La campaña del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, solicitó al Tribunal Superior Electoral (TSE) la anulación de la candidatura del senador ultraconservador Flávio Bolsonaro, al denunciar un supuesto trato favorable hacia su rival por parte de la empresa tecnológica Meta (Instagram, Facebook y WhatsApp) y de la red social X.

El equipo de Lula presentó "una Acción de Investigación Judicial Electoral por abuso del poder económico y uso indebido de los medios de comunicación social, con solicitud de tutela de urgencia", según recoge el documento judicial al que ha tenido acceso Europa Press.

En la parte final del documento, la campaña incluye una serie de peticiones relacionadas con las plataformas mencionadas y, además, solicita anular la candidatura y "declarar la inelegibilidad" tanto de Flávio Bolsonaro como de su "número dos", Alfredo Gaspar de Mendonça, "por el plazo de ocho años posteriores a la elección de 2026".

"Esta acción no versa sobre lo que dijo un candidato. Trata sobre quién decide lo que ve el elector. Los hechos ya documentados revelan que la infraestructura privada en la que hoy se lleva a cabo la propaganda electoral -los sistemas de recomendación, las herramientas de inteligencia artificial generativa y los mecanismos de revisión de anuncios de las plataformas de Meta y de X- ha operado, de manera reiterada y convergente, en beneficio de la candidatura de los investigados y en franco detrimento de la candidatura adversaria", reza la demanda.

En el escrito, el equipo de campaña de Lula denuncia la existencia de una "granja de contenido sintético" y una "distribución desproporcionada" de las publicaciones. Como ejemplo, sostiene que "el perfil oficial del primer investigado (Flávio Bolsonaro), con un 17,2% menos de seguidores (que Lula), obtuvo, en la primera semana de la segunda vuelta, 2,96 veces más interacciones por publicación que el del candidato de la Coalición".

Asimismo, la campaña cuestiona la "restricción" de la cuenta publicitaria de Lula, líder del Partido de los Trabajadores, en vísperas de la primera vuelta. También denuncia que "los sistemas de inteligencia artificial de ambas plataformas generan contenidos con la leyenda 'Flávio 22', pero rechazan una solicitud equivalente con 'Lula 13'", en referencia a las combinaciones de los nombres de ambos políticos con los códigos numéricos de sus respectivas candidaturas.

Además, denuncia que "se aprobaron anuncios pagados desde Estados Unidos que incluían una imagen sintética del presidente estadounidense (Donald Trump) pidiendo el voto para el primer investigado (Flávio)".

La segunda vuelta presidencial está prevista para el próximo domingo. La presentación de esta acción judicial se produjo un día después de que Meta asegurase haber cumplido con todas las instrucciones del Tribunal Superior Electoral para subsanar las fallas denunciadas por la campaña de Lula, relacionadas con una presunta manipulación de sus publicaciones para favorecer a Flávio Bolsonaro.

La ofensiva judicial de Lula se produjo después de que el Partido Liberal, que lidera Flávio Bolsonaro, denunciara la candidatura del mandatario ante el TSE y solicitara también su anulación por "abuso de poder".

La campaña de Flávio presentó una demanda en la que sostiene que el Gobierno habría utilizado información procedente del portal digital oficial del Gobierno de Brasil (Gov.br), del Instituto Nacional de Seguros Sociales (INSS) y de la Receita Federal (organismo equiparable a la Agencia Tributaria española) para dirigir mensajes personalizados sobre programas sociales de ayuda a las familias, el precio de los hidrocarburos y la electricidad, así como la compra de medicamentos.

"Ningún candidato de la oposición tiene acceso a ninguno de estos recursos. Además, el uso de datos personales recopilados para la prestación de servicios públicos con fines de comunicación gubernamental durante un período electoral viola el principio de limitación de la finalidad que rige el tratamiento de datos por parte de las autoridades públicas", afirma la petición.

El documento también hace referencia a un contrato suscrito en 2021 entre el Ministerio de Gestión e Innovación en Servicios Públicos y el Servicio Federal de Procesamiento de Datos (SERPRO), con vigencia hasta diciembre de este año. El acuerdo contempla una estimación de 170 millones de notificaciones mensuales a través de diversos canales digitales, con un coste previsto de 20,4 millones de reales (3,6 millones de euros) durante un período de doce meses.