El anuncio del presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, ante inversionistas internacionales en Shanghái, de abrir a la inversión privada alrededor de un millón de hectáreas de pertenencias mineras que la estatal actualmente no explota, constituye una oportunidad que Chile no debiera desaprovechar, pero que tampoco puede abordar con ingenuidad económica ni ligereza jurídica.
La iniciativa tiene fundamentos atendibles. Codelco enfrenta un elevado endeudamiento, dificultades productivas, crecientes costos operacionales y una limitada capacidad financiera para desarrollar simultáneamente sus proyectos estructurales y explorar la totalidad de su patrimonio minero. Mantener indefinidamente inmovilizada una riqueza geológica potencialmente significativa tampoco constituye una adecuada administración del patrimonio público.
Incorporar capital privado, compartir riesgos exploratorios, acceder a nuevas tecnologías, aprovechar infraestructura existente y desarrollar nuevos distritos mineros puede traducirse en mayor producción, empleo, inversión, recaudación tributaria y nuevos ingresos para Codelco.
No debiera existir, por tanto, una oposición ideológica a esta iniciativa. Pero tampoco una adhesión incondicional.
Conviene recordar que la asociación de Codelco con privados no es una innovación de su actual administración. Desde 1992, durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin, la Ley N.º 19.137 permite expresamente desarrollar estas asociaciones bajo determinadas condiciones y resguardos del patrimonio estatal.
La discusión debe centrarse, entonces, en la calidad de los negocios que se pretende realizar y en las modificaciones legales que Fontaine considera necesarias para materializarlos.
Una cosa es modernizar y agilizar procedimientos administrativos y otra, muy distinta, eliminar controles destinados a proteger activos que pertenecen, en definitiva, a todos los chilenos.
Resultaría particularmente contradictorio que, frente a las dificultades de gestión, planificación, ejecución presupuestaria y control interno que ha evidenciado Codelco, la solución propuesta consistiera precisamente en reducir los mecanismos de supervisión externa sobre decisiones de enorme trascendencia patrimonial.
La urgencia financiera de la estatal no puede convertirse en una debilidad negociadora ni en una justificación para comprometer, en condiciones desfavorables, la riqueza minera de las próximas generaciones.
Las pertenencias no explotadas no son necesariamente activos carentes de valor. Su potencial geológico, la información exploratoria disponible, su ubicación, proximidad a infraestructura y posibilidades futuras de explotación constituyen elementos que deben ser objeto de valorizaciones técnicas y económicas independientes.
Las asociaciones deben realizarse mediante procedimientos competitivos y transparentes, asegurando una participación efectiva de Codelco en la renta minera futura, estableciendo obligaciones concretas de inversión, plazos de ejecución, garantías y mecanismos de reversión de derechos frente al incumplimiento de los compromisos asumidos.
No se trata de sustituir la inmovilización estatal por la especulación privada.
Pero existe una dimensión que hasta ahora no ha recibido la atención que merece: la incorporación de ENAMI y, a través de ella, de la pequeña y mediana minería chilena.
Resultaría incomprensible que Codelco ofreciera oportunidades a inversionistas internacionales sin contemplar, paralelamente, una política efectiva de acceso a parte de sus pertenencias para los pequeños y medianos productores nacionales.
La propia Ley N.º 19.137, en su artículo 3, contempla la posibilidad de transferir determinadas pertenencias mineras de Codelco a ENAMI. Existe, por tanto, una herramienta jurídica que debiera aprovecharse y, si fuera necesario, perfeccionarse.
No hablamos de entregar a pequeños productores proyectos cuya magnitud exceda sus capacidades técnicas y financieras, sino de identificar, segmentar y destinar prospectos compatibles con su escala productiva, desarrollando mecanismos de acceso, financiamiento, asistencia técnica y procesamiento de minerales.
ENAMI no puede ser una invitada marginal en esta política. Su incorporación debe constituir una exigencia expresa, tanto en la estrategia de Codelco como en cualquier eventual modificación legislativa.
Chile tiene la oportunidad de fortalecer su pequeña y mediana minería, ampliar su base empresarial, generar empleo regional, favorecer el emprendimiento minero nacional y contribuir a la descentralización económica. Sería una grave omisión que esta apertura terminara beneficiando exclusivamente a grandes conglomerados mineros internacionales.
Antes de modificar la legislación vigente, el Congreso debiera exigir a Codelco un inventario detallado de las pertenencias susceptibles de asociación, sus antecedentes geológicos y exploratorios, los modelos de negocios proyectados, los mecanismos de valorización y los resguardos patrimoniales propuestos. Asimismo, debiera conocer qué proporción de estos activos podría destinarse al desarrollo de la pequeña y mediana minería mediante ENAMI.
El éxito de esta política no debe medirse por la cantidad de hectáreas entregadas a terceros, ni exclusivamente por los capitales extranjeros comprometidos, sino por la riqueza que efectivamente genere y permanezca en Chile.
La verdadera modernización de Codelco no consiste en optar dogmáticamente entre explotación estatal o privada. Consiste en utilizar con inteligencia empresarial, responsabilidad patrimonial y visión de Estado todas las herramientas disponibles para multiplicar el valor de sus activos.
Ni inmovilizar la riqueza minera por prejuicios ideológicos ni comprometerla por urgencias financieras.
Abrir Codelco a nuevas asociaciones puede ser una excelente decisión. Hacerlo sin suficientes resguardos patrimoniales, sin transparencia y de espaldas a la pequeña y mediana minería nacional sería, en cambio, desperdiciar una oportunidad histórica para Chile.
Codelco: movilizar la riqueza minera sin hipotecar el patrimonio de Chile. Por Ricardo Rincón G, abogado y expresidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputadas y Diputados
