El equipo de Londres 38, espacio de memoria, junto a las concejalas Rosario Carvajal, Natalia Figueroa e Irací Hassler, acudieron a dependencias del SERVEL para entregar una carta, buscando retirar el nombre del ex director Juan García Rodríguez de la plazoleta colindante, por estar relacionado con actos de complicidad y encubrimiento de represión en dictadura.

A continuación se reproduce parte la carta presentada, para el dominio público:

"El 12 de diciembre se puso en la tabla del Consejo Municipal de Santiago la solicitud, patrocinada por el Servicio Electoral (Servel), de nombrar la plazoleta ubicada en calle Esmeralda 611 con el nombre de "Juan Ignacio García Rodríguez", ex director de la institución, quien, según los antecedentes, fue funcionario en dicha repartición desde el año 1964 hasta el 2013, donde llegó a ser director del servicio.

El pasado 27 de diciembre de 2017, Londres 38, espacio de memorias, junto con las concejalas de Santiago Rosario Carvajal y Irací Hassler, entregaron una carta, dirigida al director del Servel, pidiendo retirar la petición del nombre de la plazoleta, por antecedentes que vinculan a García Rodríguez con actos de complicidad y encubrimiento de la represión de la dictadura. Luego de una hora de espera, por la negativa de los funcionarios a abrir las puertas del Servel y recibir dicha misiva, se pudo dar entrega oficial de dicha carta. A pesar de la petición, esa misma tarde el concejo municipal aprobó la iniciativa.

Los firmantes de la presente carta consideramos que nombrar la plazoleta con el nombre del ex director del servicio es un atentado a la memoria, considerando que García Rodríguez fue un funcionario con altas responsabilidades durante la dictadura y parte de los "cómplices pasivos" que sostuvieron con su silencio la impunidad de los crímenes de ese periodo. Según los antecedentes que adjuntamos, en enero de 1978, -en una respuesta a un oficio emanado por Tribunales de Justicia en medio de una investigación sobre detenidos desaparecidos-, García Rodríguez negó la existencia del recinto de detención y tortura ubicado en Londres 38 o "Cuartel Yucatán", cuando se desempeñaba como subsecretario del Interior.

Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, el inmueble era transferido al Instituto O'Higginiano en un decreto firmado por Pinochet y el ministro del Interior, Sergio Fernández.

Después de la disolución del Servicio electoral en septiembre de 1973, García pasó a formar parte del equipo jurídico del Ministerio del Interior y colaboró con la dictadura en el montaje de la "consulta" de 1978 [i], y del "plebiscito" para la aprobación de la Constitución del 80 [ii]. Ambos eventos carecieron de las condiciones mínimas de transparencia, libertad y acceso a la información y, durante todo ese tiempo, y desde ese lugar tan estrechamente vinculado a las esferas de decisión de la dictadura, García no pudo ignorar lo que sucedía en materia de represión por lo que su rol conllevó formas de complicidad.

Creemos que los antecedentes que expresamos y adjuntamos son claves para desmerecer el espíritu de ejemplo de transparencia y democracia que debe existir a la hora de nombrar y bautizar a los espacios públicos".