El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que revocará las protecciones legales otorgadas a cientos de miles de inmigrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, exponiéndolos a potenciales deportaciones en un plazo aproximado de un mes.

La medida, que entrará en vigencia a partir del próximo 24 de abril, afectará directamente a unas 532.000 personas provenientes de estos cuatro países que ingresaron a Estados Unidos desde octubre de 2022. Estos migrantes llegaron con patrocinadores financieros bajo un programa de permiso humanitario y habían recibido permisos de residencia y trabajo temporal por dos años.

Esta política surge tras la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de terminar con lo que calificó como “abuso generalizado” del permiso humanitario, un mecanismo empleado tradicionalmente por distintos gobiernos para facilitar la entrada y permanencia temporal en Estados Unidos de personas provenientes de países en conflicto o con graves crisis políticas.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, detalló que los afectados por esta decisión perderán su estatus legal a fines de abril, específicamente 30 días después de que la medida se publique formalmente en el Registro Federal.

Impacto y reacciones
La revocación de estas protecciones genera incertidumbre entre las comunidades migrantes involucradas, muchas de las cuales ya han establecido raíces familiares y laborales en EE.UU. Esta acción forma parte del compromiso del presidente Trump de reducir la inmigración ilegal, promesa central durante su campaña y su administración.

Esta determinación se enmarca en la estrategia general del gobierno estadounidense para cerrar diversas vías legales que permitían a inmigrantes residir temporalmente en el país, incrementando la presión sobre quienes llegaron mediante estos programas y ahora enfrentan el riesgo de deportación.