La Fiscalía del Tribunal Supremo acusa a los líderes del proceso soberanista catalán de un delito de rebelión y pide para ellos penas de hasta 25 años de prisión:  25 para Oriol Junqueras, 16 años para cada uno de los cinco exconsellers presos y 17 para los líderes de la ANC y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell. 

En concreto, la Fiscalía considera a Junqueras, los 'Jordis', a Forcadell y al exconseller del Interior, Joaquim Forn, líderes o "jefes" de la rebelión del proceso independentista en Cataluña.

Las de este viernes son las conclusiones provisionales que ambas Fiscalías han emitido tras la apertura del juicio oral a los líderes el 'procés' en el Supremo el pasado 25 de octubre. Acusaciones que contradicen a las emitidas este mismo viernes por la Abogacía del Estado, quien rebaja la acusación al delito de sedición, que implica menores penas de cárcel, al considerar que no hubo violencia en el 'procés'.

Pero la Fiscalía del Tribunal Supremo considera, sin embargo, que el plan secesionista de los acusados "contemplaba la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida la violencia necesaria", valiéndose para ello de "la fuerza intimidatoria" de la "actuación tumultuaria" llevada a través de las grandes movilizaciones ciudadanas, así como "el uso de los Mossos d'Esquadra como un cuerpo policial armado e integrado por unos 17.000 efectivos" a la orden "exclusivamente de sus instrucciones".

Penas para los exconsellers y los líderes de la ANC

La pena más alta que pide la Fiscalía es para Junqueras por considerar que en el delito de rebelión también estuvo implicado uno de malversación de fondos públicos y exige a su vez para él 25 años de inhabilitación absoluta.

Para los líderes de las entidades soberanistas ANC y Ómnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, el Ministerio Fiscal exige además de 17 años de prisión otros 17 de inhabilitación absoluta. El ministerio fiscal destaca su "papel crucial" como líderes de los movimientos populares a la hora de ejercer "un instrumento de presión" que obligase al Estado a "capitular".

La Fiscalía pide la misma pena de prisión, 17 años, para la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell tramitar las leyes de desconexión en en la cámara catalana y movilizar junto con los líderes de las entidades soberanistas a la ciudadanía

Solicita a su vez 16 años de prisión e inhabilitación por un delito de rebelión a los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva y Josep Rull y Dolors Bassa. Ellos, junto con Junqueras, están acusados de un delito de malversación por la "distracción ilegal de caudales públicos" para el proceso soberanista, pero la Fiscalía rebaja un año su acusación en su caso al no atribuirles el papel de jefes de la rebelión.

Respecto a los consellers que están en libertad provisional, Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santi Vila están acusados no de rebelión, pero sí de un delito de malversación de fondos públicos  y otro delito continuado de desobediencia grave por los que la Fiscalía pide siete años de prisión y 16 de inhabilitación absoluta, así como una multa de 10 meses (con una cuota diaria de 100 euros). Por el delito de desobediencia solicita además un año y ocho meses de inhabilitación como cargo público.

Para los cinco miembros de la Mesa del Parlament que tramitaron las leyes de desconexión -Lluis Corominas, Lluis Guinó, Ana Simó, Ramona Barrufet y Josep Nuet- no pide prisión pero sí una multa de diez meses con una cuota diaria de 100 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año y cuatro meses por un delito de desobediencia grave. También para la expresidenta de la CUP en el Parlament, Mireya Boya.

Once años de cárcel para Trapero por rebelión

Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional acusa de rebelión a quienes fueran los máximos responsabes de los Mossos d'Escuadra al considerar que "se sumaron al plan secesionista" poniendo a su servicio a la policía autonómica, "imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum".



Por ello, acusa de un delito de rebelión al antiguo mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero por su participación en el 'procés' y solicita para él una pena de 11 años de cárcel al considerar su figura como una "pieza clave" en el 'procés'. Agrava con ello el delito por el que la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, procesó a Trapero por dos delitos de sedición y uno de pertenencia a organización criminal.

La Fiscalía incluye en su acusación de rebelión al exdirector de los Mossos, Pere Soler, y al ex secretario general del Interior César Puig -segundo del exconseller del Interior Joaquim Forn- y pide para ellos once años de cárcel, los mismos que para Trapero. Los tres máximos dirigentes del cuerpo de policía catalán, señala la Fiscalía, procedieron a "sustraer cualquier clase de fuerza armada" a la obediencia que el cuerpo debía al Gobierno.

Por último, la Fiscalía emite una acusación por delito de sedición a la intendente de los Mossos Teresa Laplana y pide cuatro años de prisión por un delito de sedición y cinco de inhabilitación especial para empleo público como mosso.