El triunfo presidencial de José Antonio Kast ha generado interpretaciones divergentes. Algunos analistas lo consideran un quiebre excepcional en la trayectoria democrática reciente, mientras otros lo leen como expresión de un realineamiento ideológico conservador. Sin embargo, el análisis del sistema político sugiere que dicho resultado debe comprenderse en el marco de los procesos de desinstitucionalización partidaria, volatilidad electoral y fragmentación que han caracterizado a Chile desde comienzos de la década de 2010.

Indicadores de desinstitucionalización

La literatura comparada sobre sistemas de partidos, desarrollada por autores como Mainwaring y Scully, asocia la institucionalización a cuatro atributos centrales: estabilidad en los patrones de competencia interpartidaria, previsibilidad de los resultados electorales, arraigo social de los partidos y capacidad para estructurar establemente las preferencias del electorado. En el caso chileno, estos atributos se consolidaron relativamente durante el período 1990-2010, pero se han erosionado progresivamente. El fin del eje de competencia Concertación-Alianza no dio lugar a un nuevo equilibrio estable, sino a un sistema abierto, fluido y con identidades partidarias débiles, expresivo de una crisis de representación.

Los indicadores empíricos muestran la magnitud de esta transformación. El número efectivo de partidos parlamentarios (índice de Laakso-Taagepera) en la elección de diputados de 2025 alcanzó 9,8, cifra que contrasta drásticamente con los valores entre 5 y 6 observados en la década de 1990 y que sitúa a Chile significativamente por encima del promedio latinoamericano actual, de aproximadamente 4-5 partidos efectivos.

La volatilidad electoral neta, calculada según el índice de Pedersen entre las elecciones legislativas de 2021 y 2025, llegó a 26,13 puntos. Esta cifra supera el promedio histórico chileno para el período 1932-2001 (16,7 puntos) y evidencia la continuidad de la reconfiguración sustantiva de las preferencias electorales. Aunque inferior al 37,4 de 2021, se trata de un nivel de volatilidad característico de sistemas en proceso de cambio relevante, más que de ajustes marginales en la distribución del voto.

Adicionalmente, el porcentaje de votos nulos y blancos en la elección de diputados de 2025 superó el 20% del total de sufragios emitidos. Lo mismo había ocurrido en la elección de concejales y consejeros regionales de 2024. Si bien esta cifra se redujo a 7% en la segunda vuelta presidencial, también bajo la modalidad de voto obligatorio, dichos registros sugieren que la obligatoriedad del sufragio amplió la participación formal sin recomponer necesariamente los vínculos sustantivos entre ciudadanía y sistema de partidos. Una fracción considerable del electorado opta por expresar rechazo o desafección antes que adhesión positiva hacia alguna de las opciones disponibles.

El patrón de alternancia pendular

En este contexto de desinstitucionalización, la secuencia de alternancias presidenciales observada desde 2010 —Piñera (2010), Bachelet (2014), Piñera (2018), Boric (2022), Kast (2025)— debe interpretarse menos como evidencia de una rendición de cuentas electoral eficaz y más como expresión de una volatilidad sistémica persistente. Los cambios de signo político en el Ejecutivo han respondido, en gran medida, a evaluaciones negativas retrospectivas del gobierno de turno (voto de castigo), más que a realineamientos ideológicos duraderos o a la construcción de mayorías programáticas estables. La lógica predominante ha sido la del reemplazo, no la de la continuidad.

El resultado de 2025 confirma este patrón. El gobierno de Gabriel Boric enfrentó evaluaciones consistentemente negativas durante la mayor parte de su mandato, con niveles de desaprobación que alcanzaron aproximadamente el 60% en las principales encuestas de opinión pública durante 2023, 2024 y 2025. Esta evaluación negativa se concentró en las áreas que posteriormente estructuraron la agenda electoral: deterioro de la seguridad ciudadana, aumento de la criminalidad organizada, percepción de descontrol migratorio y estancamiento económico.

