El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó el suministro a Ucrania de las polémicas bombas de racimo existentes en los arsenales del Pentágono y se dispone a hacer un anuncio oficial este mismo viernes al respecto, informó la prensa estadounidense.

La decisión, que elude la prohibición legal existente para la producción, empleo y suministro de este tipo de armas, se produce después de que organizaciones como Human Rights Watch (HRW) hayan pedido a Washington no suministrarlas.

El diario The Washington Post destacó que la medida se produce en momentos en que los ucranianos están sufriendo una disminución en sus arsenales de munición de artillería convencional suministrada por Occidente y creciendo la preocupación sobre la lentitud de la contraofensiva ucraniana contra las tropas rusas en el sureste del país.

Según HRW, tanto las fuerzas ucranianas como las rusas vienen utilizado bombas de racimo, un tipo de munición que está prohibido por la mayor parte de los países.

El asesor de la oficina presidencial ucraniana Mijailo Podoliak defendió este jueves el suministro de bombas de racimo por parte de Estados Unidos e indicó que "los 'activistas por los derechos humanos' lanzan una agresiva campaña de lobby... no para expulsar a Rusia de Naciones Unidas, sino para torpedear el suministro de armas a Ucrania".

Por su lado, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó este viernes que corresponde a cada Estado miembro de la Alianza, de manera individual, decidir si entrega bombas de racimo a Ucrania.

"Corresponde a los aliados individuales tomar decisiones sobre la entrega de armas y suministros militares a Ucrania y corresponderá a los Gobiernos decidir, no a la OTAN como Alianza", declaró el político noruego durante una rueda de prensa previa a la cumbre de líderes aliados que se celebra en Vilna la próxima semana.

Las bombas de racimo explotan en el aire sobre un objetivo, liberando decenas de explosivos más pequeños en un área amplia, muchos de los cuales no acaban por estallar, lo que crea un problema de seguridad para la población civil a largo plazo.