Tras conocerse los 56 decretos de rebajas de condena que beneficiaron a agresores sexuales a menores y a condenados por delitos de lesa humanidad, el subsecretario de Justicia, Luis Silva, se refirió por primera vez públicamente a la controversia. 

A través de su cuenta de Instagram, Luis Silva, un abogado de la UC, admirador de Pinochet, vice presidente del partido Republicano y católico practicante y miembro numerario del Opus Dei, reconoció la indignación ciudadana por las rebajas de condenas que se conocieron en los últimos días. 

La declaración de Silva se da en medio de fuertes cuestionamientos hacia su gestión, tras revelarse un oficio donde pidió a la presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago rebajar la condena al exagente de la CNI Patricio González Cortez, sentenciado a diez años por la desaparición de cinco miembros del FPMR en 1987. El requerimiento se tramitó pese a que la Corte Suprema ya había rechazado previamente otorgarle el beneficio.

"Sé que hay mucha indignación por las rebajas de condenas conocidas estos días y entiendo el por qué. Se tratan de crímenes horribles, que involucran no solo a las víctimas, sino a sus familias. Y con razón hay miedo, angustia y rabia. Yo aparezco firmando algunos de esos decretos y quiero explicar por qué", partió señalando la autoridad.

En esa línea, Silva descartó una voluntad personal detrás de las firmas y apuntó a la estructura institucional del beneficio: "Aclarar que ni el ministro ni yo buscábamos que ninguno de esos criminales salieran de la cárcel ni un solo día antes del cumplimiento de su condena. Sin embargo, otorgar la rebaja no es una decisión personal, ni del ministro ni mía. Existe un procedimiento en el que intervienen cuatro organismos diferentes: Gendarmería de Chile, una comisión integrada por profesionales y jueces presidida por un ministro de la Corte de Apelaciones, la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y el propio ministerio".

Al profundizar en las razones jurídicas que derivaron en la promulgación de los decretos, Silva sostuvo que la cartera se vio obligada a modificar su postura inicial tras una serie de resoluciones del máximo tribunal.
"Cuando llegamos a este ministerio, rechazamos las rebajas de condenas. Yo mismo firmé varias. Sin embargo, al cabo de poco tiempo, desde la Corte Suprema llegaron sentencias que nos obligaban a revertir la decisión. En algunos casos, y como lo señaló el ministro de Justicia ante la Cámara de Diputados, el fundamento de la obligación desde la Corte Suprema, era que en el ministerio estábamos privando ilegalmente a una persona de su libertad. Y las decisiones de los tribunales de justicia se cumplen", argumentó.

"Esto que les cuento no comenzó ahora, ya durante el gobierno de Gabriel Boric cuando los ministros rechazaban las rebajas de condenas, eran obligados por los tribunales de justicia a revertir esa decisión, y es lo que los ministros hacían firmando los decretos de rebajas de condena. Desde el punto de vista de la víctima, sin embargo, el resultado es exactamente el mismo. Y no había garantías ni de que eran informadas ni escuchadas. En esto el Estado falló.", agregó el abogado Opus Dei.

Respecto a su rol específico en los documentos revelados, puntualizó: "El ministro de Justicia decidió ajustar el criterio jurídico con el que en adelante se resolverían las rebajas de condena. ¿Y por qué aparece mi firma? A quien le corresponde firmar es al ministro de Justicia, pero cuando el ministro no está, lo subrroga el subsecretario. Y cuando el subsecretario subrrogando al ministro de Justicia firma, lo hace aplicando el criterio fijado por el propio ministro y eso fue lo que hice".

En el cierre de su declaración, el subsecretario detalló los pasos que adoptará el Ejecutivo frente a la crisis:
"¿Qué estamos haciendo por las víctimas? En primer lugar, hemos suspendido la tramitación de todas las solicitudes de rebajas de condena que han llegado a este ministerio. En segundo lugar, estamos estudiando si es posible y cómo revertir los efectos de las rebajas concedidas. En tercer lugar, estamos impulsando en el Congreso una reforma legal que impida que nunca más vuelva a ocurrir algo asi. Por supuesto que esto contempla el derecho de la víctima y de su familia a ser informada y escuchada. Esto es lo que se está tramitando en el Congreso", indicó.