue considerado por la Fiscalía como un crimen de Estado al haberse utilizado dinero público para cometer el delito. En cambio, Correa siempre ha defendido ser víctima de persecución política y ha montado en los últimos meses una campaña paralela para desacreditar la decisión judicial.

El caso Balda, -en referencia al legislador secuestrado- es la primera acusación que enfrenta el ex mandatario ecuatoriano, aunque tiene otras causas abiertas en fase de investigación. Pese al llamamiento oficial, Correa no irá a juicio ya que la normativa penal ecuatoriana no permite, salvo excepciones, que el proceso judicial avance en ausencia del acusado.

Al tratarse de un delito de secuestro, el juicio quedará suspendido para Correa a menos que se entregue voluntariamente o sea detenido. 

La Corte Nacional dictó en julio una orden de prisión preventiva, que el expresidente se negó a cumplir, refugiándose en Bélgica, donde reside desde que dejó la presidencia de Ecuador. También se solicitó la detención internacional a Interpol, pero el organismo policial aún no ha informado si aprueba o rechaza la petición.

Antes de conocer la decisión de la Corte,  Correa publicó un último mensaje en el que insistía en la teoría del montaje: “El caso Balda es una farsa y todo es persecución política, porque no pueden derrotarnos en las urnas. No se preocupen por mí preocúpense por la patria”.

El proceso judicial sí continuará contra los dos policías implicados: los agentes Diana Falcón y Raúl Chicaiza, quienes están en prisión preventiva y, tras declarar en contra de Correa, fueron incluidos en el programa de protección de testigos.

El otro implicado que fue llamado a juicio, el jefe del servicio de Inteligencia durante el Gobierno correísta, Pablo Romero, tampoco podrá ser juzgado, pues fue detenido y después liberado en junio en España.

Según la investigación, la implicación de Correa en el intento de rapto de Balda se justifica en que el expresidente estaba en la cúspide de una cadena de mando que ordenó secuestrar al político de oposición en Bogotá, hace seis años, utilizando dinero público como pago. Balda había sido previamente condenado por calumnias contra el ex mandatario ecuatoriano y estaba prófugo de la justicia en Colombia.

La jueza Daniella Camacho tomó en cuenta, para hacer el llamado a juicio, las declaraciones de los policías procesados que aseguraban haber seguido órdenes del jefe de Inteligencia para contratar el secuestro en Colombia con dinero público y que éste obedecía al entonces presidente de Ecuador.

Correa habría decidido pedir asilo político en Bélgica, país en el que reside tras dejas la presidencia de su país. La esposa del ex mandatario es de nacionalidad belga.