El fiscal nacional, Jorge Abbott, restó gravedad -en lo que respecta al trabajo de la Justicia- a las tensiones políticas que han provocado en el Gobierno los recientes atentados incendiarios en el sur, junto con la huelga de hambre de comuneros mapuche.

Abbott señaló que "el Gobierno es un interviniente más" en los casos judiciales de violencia rural en el sur, por lo que su decisión de modificar la calificación de las querellas por Ley Antiterrorista contra los huelguistas influye sólo de forma acotada en los procesos.

 
"Las decisiones que tomen los demás intervinientes no corresponde que el Ministerio Público las comente. Nosotros tenemos una convicción, hemos acusado en base a esa convicción y la mantenemos", dijo Abbott respecto al denominado "caso iglesias".

"Entendemos que las conductas que estamos imputando a las cuatro personas que están detenidas se encuadran perfectamente en una ley vigente en Chile: la Ley Antiterrorista. En consecuencia, seguiremos adelante hasta el final sosteniendo dicha calificación, y estaremos por que el tribunal también comparta nuestra apreciación", remató Abbott