Un factor adicional fue la percepción generalizada de que el gobierno había priorizado una agenda posmaterial e identitaria —centrada en temas de género, diversidad, pueblos originarios y medioambiente— por sobre los problemas materiales inmediatos que preocupaban a amplios sectores de la ciudadanía. Aunque estas políticas respondían a demandas de sectores específicos y a compromisos programáticos del gobierno, la percepción de desbalance entre agenda valórica y agenda de seguridad y economía puede haber contribuido significativamente al deterioro de su respaldo ciudadano. El voto retrospectivo —es decir, la evaluación del desempeño gubernamental en materias prioritarias para el electorado— operó como factor determinante en la configuración de las preferencias electorales.

El desafío de la continuidad gubernamental

La continuidad gubernamental representada por Jeannette Jara, exministra del gobierno de Boric y candidata que accedió a la segunda vuelta, amplificó los efectos del voto retrospectivo negativo. Su trayectoria como parte del gabinete saliente dificultó la diferenciación respecto de las políticas y resultados que el electorado evaluaba negativamente.

Durante la campaña, Jara intentó construir un perfil propio destacando sus logros específicos como ministra del Trabajo: la aprobación de la reforma previsional, la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas semanales y las alzas sucesivas del salario mínimo. Estas políticas, que abordaron temas de derechos laborales y redistribución, apuntaban a reposicionar la discusión hacia una agenda material que podría haberle permitido diferenciarse de la percepción posmaterialista del gobierno.

Sin embargo, este esfuerzo de reposicionamiento enfrentó dos obstáculos sustantivos. Por una parte, los logros en materia laboral y previsional no lograron compensar, en la percepción ciudadana, las falencias del gobierno en seguridad, orden público y crecimiento económico. Estos últimos temas estructuraban la agenda electoral de manera dominante. Por otra parte, Jara no consiguió construir credibilidad en estas áreas prioritarias: su discurso en seguridad fue percibido como genérico o tardío, y sus propuestas económicas no lograron transmitir confianza en sectores preocupados por el estancamiento productivo y la inversión. La incapacidad para ganar credibilidad en los issues dominantes limitó severamente su competitividad electoral.

Adicionalmente, su militancia en el Partido Comunista generó resistencias en sectores moderados del electorado. El Partido Comunista es una organización de orientación marxista-leninista con posiciones ortodoxas en el espectro de la izquierda chilena. Esta afiliación permitía a la candidatura de Kast apelar a una identidad negativa que facilitaba la consolidación del voto conservador y la disputa del voto centrista en segunda vuelta.

Este conjunto de factores —evaluación negativa del gobierno saliente, percepción de continuidad en la candidatura opositora a Kast y su identificación con una izquierda percibida como radical por amplios sectores— reforzó la lógica de alternancia pendular y limitó significativamente las posibilidades de que el oficialismo retuviera el poder ejecutivo.

Características del patrón de alternancia

El triunfo de Kast puede inscribirse en un patrón de alternancia pendular que no constituye una ley mecánica ni un resultado inevitable, pero que ha operado consistentemente en ausencia de vínculos representativos estables, mayorías duraderas o proyectos político-sociales con apoyos capaces de articular ciclos de gobierno sostenibles. La alternancia de estos 15 años no ha resuelto la crisis de representación; más bien la ha administrado electoralmente sin transformación sustantiva.

La fragmentación partidaria refuerza esta dinámica. La proliferación de partidos y listas electorales, combinada con bajos niveles de confianza e identificación partidaria, debilita los mecanismos de responsabilidad colectiva y dificulta la construcción de proyectos programáticos de mediano y largo plazo. En un sistema desinstitucionalizado, los partidos tienden a funcionar cada vez más como vehículos electorales contingentes o como plataformas de liderazgos personalistas, lo que amplifica la volatilidad y reduce la previsibilidad de los resultados.

