Se esperaba que el Tribunal Superior Electoral (TSE) invalidara su postulación antes del 17 de septiembre, la fecha límite para que los partidos modifiquen sus candidaturas. Pero el portal G1 de Globo había acotado la resolución a una fecha próxima al 5 de septiembre. Por eso la decisión del TSE de incluir el caso de la candidatura del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en la agenda del día poco antes del inicio de la sesión a las 14.30 tomó a muchos por sorpresa.

No ocurrió así con el veredicto. Como se vaticinaba, el tribunal finalmente decidió objetar la candidatura del líder petista de cara a las elecciones de octubre, a las que se presenta como favorito a pesar de estar en prisión. Con todo, la defensa del líder del Partido de los Trabajadores (PT) aún dispone de recursos para apelar a la decisión.

En el inicio del juicio, el abogado de Lula en el TSE, Luiz Fernando Pereira, dijo que el proceso no estaba listo para ser juzgado porque no hubo tiempo para que las partes presentaran los alegatos finales. Antes de que se aceptara la impugnación de la candidatura del petista, Pereira aseguró que “sacar al Presidente Lula de la disputa es una decisión fuera del libreto”.

Pero el relator del caso, el ministro Luís Roberto Barroso, dijo que quería dejar claro que “lo que el TSE está haciendo es procurar asegurar los derechos del impugnado y los derechos de la sociedad brasileña de tener una elección presidencial con los candidatos debidamente definidos” para no necesitar, en medio del camino, hacer una eventual sustitución de candidato.

Asimismo, Barroso afirmó que “el TSE no está obligado a seguir la decisión del Comité de DD.HH. de Naciones Unidas”, que había exigido a Brasil que “tome todas las medidas necesarias para asegurar que Lula pueda ejercer mientras esté en prisión sus derechos políticos como candidato en la elección presidencial de 2018”. Según el relator, “sus recomendaciones no tienen efecto vinculante”.

Barroso también dijo que la Ley de Ficha Limpia “fue apoyada por la población y aprobada por el Supremo Tribunal Federal (STF)”. Esta norma, firmada por Lula, impide a un condenado en segunda instancia presentarse a cargos electorales.

Y ese es el caso del exmandatario, quien purga desde abril en Curitiba una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero. En julio de 2017 el juez Sergio Moro lo declaró culpable de beneficiarse de un lujoso tríplex en el balneario paulista de Guarujá, ofrecido por la constructora OAS para obtener su mediación en contratos con Petrobras. Y la condena fue ratificada y ampliada en enero de este año por el Tribunal Regional Federal 4 (TRF4) de Porto Alegre.

Tras toda esta argumentación, Barroso votó por la exclusión de Lula de la elección presidencial, al tiempo que facultó al PT para escoger otro candidato a la presidencia en el plazo de 10 días. Según el portal G1 de Globo, el nombre más cotizado dentro del partido es el del actual candidato a vicepresidente, Fernando Haddad.

Con todo, la defensa de Lula podrá presentar recursos, explicó a France Presse el magistrado Henrique Neves, un exmiembro del TSE. Pueden caber recursos formales ante el propio TSE o cuestionamientos sobre el carácter constitucional del fallo ante el STF, indicó. El columnista del diario Folha de Sao Paulo, Clóvis Rossi, coincidió con ese pronóstico. “Siempre quedan recursos, incluso porque la decisión de hoy es del TSE y queda, por lo tanto, el STF. Eso está más para una de esas series interminables de Netflix”, dijo a La Tercera.