El Centro de Investigación Periodística CIPER reveló, este martes, que la información sobre los negocios del empresario Daniel Sauer que investigaba el Servicio de Impuestos Internos (SII) y que mencionó la abogada Leonarda Villalobos (también asesora de Sauer) son reales y que formaban parte de una carpeta de información reservada de la entidad.

Villalobos, de acuerdo a la publicación, asesoraba en materia tributaria a Sauer desde 2016: en concreto, el SII investigaba 44 RUT de Sauer, a raíz de una actividad inisigual que un programa del Servicio había detectado en varias de sus sociedades y que habrían significado la anulación de varias liquidaciones que sumarían más de $3 mil millones.

Se señala en la publicación: “La fiscalía también tiene en su poder un listado de varios funcionarios del SII sospechosos de haber participado en esa operación que evitó el millonario pago a Sauer. Entre ellos figura un alto directivo del Servicio. Lo que aún no entienden quienes participan en las diversas indagatorias (fiscalía, SII y CMF), es por qué a esas personas no se les ha apartado de sus funciones. Hasta este momento, siguen teniendo acceso a distintas bases de datos de Impuestos Internos”.

En la conversación filtrada y que luego se supo que Villalobos grabó, Sauer admitió, frente a ella y al poderoso abogado Luis Hermosilla, que sí era el dueño de Guayasamin: en julio pasado, un movimiento de accionistas lo dejó como único socio, administrador y representante de esta. Esa habría sido una de las sociedades con las que emitía “facturas de favor” a la familia Jalaff, los controladores de la empresa Patio, que administra inmuebles en Chile y el extranjero:

“Una empresa emitía una factura a otra sociedad y luego esta última se la vendía a un factoring, así generaba liquidez. Y la factura no pagada se diluía en fondos de inversión a costo de los inversionistas”, se lee en el reportaje.

La mecánica habría sido la siguiente: Sauer le habría pedido a Villalobos el acceder a esa información, y ella “llegó”. La experiencia fue suficiente para convencer a Sauer de armar una “caja negra”, que consistiría en un fondo de $100 millones para “coimas” a funcionarios del SII.

Así las cosas, todo se enmarca en las indagatorias de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) con factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, de Sauer, por operaciones irregulares. Si hubiera que dimensionar los alcances, en CIPER señalan que entre enero y noviembre de 2022 las facturas asociadas serían de más de $18 mil millones.

El director del SII, Hernán Frigolett, expuso en la comisión de Hacienda del Senado, en el contexto de esta misma indagatoria: “Nosotros ya teníamos procesos desencadenados producto de alguna información que a nivel público se tuvo con respecto a las facturas vinculadas al factoring”.

“Habrían sospechas de que habrían documentos tributarios electrónicos falsos (…), ya estábamos haciendo el levantamiento preparativo para una denuncia o una querella por delito tributario. Esa investigación sigue», señaló según el medio.