Por Equipo Cambio21
El mismo día 11, todavía vivo Allende, el comité político de la UP decidió no resistir: los trabajadores debían abandonar sus centros de trabajo y regresar a sus hogares, pero hubo enfrentamientos en la Universidad Técnica, (hoy USACH) en industrias y en otras poblaciones del país que arrojaron decenas de muertos y miles de detenidos. Las embajadas comenzaron a llenarse de asilados.
El Estadio Nacional se convirtió en el mayor campo de detención, cerca de 25.000 partidarios de la UP y otros personas sin identificación política fueron hechos prisioneros, torturados y muchos asesinados, entre ellos el cantautor Víctor Jara.
Según el informe Rettig (1991), murieron a causa de la violencia 3.196 personas, de las que 1.185 fueron detenidos desaparecidos, de las que pocos han sido encontrados e identificados. Pero estas cifras son de muertos y desaparecidos comprobadas meticulosamente tras las denuncias recibidas por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada en 1990. Otras fuentes elevan las cifras significativamente.
La última víctima ilustre de aquel luctuoso septiembre chileno fue el laureado poeta Pablo Neruda. Falleció el día 23. El funeral se convirtió en la primera manifestación contra la Junta Militar. Su muerte todavía es un misterio. En febrero de este mismo año, su cadáver fue exhumado para intentar aclarar si falleció como consecuencia del cáncer de próstata que padecía o fue envenenado. En cualquier caso, su fallecimiento es paradigma del dolor por el golpe militar.
El papel de Estados Unidos en el golpe de Estado
La masiva desclasificación de documentos estadounidenses sobre el golpe de Estado en Chile en 1999 y el año 2000 confirmó la responsabilidad de Washington en el derrocamiento de Allende. Los documentos de la CIA, el Pentágono, el departamento de Estado y el FBI señalaron que desde la elección de Allende en 1970, el entonces presidente Richard Nixon autorizó al director de la CIA, Richard Helms, a socavar al gobierno chileno por temor a que el país se convirtiera en una nueva Cuba.
De hecho, la agencia realizó operaciones encubiertas en Chile desde 1963 a 1975, primero para impedir que Allende fuera electo –sobornando a políticos, a medios de comunicación como El Mercurio y legisladores-, luego para desestabilizar su gobierno y, tras el sangriento golpe, para apoyar la dictadura de Pinochet. Los documentos también revelaron que la CIA pagó 35.000 dólares a un grupo de militares chilenos implicados en el asesinato, en octubre de 1970, del general René Schneider, comandante en jefe del Ejército y leal a la Constitución y al Presidente electo, Salvador Allende.
