Bolivia expuso esta mañana en la segunda ronda de alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en una audiencia que se extendió durante tres horas.

 

Los altiplánicos pidieron a la CIJ que obligue a Chile a negociar de buena fe una salida soberana al mar, lo que es resistido por los nacionales.

 

Payam Akhavan, abogado iraní, reiteró en el inicio de su audiencia que “históricamente Chile estuvo dispuesta a negociar la salida propia de Bolivia al mar”·

 

Pese a que insistió en una obligación jurídica, sustentada en documentos y conversaciones previas, asume que con el paso del tiempo se empezó a diluir ese “compromiso”.

 

“Las negociaciones de acceso soberano regían las relaciones entre Bolivia y Chile”, aseguró, tras presentar actas y notas diplomáticas que hacen referencia a dichas conversaciones, las que en conjunto establecerían la obligatoriedad.

 

El segundo turno fue del español Antonio Remiro Brotons, quien apeló a que Chile se “apoderó” del mar de una manera condenable. “Ni Dios ni la Corona les entregó el litoral, lo hicieron a la fuerza, rompiendo un tratado de límites”, acusó.

 

El jurista luego abordó la negativa chilena. “Parece que para Chile aceptar una obligación jurídica consiste en ponerse una camisa de fuerza y sólo motivos mayores pueden llevarlo a esa obligación”, advirtió.

 

Recordó el acuerdo de notas diplomáticas en 1950, cuando se habló de un canje de territorio entre ambos estados. Argumentó que el tono de las notas era claro, establecer una negociación directa para entregar soberanía.

 

Brotons explicó que “Bolivia entiende que el lenguaje diplomático es perfectamente compatible con la creación de derechos y obligaciones. El lenguaje diplomático y el lenguaje jurídico no se dan la espalda”.

 

En esa línea, sostuvo que un “tratado” no necesariamente debe tener ese nombre, que la denominación no lo determina. Por ello, dijo que “la declaración de Charaña tiene el valor jurídico de un tratado, el lenguaje diplomático no puede ocultar sus efectos”.

 

 

Amy Sander, en tanto, cuestionó la línea argumental chilena que apuntaba a que las resoluciones de la OEA no implicaban una obligación. “La cuestión clave consiste en saber cuáles son las obligaciones de un Estado miembros de la OEA”, dijo.

 

“Una resolución no puede negarse, inclusive sea de un carácter recomendatorio”, manifestó Sander.

 

Si bien Chile argumentó que la OEA no se ha referido al tema desde 1989, la británica afirmó que fue catalogado como un tema abierto y que esta disputa de estados miembros permanece pendiente. “La asamblea pudo haber definido que no quedaba pendiente, haciendo cambiar la postura de Bolivia”, dijo.

 

Continuó rememorando citas de José Miguel Inzulza, cuando era secretario general de la organización. “En 2006 dijo que la OEA considera de hace tiempo la reivindicación marítima de interés de todo el continente. En 2010 dijo que debe ser resuelto”, expuso.

 

Asimismo, indicó que otros países le han brindado su apoyo a la causa boliviana posterior a 1989.

 

“Chile parece querer ignorar estas resoluciones y decir que carecen del menor peso jurídico”, señaló Sander, cuestionando que Chile pretende ser miembro de la OEA, pero no obedecer sus determinaciones.

 

 

Mathias Forteau manifestó que desde 1895 Bolivia ha mantenido de manera constante su intención de negociar, lo que en ciertos periodos fue respondido. “Chile pretende que Bolivia olvidó las obligaciones de negociar invocadas en el pasado”, planteó.

 

“Chile ha demostrado que es capaz de resolver sus problemas mediante negociaciones bilaterales”, sostuvo, en referencia a negociaciones con Perú y Argentina.

 

Tras un receso continuó con la Agenda de los 13 puntos, instaurada por Michelle Bachelet y Evo Morales 2006, en la cual, según él, se establecían negociaciones para una salida soberana al mar.

 

Forteau estimó que el Acuerdo de Charaña es la base para una negociación, que no se terminó en la época y sigue vigente, ya que era sólo una propuesta inicial.

 

 

Vaughan Lowe, en tanto, abordó los perjuicios económicos que ha tenido Bolivia al no tener soberanía en el litoral. “Este daño económico no resuelto a Bolivia puede llevar a tensiones que alteren las relaciones y la paz”, advirtió.

 

Aseguró que “el desarrollo económico de Bolivia depende de la importación y exportación de mercancías por el océano Pacífico”, por lo que “no sólo afecta su economía, sino a los otros intereses del país”.

 

 

La abogada Dominique Chemillier-Gendreau continuó la defensa boliviana, recordando que Chile siempre ha tenido la disposición para negociar. “Chile se ha arraigado en el proceso de negociación. Ambas partes se han visto en esta vía, y eso confirma que hay que negociar con miras a concluir en un acuerdo”, dijo.

 

“Bolivia fue víctima de una injusticia por una relación de poder”, lamentó, añadiendo que “Chile asume el personaje de carcelero de un pueblo cautivo”.

 

En ese orden de ideas, advirtió que “no es posible declarar con tal frecuencia querer negociar un acceso soberano al mar y pretender hoy, que aquí, esas palabras no comprometen a nada”.

 

Sin embargo, precisó que con las conversaciones previas “Chile ha hecho nacer en el corazón de cada boliviano y cada boliviana, como llamamos en derecho, expectativas legítimas”.

 

 

Sacha Llorenti, coagente, dejó un poco de lado los aspectos jurídicos y apeló a lo emocional de la causa boliviana. “El mar está en nuestras almas. Bolivia tiene una identidad arrebatada, anclada al mar”, sostuvo.

 

Citando al poeta chileno Vicente Huidobro, afirmó que “debemos entrar cuanto antes en conversación con Bolivia y que ambos países deben y pueden resolver generosamente, fraternalmente este gran problema de la salida al mar de la nación boliviana”.

 

“La salida al mar de Bolivia está en manos de Chile, sería triste no escuchar la voz del vecino”, agregó Llorenti.

 

“La pérdida del mar es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad histórica. Los niños del futuro no merecen vivir enclaustrados entre las cordilleras”, concluyó.

 

Eduardo Rodríguez Veltzé, agente boliviano ante la CIJ, finalizó la intervención, refiriéndose que su causa no es hostil contra Chile. “Deberíamos poder retomar negociaciones y, de una vez por todas, poner fin a esto”, recomendó.

 

Apelando a una posible resolución, manifestó que ella “no modificará el orden mundial ni la diplomacia, todo lo contrario”.

 

Para finalizar, resumió la demanda en tres puntos:

 

“Bolivia solicita respetuosamente que reconozca y declare que Chile tiene la obligación de negociar, con miras de alcanzar un acuerdo por el que se conceda pleno acceso soberano al océano Pacífico”, en primer lugar.

 

Segundo, establecer que “Chile ha quebrantado dicha obligación”.

 

Por último, que Chile debe dar cumplimiento de buena fe, con prontitud, fehacientemente, en un plazo razonable y con eficacia.