Un grupo de 388 abogados denunció que muchas Comisarías de Carabineros y cuarteles de la Policía de Investigaciones (PDI) han impedido u obstaculizado el acceso a los registros o listados de detenidos, pese a que estos son públicos según señala la Constitución Política.

Mediante una carta, este gran grupo de profesionales aseguraron que "de manera voluntaria, estudiantes de Derecho, egresados/as y abogados/as de diversas organizaciones nos hemos desplegado, en gran parte del territorio nacional, para contribuir a proteger los derechos humanos de las personas detenidas".

Esto en el contexto de las manifestaciones sociales que se han realizado durante el Estado de Emergencia en el país.

Carabineros y PDI impide el acceso a estos registros "argumentando que sólo se permite el acceso a los observadores acreditados del Instituto de Derechos Humanos, o bien, señalando que debe requerirse dicha información por medio de una solicitud por ley de transparencia".

Incluso acusan que, "algunas comisarías han argüido la existencia de convenios entre la judicatura de garantía, la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público y las policías para el envío exclusivo de información, lo cual, de verificarse, sería sumamente grave".

Los registros de detenidos son públicos según consta en la Constitución Política. Sin embargo, no se les ha permitido el acceso ni a las abogadas y abogados de derechos humanos ni a los familiares de las personas detenidas.