La Unión Europea (UE) declaró “persona non grata” a la representante de Venezuela ante el bloque, Claudia Salerno, en respuesta a la decisión de Caracas de expulsar a la embajadora europea.

“Esta es una respuesta a la decisión del gobierno venezolano de declarar persona non grata a la jefa de la misión de la UE en Venezuela”, apuntó el Consejo de la UE en una escueta nota oficial.

De acuerdo con la nota, el bloque consideró esa decisión de Venezuela injustificada “y contraria al objetivo de la UE de desarrollar relaciones y construir asociaciones en terceros países”.
El jefe de la diplomacia europea, el español Josep Borrell, propuso la decisión de adoptar una medida equivalente contra la representante de Venezuela, indicó la nota.

El miércoles, el gobierno de Venezuela había declarado “persona non grata” a la embajadora de la UE en ese país, Isabel Brilhante, y le concedió un plazo de 72 horas para abandonar el país.

La UE no puede expulsar sin embargo a la representante venezolana, ya que es una competencia del país huésped, explicó en julio de 2020 la diplomacia europea tras un pulso similar con Caracas.
La nota no hace así ninguna mención sobre la expulsión de Salerno ni si antes de la divulgación de la nota hubo algún tipo de comunicado formal a la representación diplomática.

Además de ser la representante de Venezuela ante la UE, la diplomática venezolana está también acreditada como embajadora ante Bélgica y Luxemburgo.

La nueva escalada de tensiones entre Bruselas y Caracas estalló después que el lunes los cancilleres europeos decidieran añadir a 19 funcionarios venezolanos a la lista de personas sancionadas por “socavar la democracia”.

Con esta medida, el número de funcionarios venezolanos sancionados por la UE asciende a 55.

Ante esa nueva ronda de sanciones contra Venezuela, el gobierno en Caracas reaccionó pidiendo la salida de la jefa de la misión de la UE.
El miércoles, una portavoz de Borrell había formulado un llamado a que Venezuela revierta la expulsión de la embajadora Brilhante.

La UE no reconoce el resultado de las elecciones legislativas realizadas en Venezuela en diciembre y, por lo tanto, desconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional surgida de esos comicios, y que ahora controla el oficialismo.

En 2020, Borrell había llegado a enviar a Caracas a emisarios para negociar un aplazamiento de algunos meses de las elecciones legislativas para permitir que la UE pudiera desplegar una misión de observación electoral.

Sin embargo, el esfuerzo no arrojó frutos y las elecciones se celebraron, con el boicot de parte importante de la oposición venezolana.