Competencia issue-driven y simplificación política

A este cuadro estructural se suma un elemento decisivo para comprender el resultado electoral de 2025: el carácter marcadamente centrado en asuntos públicos puntuales de la campaña presidencial. A diferencia de ciclos anteriores, la competencia se organizó menos en torno a identidades partidarias consolidadas o a grandes proyectos programáticos de largo plazo, y más en torno a un conjunto acotado de temas de relevancia ciudadana. La seguridad pública, la criminalidad organizada, la política migratoria y la desaceleración del crecimiento económico estructuraron la agenda electoral y definieron las prioridades del debate público entre todas las candidaturas competitivas.

La fragmentación inicial y el balotaje

Con el 23,8% de los votos en primera vuelta, Kast accedió al balotaje en un escenario donde ninguna candidatura logró articular mayorías amplias. Este resultado inicial evidenció la fragmentación del campo electoral y reflejó la atomización del electorado y la multiplicidad de opciones disponibles.

Sin embargo, la segunda vuelta operó como mecanismo de agregación forzosa en un sistema profundamente fragmentado. Fue en este escenario binario donde el voto retrospectivo negativo hacia el gobierno de Boric adquirió su plena expresión electoral.

La ventaja posicional en temas de seguridad

Estos issues no solo concentraron la atención del electorado y de los medios de comunicación, sino que presentaron ventajas posicionales diferenciadas para las distintas candidaturas. Las propuestas asociadas al conservadurismo en materia de seguridad ofrecieron respuestas percibidas como claras y directas frente a problemas de alta preocupación ciudadana. El énfasis en el fortalecimiento de la autoridad estatal, el incremento de penas, la restricción de la inmigración irregular y la priorización del orden público resultaron atractivos en un contexto de incertidumbre, temor al deterioro del orden social y frustración económica. En estas circunstancias, la claridad posicional y la coherencia discursiva adquirieron mayor relevancia que la sofisticación programática o la presentación de propuestas de largo plazo.

La estrategia del "gobierno de emergencia"

La estrategia de campaña de Kast reforzó esta dinámica al estructurarse explícitamente como una propuesta de "gobierno de emergencia". Este encuadre diluyó deliberadamente el carácter ideológico de su candidatura y enfatizó, en cambio, la urgencia de las crisis percibidas y la necesidad de respuestas inmediatas y pragmáticas.

El concepto de emergencia operó como instrumento retórico que justificaba medidas excepcionales, priorizaba la acción sobre la deliberación y desplazaba el debate desde proyectos públicos de largo plazo hacia la gestión de problemas concretos de corto plazo. Esta narrativa resultó particularmente efectiva en un contexto de alta ansiedad social y desconfianza hacia propuestas programáticas complejas o de implementación gradual.

Simplificación cognitiva en un sistema fragmentado

El carácter issue-driven de la campaña operó, además, como un mecanismo de simplificación político-cognitiva en un sistema político altamente fragmentado. Frente a una oferta electoral sobredimensionada y menos estructurada en términos ideológicos tradicionales, la competencia se redujo a la capacidad de los candidatos para apropiarse de los temas dominantes y ofrecer respuestas percibidas como creíbles, consistentes y ejecutables. Esto fue especialmente relevante para millones de nuevos votantes que concurrieron a la primera elección presidencial en décadas donde votar era obligatorio.

En este marco, la articulación de un discurso coherente en torno a seguridad ciudadana, control migratorio, restauración del orden institucional y reactivación económica mediante políticas favorables a la inversión, combinada con el encuadre de "gobierno de emergencia", permitió a Kast consolidar una ventaja comparativa. Sus adversarios enfrentaron mayores dificultades para construir posiciones igualmente claras en estas materias, ya sea por tensiones programáticas internas, ambigüedades estratégicas o por la necesidad de equilibrar demandas de coaliciones heterogéneas.

El clivaje establishment/anti- establishment

El patrón de competencia descrito se vio reforzado por la creciente centralidad del clivaje establishment/anti- establishment, que se superpone transversalmente al eje izquierda/derecha sin reemplazarlo sustancialmente hasta ahora. En un escenario de desconfianza generalizada hacia las élites políticas tradicionales y de fatiga respecto del ciclo previo, diversas candidaturas buscaron posicionarse como alternativas al sistema político percibido como ineficaz, fragmentado y autorreferencial.

