La Junta Única de Resolución (JUR) de la Eurozona decidió de forma preliminar que no se requiere conceder compensación a los accionistas y acreedores afectados por la resolución del Banco Popular -que fue comprado por un euro- debido a que el último informe sobre la operación revela que éstos hubiesen perdido más en un proceso de insolvencia.

Cabe consignar que el grupo Luksic había invertido más de 100 millones de dólares en la entidad española por el 3% de su propiedad. Según el último informe sobre la resolución del Popular, publicado hoy en su versión no confidencial por la JUR, una liquidación, en el mejor de los casos y tras un periodo de siete años, habría reducido sus pérdidas a 3.300 millones, mientras que con la resolución salieron intactos.

Los acreedores de renta variable y subordinados, que están en primera línea a la hora de sufrir quitas en un proceso concursal, habrían perdido en todos los casos el 100% de sus derechos, lo que supone que los afectados por la resolución habrían visto desvanecerse de todos modos el total de su inversión.

Por tanto, dado que los afectados no recibieron un trato peor con la resolución, la JUR ha decidido de forma preliminar que no tienen derecho a compensación por la operación, que se saldó con la venta del Popular por un euro al Santander y la amortización a cero de acciones y deuda subordinada.

El informe elaborado por la consultora Deloitte señala que la liquidación de la entidad habría costado entre 23.400 millones y 34.100 millones de euros, cifras muy superiores a los 11.400 millones que costó la resolución, y que pagaron íntegramente accionistas y tenedores de deuda subordinada.

En todos los escenarios de liquidación analizados en el documento se habrían perdido 9.400 millones en capital y 2.000 millones en deuda subordinada, igual que ocurrió en la resolución, así como otros 8.600 millones en instrumentos subordinados (deuda intragrupo).

Lo que varía en cada caso son las pérdidas que hubieran tenido que costear el resto de clientes. La JUR, que ordenó la resolución, se basa en esta conclusión para considerar que no tienen derecho a compensación conforme a las normas europeas. No obstante, antes de adoptar su decisión definitiva, el organismo que preside Elke König recibirá las alegaciones de los afectados, que desde hoy y hasta el 14 de septiembre pueden registrarse para pronunciarse.

El grupo de fondos afectados Pimco, Anchorage Capital y Algebris dijo a través de sus abogados que están "decepcionados pero no sorprendidos" por unas conclusiones que consideran "irrealistas".

"La decisión de la UE de contratar a la misma firma -Deloitte- para la evaluación preliminar hace un año y ahora para el análisis definitivo plantea cuestiones serias sobre la credibilidad de la valoración final", dijo el socio director del bufete de abogados Quinn Emanuel, Richard East.

Los afectados esperaban este informe también para poder defender su caso ante los tribunales españoles y europeos. El organismo europeo siempre ha mantenido que la resolución se hizo conforme a las normas y fue un éxito puesto que no implicó pérdidas para los depositantes ni los contribuyentes, permitió mantener el negocio y no afectó a la estabilidad financiera.