La Fiscalía de Bolivia informó este miércoles de que iniciará un proceso penal contra el expresidente Evo Morales por un presunto fraude electoral cometido en las elecciones del 20 de octubre, raíz de la crisis política en la que está inmerso el país andino.

“Hemos recibido la información de que han abierto un nuevo caso en contra de las exautoridades en relación al fraude electoral”, ha indicado el fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, aludiendo a la Fiscalía de La Paz, según recogió la agencia de noticias boliviana ABI.

El proceso también está dirigido contra su exvicepresidente, Álvaro García Linera, y los exministros Juan Ramón Quintana, Carlos Romero y Héctor Arce.

El expresidente boliviano Carlos Mesa presentó una denuncia contra el líder indígena por delitos electorales en los comicios de octubre, a los que concurrieron los dos. En concreto, la denuncia señala a Morales, Quintana, Romero y Arce como “autores intelectuales” del “gigantesco fraude”. La Fiscalía remitió el lunes la denuncia a la Fiscalía de La Paz para que iniciaran una investigación sobre el caso.

Después de conocer la decisión, Mesa ha expresado que “el gigantesco fraude” en las elecciones de octubre “costó vidas, bienes públicos y más de 217 millones de bolivianos (más de 29 millones de euros)”. “Bolivia no permitirá que los autores del fraude queden impunes”, aseveró a través de la red social Twitter.

Morales se proclamó vencedor de las elecciones presidenciales, en las que buscaba un cuarto mandato, pero Mesa, que quedó segundo según los resultados oficiales, denunció un “fraude gigantesco”.

Las partes accedieron a que la Organización de Estados Americanos (OEA) realizara una auditoría con la que detectó “irregularidades”. Morales dimitió el 10 de noviembre en medio de una ola de violencia que dejó más de 30 muertos. Jeanine Áñez, entonces ‘número dos’ del Senado, se proclamó presidenta interina para llenar el vacío de poder.

El expresidente ya está siendo investigado por otros presuntos delitos. El Gobierno de Áñez ha denunciado a Morales ante los tribunales bolivianos por sedición y terrorismo y ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de lesa humanidad por ordenar a sus simpatizantes que sitiaran importantes ciudades como El Alto en el marco de la violencia postelectoral.