La estafa piramidal más grande en la historia del sistema procesal chileno. Así se ha definido a AC Inversions que deja más de tres mil víctimas en todo el país y una cifra defraudada que supera los $100 mil millones en cuatro años.
La causa se destapó en 2016 y mantiene a la cúpula de la desaparecida compañía en prisión preventiva. Se trata de los imputados Patricio Santos (dueño), Rodolfo Dubó (gerente de Finanzas) y Camilo Cruz (gerente de Administración).
El caso adquirió un alto impacto público. Las víctimas comenzaron a agruparse con diversos abogados y las ofertas de asesorías no se hicieron esperar.
En este contexto, surgió el apoyo de los diputados Gabriel Silber (DC) y Daniel Farcas (PPD) -quien actualmente no ejerce como parlamentario-.
Ambos anunciaron asesoría legal gratuita y, a través del abogado Mario Zumelzu, presentaron una querella en representación de más de mil perjudicados ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
El tiempo transcurrió y más detalles se conocían de la estafa. El 3 de marzo pasado, luego de haberse cumplido dos años de la formalización, la etapa investigativa de la causa fue cerrada y comenzaron los preparativos para el juicio oral.
Los querellantes, entre ellos Zumelzu, tenían 15 días, antes de la audiencia de preparación del 18 de abril, para adherirse a la acusación de la fiscalía o acusar particularmente. Con el plazo vencido y pese a que la audiencia de hace dos días fue suspendida, el tribunal decretó que el tiempo para adherirse a la causa se mantenía.
Sin embargo, Zumelzu, que representa a un total de 1652 víctimas, no se hizo parte del proceso por lo que los afectados quedaron sin representación legal en la causa llevada por la fiscalía.
"El sistema procesal penal establece que todo querellante que no ejerza ese derecho, que es adherir a la acusación fiscal, acusar particularmente o demandar civilmente, pierde el derecho de ser parte en el proceso. Es decir, las víctimas quedan sin representación. El querellante queda fuera, no puede participar en la audiencia preparatoria, no puede ser parte del juicio, nada. Es decir, pierden las víctimas ejercer su acción dentro del juicio", explicó a Emol Ramón Sepúlveda, abogado representante de 42 víctimas y actual procurador común en la causa. "Todos los querellantes adherimos a la acusación", sostuvo.
El diputado Silber cuestionó los dichos de Sepúlveda, y afirmó que "en cualquier minuto las víctimas se pueden adherir, porque obviamente en materia penal la responsabilidad civil se tramita de manera conjunta. Al final del día es el Ministerio Público el que representa a las víctimas, así obra la representación y el mando del Ministerio Público -al designar a un procurador común-, porque son delitos perseguibles de oficio".
Sin embargo, sus palabras fueron refutadas por el abogado y ex fiscal nacional, Sabas Chahúan, quien representa a 919 afectados y que antes obró como procurador común de la causa.
"Las víctimas (que quedaron fuera) ya no tienen ninguna posibilidad. No pueden demandar civilmente y no se adhirieron a la acusación", sentenció.
En tanto, Farcas aseguró que lo más preocupante es que "no hay nada que pueda compensar a las víctimas, eso es lo peor de todo. Esto es como ir a pelearse el queso de la vaca del campo. Aquí siempre se nos dijo que no había bienes que pudiesen resarcir a las víctimas de las estafa de la que fueron objeto".
"Fue una decisión consciente"
Ante esto, Zumelzu explicó que no haberse adherido a la causa de la fiscalía "no es una omisión", pues, a su juicio, "hubo una decisión consciente, porque como bien sabemos no existen bienes importantes en AC Inversions como para reparar patrimonialmente a las víctimas. Eso ya es sabido, es un hecho de la causa".
"De manera que, en conjunto con el diputado Silber, habíamos pensado en demandar por falta de servicio a los órganos públicos que faltaron a su deber de fiscalización en una empresa como AC Inversions y de esa manera obtener la reparación patrimonial de las víctimas que va a ser ilusoria en la causa penal", aseguró.
En este sentido, continuó, "aquí se demanda al Estado de Chile, y el Estado sí tiene bienes para reparar patrimonialmente a las víctimas de AC Inversions (...) El órgano del Estado que debió actuar, no actuó y, como consecuencia, se produjo un perjuicio patrimonial a muchas personas". Según al abogado Zumelzu, la acción judicial podría presentarse en un mes más.