La potencia de este clivaje emergente quedó de manifiesto en la primera vuelta electoral. Las candidaturas más acentuadamente anti-establishment —Franco Parisi y Johannes Kaiser, ambos sin respaldo de partidos tradicionales y con discursos críticos del sistema político vigente— superaron en conjunto el 33% de los votos válidos. Si bien ninguno de estos candidatos accedió a la segunda vuelta, su desempeño evidenció la profundidad del malestar con la política tradicional y la disponibilidad de segmentos significativos del electorado para opciones percibidas como disruptivas o externas al establishment. Está por verse que ocurrirá con el PDG y el PNL, ambos favorecidos con el carácter concurrente de las elecciones , lo que les permitio - por segunda vez en el caso del PDG- obtener votaciones y escaños significativos en la elección parlamentaria.

Este fenómeno condicionó las estrategias de campaña en segunda vuelta. La candidatura de Kast logró posicionarse simultáneamente como una opción de orden y estabilidad institucional y, al mismo tiempo, como una alternativa relativamente externa al establishment político que había gobernado durante gran parte de las últimas tres décadas. Esta doble articulación le permitió capturar tanto votantes conservadores tradicionales como segmentos del electorado anti-establishment que priorizaban el recambio político por sobre consideraciones ideológicas específicas.

Participación, desafección y representación

Los datos de participación electoral refuerzan este diagnóstico. Aunque el voto obligatorio incrementó la concurrencia a las urnas, la persistencia de porcentajes significativos de votos nulos y blancos indica que la ampliación de la participación no se traduce automáticamente en reconexión sustantiva entre ciudadanía y oferta política. Esto fue especialmente notorio en elecciones municipales, regionales (2024) y parlamentarias (2025).

En la segunda vuelta presidencial, el 7% de votos nulos y blancos representa, en términos absolutos, aproximadamente un millón de electores que, aun estando obligados a sufragar, optaron por no expresar preferencia entre las dos opciones disponibles. Esta cifra, sumada a la leve abstención residual y a los votantes que reiteradamente sufragan "por descarte" o "por el mal menor", reduce la base efectiva de apoyo positivo con la que el gobierno electo inicia su mandato. Obviamente, ello no afecta ni la contundencia de su triunfo ni la legitimidad política de su mandato.

Este conjunto de fenómenos plantea desafíos concretos a la eficacia gubernativa. La fragmentación obliga a la construcción de coaliciones legislativas amplias para aprobar la agenda comprometida. Sin embargo, la polarización, la debilidad de las identidades partidarias y la volatilidad del electorado reducen los incentivos para acuerdos de largo plazo entre fuerzas políticas. El riesgo de que las dificultades de gobierno alimenten nuevamente el ciclo de alternancia pendular permanece latente.

Responsabilidades políticas y perspectivas

Reconocer estos factores estructurales y contextuales es analíticamente necesario, pero no equivale a naturalizar el resultado electoral ni a eximir de responsabilidad política a los actores involucrados. El triunfo de Kast no puede ser explicado únicamente por la desinstitucionalización del sistema de partidos, por la ventaja temática en una agenda conservadora de seguridad, por el voto retrospectivo negativo hacia el gobierno de Boric o por dinámicas globales inevitables. Del mismo modo, la derrota de Jara y de las fuerzas que la respaldaron no puede atribuirse exclusivamente a condiciones externas fuera de su control, a presuntas tendencias globales o a la herencia del gobierno saliente.

Responsabilidades de los ganadores

Los ganadores enfrentan la obligación de realizar un análisis riguroso de las bases de su victoria, reconociendo tanto sus fortalezas estratégicas como las limitaciones de una campaña altamente issue-driven estructurada como "gobierno de emergencia". La apropiación exitosa de temas dominantes en contexto electoral no garantiza capacidad efectiva de gobierno, construcción de mayorías legislativas estables ni mantenimiento de niveles de aprobación ciudadana en un escenario de altas expectativas, apoyo frágil y volatilidad persistente.

