El caso del niño de 14 años que enmascarado ingresó a su colegio en Puerto Montt y baleó a un compañero de curso puso de nuevo en el tapete el tema de la presencia de armas en los colegios.

De acuerdo a las cifras de la Superintendencia de Educación, entidad encargada de la fiscalización de los establecimientos educacionales, en 2018 se registraron 146 denuncias de este tipo, subiendo 57 por ciento respecto al año anterior, cuando hubo 93 casos.

En tanto, en 2016 también hubo 93 denuncias, mientras que en 2015 se registraron 58 acusaciones, según publica La Tercera.

El superintendente Sebastián Izquierdo explicó que su institución "dictó el año pasado la Circular de Reglamento Interno, donde se exigen protocolos de actuación en temas de maltrato, agresiones sexuales y violencia entre los miembros de la comunidad educativa".

"Nuestro deber es fiscalizar que estos protocolos existan y se apliquen, y de esta manera aportar a la buena convivencia escolar, además de velar porque los hechos que puedan constituir delitos sean informados al Ministerio Público", añadió.

A su vez, expertos coincidieron en que los colegios deben abordar la presencia de armas de forma preventiva.

"Las comunidades deben ajustar sus planes de convivencia y enfrentar este tema desde una perspectiva formativa, con diálogo", dijo Gonzalo Muñoz, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales.

No obstante, para casos como los de Puerto Montt, donde la violencia es extrema, Muñoz planteó que "son otros los mecanismos que se deben usar, no es responsabilidad del sistema escolar, sino que hay que enfrentarlo desde una perspectiva policial y de acuerdo a la ley. La peor solución es transformar a las escuelas en espacios policiales y darles a los docentes y asistentes de la educación una responsabilidad que no les corresponde", como la revisión de mochilas y bolsos.

Mientras que para la experta en seguridad y académica de la Universidad de Santiago, Lucía Dammert, "los problemas de convivencia en el ámbito escolar nos preocupan desde hace al menos una década y la violencia es uno de los ángulos del fenómeno".

"Las limitadas intervenciones y capacidades institucionales para solucionar el problema, así como la precarización de la vida barrial, trae de la mano más complejidad en esto", dijo la especialista.

Además, plantea que "los datos de denuncias son un indicador de este proceso, pero se requieren miradas más complejas para enfrentar el problema de raíz. Eso solo se logra cuando se involucra a toda la comunidad educativa".