En medio de las conversaciones filtradas entre Irací Hassler y Karol Cariola, Miguel Schurmann, abogado defensor de la exalcaldesa de Santiago, presentó un reclamo ante la Policía de Investigaciones (PDI).

En el escrito enviado al director de la PDI, Eduardo Cerna, se hace alusión a dos funcionarios respecto a la investigación.

"La conducta arbitraria y abusiva que los mencionados funcionarios han desplegado ha quedado materializada en el Informe Policial N°487 de la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana, de fecha 18 de diciembre de 2024 (en adelante, e indistintamente ‘el Informe’), en cuya elaboración incumplieron de forma grave con sus deberes, vulnerando los derechos fundamentales de protección a la vida privada y a la inviolabilidad de toda comunicación privada de mi representada, doña Irací Hassler, consignó el escrito.

Los antecedentes del reclamo

En contexto, el abogado señaló que la investigación en la arista de Sierra Bella ha tenido una duración de más de dos años, “habiéndose realizado múltiples diligencias destinadas a esclarecer los hechos; entre ellas, la toma de declaración de diversos funcionarios municipales, tanto en calidad de testigos como de imputados”.

Asimismo, destacó que su representada, con el fin de colaborar con la investigación, “entregó voluntariamente distintas especies personales, incluyendo su teléfono celular, para lo cual concurrió personalmente a la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana y autorizó su revisión condicionada”.

De hecho, remarcó que en el documento firmado por Hassler, la autorización se “encontraba sujeta a la condición de que la revisión del contenido de su teléfono celular se circunscribiera exclusivamente a lo referente a la compra de la clínica Sierra Bella. La revisión de cualquier otro asunto, por lo tanto, carecía de autorización alguna. La ausencia de una autorización judicial ha sido recientemente confirmada por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, cuyo ministro de fe certificó con fecha 12 de marzo de 2025”.

Por tanto, argumentó que los funcionarios “actuaron extralimitándose en sus facultades en la elaboración y suscripción del Informe Policial N°487“, en el cual se “hurgó en una serie de conversaciones extraídas del teléfono de mi representada, en una suerte de búsqueda de interés que nada tiene que ver con el objetivo de la autorización“, y complementó que también se “plasmó en el informe información irrelevante para los fines de la investigación, no solo por ser ajena a la compra de la clínica Sierra Bella, sino también por manifiestamente carecer de relevancia, no solo para esta causa, sino que para cualquier investigación de carácter penal”.

“Los diálogos escogidos se refieren a temáticas políticas”

En el reclamo, el abogado de la exjefa municipal hizo mención a la página 141, en la cual se registró una conversación entre Hassler y Cariola el 24 de noviembre de 2022, sobre cómo la diputada del PC le planteó crear una clínica para mujeres pobres.

“Luego, en virtud de los supuestos hallazgos obtenidos de dicha conversación, los cuales dicen relación con hechos que, a juicio del (funcionario de la PDI), “pudiesen ser considerados irregulares, delitos o revestir importancia criminalística, la revisión se amplió sustancialmente a otras temáticas que en nada guardan conexión con los hechos investigados ni con el objeto del Informe, procediendo sin autorización alguna —ni de mi representada, ni del fiscal, ni de los tribunales de justicia— a revisar prácticamente todo el contenido del teléfono celular en búsqueda de nuevas temáticas”, reportó en el documento.

En esa misma línea, señaló que también se superó el periodo de análisis establecido.

“La decisión de registrar en el Informe diálogos cotidianos entre mi representada y sus amistades cercanas tiene la característica de que, además de carecer de cualquier relevancia jurídico-penal, los diálogos escogidos se refieren a temáticas políticas e involucran a personas que detentan o han detentado distintos roles al interior del gobierno o cargos de representación popular, lo que levanta una serie de dudas respecto de las reales motivaciones de ambos funcionarios para incorporar los diálogos al Informe”, describió.

Finalmente, el representante de Hassler solicitó al director de la PDI eliminar “las conversaciones que carecen de interés criminalístico de acuerdo a los estándares legales y constitucionales, así como ordenar que se inicie una investigación sumaria por los hechos relatados, determinando y haciendo valer la responsabilidad de los funcionarios indicados y de todo otro que haya participado y autorizado este proceder ilícito”.