Con las cabezas rapadas, encorvados y esposados de pies y manos. Así ingresaron al Centro de Confinamiento de Terrorismo (Cecot) de El Salvador los 261 inmigrantes deportados por Estados Unidos bajo órdenes del presidente Donald Trump.

Funcionarios estadounidenses describieron a algunos de los expulsados como presuntos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua.

La deportación se llevó a cabo el mismo día que un juez estadounidense bloqueó temporalmente la capacidad del Gobierno para usar la Ley de Enemigos Extranjeros –de 1798 y utilizada en tiempos de guerra– para deportar rápidamente a más de la mitad de los detenidos, y dispuso el regreso de los aviones que transportaban a los migrantes, algo que no sucedió.

El lunes, el “zar de la frontera” de la Casa Blanca, Tom Homan, defendió la deportación afirmando que cuando la orden llegó, el avión ya estaba sobre aguas internacionales. Y agregó: “Expulsamos a terroristas. Eso debería ser una celebración en este país”.

Por su parte, el presidente Trump escribió en Truth Social: “Gracias a El Salvador y, en particular, al presidente Bukele, por comprender esta horrible situación a la que llegamos en Estados Unidos”.

Pero ¿qué gana El Salvador y su presidente con este acuerdo para recibir a los deportados?

US$ 6 millones
El primer factor es monetario. El Salvador obtendrá una compensación económica de US$ 6 millones por mantener presos a los deportados.

El presidente Nayib Bukele afirma que el dinero ayudará a sostener el sistema penitenciario que actualmente cuesta US$ 200 millones anuales.

“Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero alta para nosotros”, dijo el mandatario en una publicación en X. Según el acuerdo, los detenidos permanecerán en el Cecot durante un año, pero ese periodo podría extenderse.

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El Cecot es considerado la prisión más grande de América, con capacidad para 40.000 reclusos. Alberga a algunos de los criminales considerados como los más peligrosos del país y es conocido por las precarias condiciones en las que se les mantiene recluidos.

“Con el tiempo, estas acciones, combinadas con la producción que ya están generando los más de 40.000 presos en varios talleres y trabajos como parte del programa Cero Ocio, ayudará a que nuestro sistema penitenciario sea autosostenible”, agregó Bukele.

El acuerdo para llevar a cabo las deportaciones se dio a conocer en febrero, luego de una reunión entre Bukele y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien realizó una gira por Centroamérica para consolidar el apoyo regional a la política de inmigración del Gobierno de Trump.

Fortalecer la relación con Trump y su imagen

Con el acuerdo para recibir deportados de Estados Unidos Bukele se ha ganado elogios por parte de Washington. El secretario de Estado, Marco Rubio, consideró al presidente salvadoreño un “amigo” y dijo que es “el líder más fuerte en seguridad de nuestra región”.

David Morales, jefe jurídico de la organización de derechos humanos Cristosal, con sede en El Salvador, dice a CNN que “el presidente Bukele está tratando de fortalecer su relación con la administración Trump”.

“También está intentando vender su imagen de gobernante que mantiene bajo control la delincuencia y su sistema carcelario”, indica, pero que en realidad “está proyectando una imagen que representa muy bien sus prácticas como gobernante de no respetar las leyes”, agrega.

Bukele “se está prestando para crear una especie de ‘Guantánamo centroamericano’”, opina Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch, y explica que el objetivo sería “encerrar a estas personas en el Cecot, donde quedan desconectadas del mundo (…) y sin recursos legales para intentar garantizar la vigencia de sus derechos humanos”.

Guantánamo es una base militar estadounidense ubicada en la bahía del mismo nombre, en el sureste de Cuba. Ha sido criticada por ser utilizada para los detenidos de la llamada “guerra contra el terrorismo” tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. Estas detenciones han sido calificadas por organismos internacionales como una violación a los derechos humanos.

Actualmente, el gobierno de Trump la ha utilizado como parte de su campaña de deportación de inmigrantes, lo que ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos.

El Salvador mantiene una “guerra” contra las pandillas desde que Bukele llegó a la presidencia en 2019. Esta recrudeció con la imposición de un régimen de excepción que cumplirá tres años en vigor a finales de marzo y se renueva mensualmente por la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista. Bajo esta estrategia se han suspendido derechos constitucionales como el debido proceso, lo que ha provocado un aumento masivo del encarcelamiento y la protesta de grupos de derechos humanos. Bukele ha admitido que algunas personas inocentes han sido detenidas por error y que miles de ellas ya han sido liberadas.

Además, la deportación de más de la mitad de los inmigrantes desde Estados Unidos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros otorga al presidente Trump una enorme autoridad para identificar y expulsar a inmigrantes indocumentados con el fin de acelerar las deportaciones. La ley está diseñada para ser invocada si EE.UU. está en guerra con otro país o si una nación extranjera invade EE.UU. o amenaza con hacerlo.

“La aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros lo que hace es saltarse los procedimientos ordinarios bajo los cuales un juez en Estados Unidos habría tenido que evaluar si las personas podían ser solicitantes de asilo o si alguien podría ser perseguido en su país de origen para obtener una protección personal”, dijo a CNN la directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus.

Un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dijo en una declaración ante un tribunal federal que hubo una examinación cuidadosa de las afiliaciones a pandillas de los 261 deportados y proporcionaron descripciones amplias de los delitos por los que fueron arrestados. Sin embargo, el Gobierno estadounidense no ha provisto pruebas sobre la presunta vinculación de los detenidos con las pandillas mencionadas.

Morales coincide en que esto es un grave precedente ya que “violenta el debido proceso y ha sometido a las personas deportadas a una situación que no es posible verificar por autoridades independientes, ni de Estados Unidos ni de El Salvador”.