Antes que un privilegio de la banca, el anatocismo es una de las instituciones que ha permitido el desarrollo del crédito moderno. Su sola mención suele despertar rechazo, porque se lo identifica con la idea de “cobrar intereses sobre intereses”. Sin embargo, esa percepción omite una realidad esencial: el anatocismo no solo beneficia a los acreedores. También protege a los ahorrantes, facilita el acceso al crédito y, bien regulado, puede favorecer incluso a los propios deudores.

La economía moderna se construye sobre una premisa simple: el dinero tiene un costo en el tiempo. Quien presta renuncia temporalmente al uso de sus recursos y asume el riesgo de no recuperarlos. La capitalización de intereses no es otra cosa que el reconocimiento jurídico y económico de ese costo. Negarlo sería tanto como pretender que el paso del tiempo no tiene valor.

Pero el verdadero error consiste en creer que los acreedores son únicamente los bancos. Los bancos administran recursos que pertenecen, en gran medida, a millones de personas. Los depósitos a plazo, los fondos mutuos, las compañías de seguros y, especialmente en Chile, los fondos previsionales, representan el ahorro de los trabajadores. Cuando esos recursos financian créditos, el rendimiento que generan retorna, directa o indirectamente, a quienes ahorraron durante años.

En otras palabras, cuando se limita arbitrariamente el anatocismo, no solo se afecta la rentabilidad de las instituciones financieras. También disminuye el rendimiento de los ahorros de millones de trabajadores que esperan una mejor pensión, de quienes mantienen depósitos bancarios o invierten para financiar la educación de sus hijos o complementar su jubilación.

Existe una paradoja que rara vez se menciona en este debate. Muchas de las personas que hoy critican el anatocismo celebran, al mismo tiempo, el interés compuesto cuando observan crecer sus ahorros previsionales o sus inversiones. Y tienen razón en hacerlo. El interés compuesto constituye precisamente el principal motor del crecimiento del ahorro de largo plazo. Lo que resulta incoherente es considerar virtuoso ese mecanismo cuando beneficia al inversionista y condenarlo cuando opera en el mercado del crédito.

Desde la perspectiva del deudor, las ventajas también son evidentes cuando el sistema funciona adecuadamente. La posibilidad de capitalizar intereses permite ofrecer créditos a plazos más extensos, disminuye las cuotas mensuales y facilita las renegociaciones cuando aparecen dificultades de pago. Un banco que puede consolidar intereses vencidos en un nuevo capital tiene mayor margen para refinanciar una deuda que aquel obligado a exigir inmediatamente su pago íntegro.

Además, la existencia del anatocismo reduce el riesgo para quien presta. Menor riesgo significa menores tasas de interés para todos los clientes. Si el ordenamiento jurídico prohíbe o restringe excesivamente la capitalización de intereses, las instituciones financieras simplemente incorporarán ese mayor riesgo elevando las tasas iniciales. El resultado será que incluso los deudores más cumplidores terminarán pagando créditos más caros.

También existe un efecto distributivo poco advertido. Cuando el riesgo de incumplimiento no puede gestionarse adecuadamente mediante instrumentos financieros, quienes terminan subsidiando ese riesgo son los buenos pagadores. El crédito se encarece para todos porque el sistema pierde herramientas para administrar la mora.

Naturalmente, nada de esto significa que el anatocismo deba aplicarse sin límites. Como cualquier institución jurídica, requiere reglas claras que eviten abusos, especialmente en relaciones donde existe una evidente asimetría entre las partes. La transparencia, el consentimiento informado, los límites a la usura y la supervisión regulatoria constituyen elementos indispensables para impedir que una herramienta útil se transforme en un mecanismo de sobreendeudamiento.

Pero regular no es prohibir. Una regulación inteligente distingue entre el abuso y el funcionamiento normal del mercado. Entiende que proteger al consumidor no consiste en eliminar instituciones económicas eficientes, sino en asegurar que operen con información suficiente, equilibrio contractual y mecanismos efectivos de control.

En tiempos donde Chile necesita más inversión, mayor acceso al crédito y mejores pensiones, conviene recordar que detrás de cada préstamo no solo existe un banco. También están los ahorros de millones de trabajadores que esperan una rentabilidad razonable para financiar su futuro. Debilitar las herramientas que permiten valorar adecuadamente el dinero en el tiempo no perjudica únicamente a quienes prestan; termina afectando a quienes ahorran, invierten y, finalmente, a quienes mañana volverán a necesitar crédito.

Todo esto lo sabe bien el líder del PDG, Franco Parisi, resultando sorprendente su ausencia en la orientación económica a sus diputados quienes aprobaron, también, la iniciativa. La verdad cuesta creer que no le escuchan ni conversan. 

El anatocismo no es el enemigo del deudor. Bien regulado, constituye una pieza esencial del equilibrio entre quienes necesitan financiamiento y quienes, con el fruto de su trabajo, aportan los recursos que hacen posible ese crédito. Una economía que pretende proteger al deudor destruyendo los incentivos al ahorro y al financiamiento termina perjudicando exactamente a las mismas personas que dice defender: los trabajadores, que son simultáneamente deudores, ahorrantes e inversionistas de su propio futuro.