Más aún, el encuadre de emergencia que resultó efectivo en campaña puede generar tensiones en la fase de gobierno: las expectativas de resultados inmediatos chocan con la complejidad de los problemas, y la dilución programática dificulta la construcción de consensos legislativos duraderos. La pregunta central es si la coalición gobernante podrá traducir su ventaja electoral en resultados concretos en los temas que estructuraron su victoria: reducción de la criminalidad, control migratorio efectivo y crecimiento económico sostenido.

Responsabilidades de los perdedores

Los perdedores, por su parte, enfrentan la necesidad de una autocrítica sustantiva. Esta debe incluir una evaluación rigurosa de su lectura del clima social, de su manejo de los temas de alta preocupación ciudadana y de su capacidad para articular respuestas convincentes y ejecutables a las preocupaciones centrales del electorado. La incapacidad para construir posiciones claras y creíbles en seguridad, migración y economía no puede justificarse únicamente por desventajas estructurales o por sesgos mediáticos. Requiere examinar las tensiones programáticas internas, las ambigüedades estratégicas y las incapacidades reflexivas y de coordinación que debilitaron su competitividad electoral.

Específicamente, el gobierno de Boric y las fuerzas políticas que lo respaldaron deben analizar críticamente por qué sus políticas en seguridad, migración y gestión económica fueron evaluadas tan negativamente por el electorado, más allá de factores de comunicación o "narrativa" política. La percepción de que el gobierno priorizó una agenda posmaterial por sobre las preocupaciones materiales inmediatas de seguridad y economía requiere una discusión profunda sobre las decisiones de énfasis gubernamental y sobre la capacidad de leer adecuadamente las prioridades en la sociedad chilena contemporánea.

Asimismo, la candidatura de Jara enfrenta el desafío de reflexionar sobre las limitaciones de presentarse como continuidad de un gobierno mal evaluado, sobre la dificultad de construir una propuesta diferenciada en ese contexto, y sobre los costos electorales de militancias partidarias que, aunque legítimas, generan resistencias en amplios sectores del electorado en un sistema político polarizado. Su estrategia de destacar logros en materia laboral y previsional, aunque importante en términos de política pública, resultó insuficiente frente a un electorado que priorizaba otros temas y que no le reconocía credibilidad en las áreas dominantes de la agenda electoral. Esta desconexión entre los logros que la candidata consideraba relevantes y los temas que el electorado priorizaba constituye, en sí misma, otro indicador de la crisis de representación que atraviesa el sistema político chileno.

El desafío sistémico

Más allá de ganadores y perdedores, el sistema político en su conjunto enfrenta un desafío mayor: cómo romper el patrón de alternancia pendular y construir las condiciones para una intermediación efectiva, una gobernabilidad sostenible y un fortalecimiento partidario duradero. Esto implica reconstruir vínculos representativos entre partidos y ciudadanía, reducir los niveles de fragmentación mediante incentivos institucionales y coordinar agendas programáticas que trasciendan los ciclos electorales inmediatos.

Conclusión

El triunfo presidencial de José Antonio Kast en 2025 confirma que el patrón de alternancia pendular, iniciado en 2010, continúa operando en el sistema político chileno. Sin embargo, este resultado también evidencia que dicha alternancia se ve hoy mediada por clivajes emergentes (establishment/anti- establishment), por niveles altos de fragmentación y volatilidad, y por campañas crecientemente estructuradas en torno a issues de alta relevancia pública que desplazan parcialmente la competencia ideológica tradicional.

Lejos de cerrar el ciclo de inestabilidad electoral abierto hace 15 años, este resultado vuelve a plantear la pregunta fundamental: ¿bajo qué condiciones el sistema político chileno podrá transformar la competencia temática y la alternancia electoral en representación efectiva, gobernabilidad sostenible y fortaleza institucional democrática? La respuesta dependerá tanto de las decisiones estratégicas de los actores políticos como de cambios institucionales que incentiven la agregación de preferencias, la construcción de mayorías programáticas y la reconstrucción de vínculos sólidos entre partidos y ciudadanía, que permitan superar una prolongada crisis de representación.