La huelga de los médicos bolivianos que llevaba 47 días paralizando los hospitales públicos del país fue suspendida este lunes, informó el líder del sector Aníbal Cruz, horas después de que el presidente Evo Morales amenazara con “acciones constitucionales y legales”.

 

“Las medidas de presión quedan levantadas a partir de las cero horas de mañana [martes]”, explicó Cruz, después de que el Congreso anulara dos polémicos artículos del código penal que penalizaba la mala praxis y que motivaron la protesta.

 

“Vamos a hacer un regreso ordenado a nuestros hospitales que permitan garantizar que el pueblo de Bolivia goce de sus verdaderos profesionales trabajando con esa vocación de servicio”, añadió Cruz, presidente del Colegio Médico de Bolivia, en conferencia de prensa.

 

Horas antes, Morales había prometido “realizar todas las acciones constitucionales y legales” a su alcance para que los ciudadanos volvieran a tener atención médica.

 

“Hemos cumplido con nuestra palabra” al anular los artículos referidos a la mala praxis y sus sanciones, pero “no podemos decir lo mismo de los colegios médicos que, después de ocho documentos y acuerdos firmados, siguen sin atender la salud a nuestro pueblo”, se había quejado.

 

La prolongada huelga se convirtió en el catalizador del descontento social contra el gobierno de Morales y caldo de cultivo para la oposición de derecha.

 

Los transportistas se sumaron el lunes cortando algunas rutas al oponerse a las penas de homicidio culposo en caso de accidente establecidas en el código penal.

 

Los periodistas también son contrarios a las medidas por injuria, calumnia y difamación.

 

La Central Obrera Boliviana (COB), que agrupa a los sindicatos del país, convocó un paro el miércoles, aunque el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, vaticinó que tendrá nulo acatamiento.

 

El mandatario denunció a “la dirigencia médica que, aliada con sectores de la oposición, intenta llevar adelante una conspiración política antidemocrática”.

 

Según el Gobierno, la oposición unifica el rechazo al código penal para oponerse, en el fondo, a la decisión de Morales de postularse a un cuarto mandato consecutivo, desconociendo un referendo de 2016 que rechazó en las urnas esa posibilidad.

 

Un polémico fallo del Tribunal Constitucional le autorizó a fines de año a presentarse a las elecciones de diciembre de 2019.